El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha reunido este jueves en sesión extraordinaria para decidir sobre el anuncio de convocatoria de huelga en las Carreras Judicial y Fiscal para los próximos días 1, 2 y 3 de julio remitido por varias asociaciones judiciales y fiscales.
Entre los seis puntos que se han aprobado, el primero se ha hecho por unanimidad y han acordado que “como ya sostuvo el Pleno en su acuerdo de 9 de febrero de 2009 y la Comisión Permanente en sus acuerdos de 8 de noviembre de 2012 y 13 de febrero de 2013, el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos”.
De producirse el paro, se convertiría en el sexto ocurrido en democracia en España después de los de 2009, 2012, 2013, 2018 y 2019. El CGPJ ha aprobado también, esta vez por mayoría, que esta acción “en ningún caso debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial”.
La huelga convocada por jueces
La huelga fue convocada por las principales asociaciones, quitando a las progresistas: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-.
El objetivo es protestar contra la nueva reforma que se va a llevar a cabo en la carrera judicial y fiscal. “Esta decisión se adopta dejando un plazo razonable previo que permita a las Cortes Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su retirada. De no producirse dicha rectificación, la huelga se llevará a cabo como una medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho, así como de las condiciones profesionales de jueces y fiscales”, explicaron las asociaciones convocantes.
En el escrito relataban que tras esos días realizarán una revisión conjunta, atendiendo a la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, en la que se valorará, de forma coordinada, la continuación de la huelga.
“Esta evaluación se llevará a cabo atendiendo al respaldo de las respectivas bases, y con el objetivo de garantizar una respuesta unitaria, proporcionada y sostenida en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho”, añaden.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha mostrado su rechazo a esta convocatoria y en su momento indicaron que ante la huelga se presenta “un gran dilema: reformas o inmovilismo”. “La mayoría parlamentaria y la mayoría de la sociedad está con las reformas, que seguirán su tramitación en las Cortes. No obstante, respetamos la convocatoria que se ha producido”, añadieron.
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