Cuatro detenidos por explotar a migrantes sin papeles: las esclavizaban, las humillaban y las metían en pisos ilegales

El caso salió a la luz tras la denuncia de una mujer que trabajaba como niñera y vivía explotada, sin papeles y sin derechos

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Un oficial de policía francés
Un oficial de policía francés de espaldas, en Burdeos, Francia (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS)

Cuatro personas —dos hombres y dos mujeres de entre 35 y 61 años— están siendo investigadas por esclavitud moderna, trabajo no declarado y alojamiento de personas vulnerables en condiciones indignas. Según ha informado Le Parisien, los sospechosos fueron detenidos e interrogados el 23 de junio en las dependencias de la Oficina de lucha contra el tráfico ilícito de migrantes (Oltim), en Cergy, Francia.

Las acusaciones incluyen el empleo de extranjeros sin permiso de residencia y la explotación económica mediante alquileres no declarados. El caso será llevado ante el tribunal de Pontoise el próximo 3 de julio, donde se validarán también las incautaciones realizadas, que ascienden a 800.000 euros.

La denuncia de una niñera sin papeles

La investigación comenzó en octubre de 2024, cuando una mujer de origen mauriciano, en situación irregular en Francia, acudió a una comisaría para denunciar que estaba siendo explotada laboralmente. Según su testimonio, había llegado al país en 2023 para trabajar como niñera en casa de una familia de compatriotas. Sin embargo, nunca fue dada de alta ni registrada como empleada.

“Ella dice que es humillada regularmente por sus patrones, que la explotan y la alojan en condiciones precarias”, explicó una fuente cercana al caso. Ante la gravedad del testimonio, se abrió una investigación conjunta entre la policía de Cergy, la policía de fronteras, la brigada financiera de la Policía Judicial y la inspección de trabajo.

Las pesquisas revelaron que no se trataba de un caso aislado. “Otras personas en situación irregular, de nacionalidad mauriciana e india, estarían siendo alojadas y empleadas por dos familias, y los beneficios obtenidos de esta actividad se habrían invertido en bienes inmobiliarios en la isla Mauricio”, añadió la misma fuente.

Un coche de la Policía
Un coche de la Policía Nacional francesa (Flickr)

El 10 de febrero, se realizaron registros en viviendas de Pontoise y Cormeilles-en-Parisis, donde fueron detenidas tres personas. La policía halló cerca de 9.000 euros en efectivo y varios contratos de trabajo. Al día siguiente, un cuarto sospechoso se presentó voluntariamente ante la policía y confesó su implicación. Su esposa también admitió haber participado, aunque alegó que solo quería “ayudar a sus compatriotas”. Los cuatro quedaron en libertad provisional mientras continuaban las diligencias.

Alquileres ilegales durante una década

El pasado 23 de junio, las autoridades volvieron a interrogar a los sospechosos, que quedaron de nuevo bajo custodia. Según la investigación, una de las familias, residente en Cormeilles-en-Parisis, habría estado alquilando durante diez años el bajo y una dependencia habilitada como estudio de su vivienda a ciudadanos en situación irregular.

“Han alojado a numerosos indios y mauricianos sin papeles. Algunos firmaron contratos de alquiler y otros no”, detalló una fuente. Gracias a la dirección del domicilio, muchos de estos inquilinos habrían podido obtener una domiciliación administrativa, paso clave para la regularización de su situación.

Los alquileres, sin embargo, nunca fueron declarados a Hacienda. “Ese dinero, recibido durante una década, fue utilizado para pagar su hipoteca y saldar deudas”, señalaron los investigadores. Durante los interrogatorios, los implicados minimizaron los beneficios obtenidos, asegurando que solo habían alojado a cinco personas.

En cuanto al otro matrimonio, residente en Pontoise y acusado de explotar a la niñera mauriciana, negaron todas las acusaciones en su segunda declaración.

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Por el momento, el cuarteto ha sido puesto en libertad, a la espera de que la fiscalía de Pontoise determine los próximos pasos del proceso. Los dos inmuebles implicados, así como sus cuentas bancarias, han sido embargados de forma provisional por orden judicial.