15 años de recorte en las pagas extra: enfermeras y fisioterapeutas protestan por la pérdida de 11.000 euros de sueldo desde 2010

Un mes de junio de hace ya 15 años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba el recorte de las pagas extra del sector público. Se trataba de una medida extraordinaria, un intento de hacer frente a la crisis que atravesaba el país y que debía terminar cuando la economía recuperase su fuerza. Médicos y enfermeras perdieron más del 20% de su salario, en pos de controlar un gasto público entonces inasumible. Hoy, los sanitarios acumulan pérdidas de cerca de 11.000 euros, sin previsiones de que la medida de Zapatero vaya a revertirse.

“Mientras se rescatan bancos, se pagan sobresueldos, se despilfarra el dinero público y se multiplican los asesores, nos piden que trabajemos por dos, a todas horas y todos los días del año y con medios insuficientes, que cubramos las bajas sin previo aviso, y que no podamos conciliar nuestra vida laboral y personal… A cambio, este mes de junio comprobamos, una vez más, cómo los ‘comepagas’ vuelven a despedazar nuestro reconocimiento retributivo”, ha criticado SATSE, sindicato de enfermería y fisioterapia. La organización ha convocado este jueves concentraciones en centros sanitarios de todo el país para exigir que se acabe con el recorte de sus pagas extraordinarias.

Enfermeras y fisioterapeutas pierden, de media unos 700 euros al año en sus dos pagas extraordinarias, calcula el sindicato. Cada junio y cada diciembre, estos sanitarios cobran entre 321 y 366 euros menos, dependiendo de la antigüedad, un recorte del 27% respecto a lo que deberían percibir. “Los profesionales perdemos dinero todos los meses mientras que el coste de la vida no ha parado de crecer en los últimos años. Todo es más caro, la electricidad, el gas, la vivienda, cualquier producto de consumo…”, denuncia SATSE, una pérdida de poder adquisitivo que cifra en un 20%.

En 2014, primer año en que se registró un crecimiento económico significativo, España declaró oficialmente el fin de la crisis económica. Desde entonces, pese a que el Ejecutivo defienda que la economía va “como un cohete”, ni PP ni PSOE se han atrevido a terminar con el Decreto Ley 8/2008 de control de gasto público. “Han pasado 15 años desde que José Luís Rodríguez Zapatero aprobara este recorte, pero ninguno de los ejecutivos posteriores, ni el de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sanchez, han hecho absolutamente nada por revertirlo. Ni ellos ni los grupos parlamentarios que han seguido apoyando este recorte en las sucesivas leyes de Presupuestos”, afirman desde SATSE.

Con este recorte, asegura el sindicato, se vulnera el Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud, así como el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), pues ambas normas establecen “que el sueldo base y trienios de las pagas extras deben tener un importe igual al de una paga mensual”.

En mayo de 2023, CSIF impulsó una ILP en el Congreso de los Diputados para restablecer la estructura retributiva anterior a los ajustes dictados por el Real Decreto-ley 8/2010. La propuesta buscaba anular el artículo 1 de este decreto para permitir nuevamente el cobro íntegro de las pagas extraordinarias por parte de todo el colectivo de empleados públicos, según detalló el sindicato.

La Mesa del Congreso, con mayoría de miembros del Grupo Socialista y de Unidas Podemos, rechazó procesar la iniciativa al considerar que podía interferir en cuestiones presupuestarias. Frente a esa postura, CSIF argumentó que la legislación española no contempla la afectación presupuestaria como un motivo lícito para impedir la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular, y defendió que la decisión restringía el derecho fundamental a la participación ciudadana.

Ante este escenario, CSIF presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El órgano jurisdiccional ha aceptado analizar el caso al valorar que entraña una relevancia constitucional especial, ya que el resultado podría tener repercusiones sociales y políticas de alcance general. Para el sindicato, es “un paso determinante para que la iniciativa pueda finalmente ser debatida en el Parlamento y se aborde la restitución de los derechos salariales perdidos desde 2010, una demanda compartida por más de 2 millones de empleados públicos”.