A. Castelo: “La injerencia del Gobierno en la opa de BBVA es inaceptable, su única justificación es mantener el apoyo de sus socios catalanes”

La decisión del Consejo de Ministros de autorizar la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica independiente, un plazo que se podría ampliar dos años más, ha tenido partidarios, como sindicatos, trabajadores y el propio Sabadell, y detractores, con los directivos del banco vasco a la cabeza, a los que se han sumado organismos, entre ellos la Comisión Europea, y analistas de mercados como Antonio Castelo, especialista en Mercados de Renta Variable en iBroker Global Markets y profesor durante 17 años en el Máster en Mercados Financieros de la Escuela de Negocios San Pablo CEU, que en esta entrevista expone los motivos por los que considera que la intervención del Ejecutivo en la opa ha sido una “injerencia inaceptable”.

Pregunta: ¿Cómo valora la decisión del Gobierno de autorizar la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica independiente y que este plazo pueda ampliarse otros dos años?

Respuesta: Se trata de una injerencia inaceptable en una operación entre dos entidades privadas y cuya única justificación es, se disfrace como se quiera disfrazar, mantener el apoyo político de sus socios de investidura catalanes. Personalmente, las condiciones de la opa lanzada por BBVA nunca me parecieron atractivas para los accionistas de Sabadell, pero desde el primer momento he mantenido la idea de que fueran precisamente los accionistas del banco catalán los que decidieran si la oferta les parecía atractiva o no.

P.: ¿La decisión del Gobierno era la que se preveía desde que BBVA lanzó la opa sobre Sabadell?

R.: Desde que BBVA anunció la operación, el 9 de mayo de 2024, el Gobierno ha manifestado su deseo de que la operación no saliera adelante. Se han buscado justificaciones diversas a su negativa como que aumentaría la concentración del sector bancario y que produciría un impacto negativo en la prestación de servicios bancarios y en el empleo… Ha intentado alargar todos los procesos buscando el desestimiento de BBVA.

P.: Aún así, la oferta contó con la aprobación de los organismos implicados en el proceso

R.: Sí. El Gobierno ha tomado la decisión a pesar del visto bueno del Banco Central Europeo (BCE), de la Comisión Europea, que expresó su preocupación sobre posibles violaciones de los tratados de la UE argumentando que la intervención estatal podría distorsionar el mercado interno, y del fallo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el pasado 30 de abril, después de que BBVA aceptara unas condiciones leoninas impuestas. A pesar de todo ello, el Ministerio de Economía optó por elevar la opa al Consejo de Ministros, incluso después de someter la operación a un período de ‘consulta popular’ en la que pudo participar quién quiso, independientemente de que tuviera relación o no con la operación. La decisión de permitir la opa era incuestionable dada la normativa, también la de no modificar las condiciones impuestas por Competencia, pero la condición de prohibir la fusión de las dos entidades durante los próximos tres años, en caso de que los accionistas de Sabadell aprueben la operación, y con la probabilidad de una revisión posterior a dos años más, es un sinsentido para ambas entidades. ¿Qué sentido tiene lanzar una opa sin generar las sinergias de una fusión?

P.: ¿Cómo afectará la decisión del Consejo de Ministros a los dos bancos?

R.: Creo que les perjudica a los dos. Para BBVA, la gestión de dos entidades separadas durante tres años podría ser costosa y compleja, reduciendo obviamente los beneficios esperados de la adquisición. Para Banco Sabadell, aunque se preserva su identidad temporalmente, estará bajo el control de BBVA, lo que podría influir en su dirección estratégica. Esta situación, evidentemente, genera una incertidumbre muy elevada para los inversores de ambos bancos. Además, las tensiones con la UE podrían derivar en disputas legales, afectando la estabilidad regulatoria del sector. Sinceramente, creo que es perjudicial para ambas entidades y sobre todo para la credibilidad del mercado financiero español.

P.: ¿Qué repercusiones tendrá la medida sobre los trabajadores de ambos bancos y sus clientes?

R.: Los clientes y trabajadores pueden estar tranquilos por el momento, dadas las condiciones fijadas por la CNMC y aprobadas ahora por el Gobierno. En términos de competencia, la separación temporal podría preservar la diversidad en el sector bancario, beneficiando a consumidores y pequeñas y medianas empresas al mantener opciones de crédito y servicios. La prohibición de despidos es un beneficio claro para los trabajadores, alineándose con las preocupaciones expresadas por el Gobierno y socios como Sumar, que habían destacado el impacto negativo en el empleo.

P.: ¿Cree que con estas condiciones BBVA seguirá adelante con la opa?

R.: No lo sé… Desde luego, con las condiciones impuestas, creo que no debería de seguir adelante y, además, en BBVA tendrían que valorar seriamente acudir a los Tribunales, tanto en España como en Europa.