España deniega más de la mitad de las solicitudes de eutanasia

Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Eutanasia, continúan las trabas para los pacientes que desean obtener la muerte digna, según la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD). Desde que la normativa entrase en vigor en junio de 2021, se han registrado un total de 2.475 solicitudes y 1.034 prestaciones, un 42% del total, que llegan en su mayoría con retraso.

Las peticiones han ido incrementándose con los años, pasando de 173 en 2021 a 960 en 2024 (un 25% más), pero la administración deniega una de cada cuatro solicitudes de prestación de eutanasia, mientras que un 25% de los pacientes muere durante la tramitación. “La resolución debería llegar en unos 30 días desde la primera solicitud al médico responsable, aunque la media actual es de 49 días (siete semanas), un plazo inasumible para personas en una situación terminal”, denuncia DMD en un comunicado.

“La eutanasia se abre camino en España, pero muy lentamente y con muchas desigualdades entre territorios”, ha apuntado el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, este miércoles en la rueda de prensa celebrada en el Col·legi de Periodistes de Catalunya para evaluar el desarrollo de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia (LORE). Con los datos existentes, “no es correcto afirmar que la prestación funciona de manera adecuada en todo el país, como sostiene el Ministerio de Sanidad”, resume Marín.

Estos retrasos aparecen tanto por la falta de formación de los profesionales sanitarios como por sus convicciones morales, que entorpecen el proceso. “Existen muchos casos de violencia institucional que no trascienden a los medios, pero la sufrimos los familiares más directos”, ha afirmado Lucas Barrero, hijo de María Dolores Barrero, que recibió el pasado mes de febrero la eutanasia.

A su madre le diagnosticaron atrofia multisistémica el mismo año que comenzó la tramitación de la ley de eutanasia, un tipo de parkinsonismo atípico sin cura que le causó un sufrimiento constante. Los dolores se hicieron cada vez más fuertes y la mujer vivía con morfina diaria, hasta que dejó de responder a los tratamientos. “El padecimiento se hizo tal que solicitó la eutanasia”, ha expresado el joven ante los medios.

María Dolores registró la primera solicitud de muerte digna el 4 de diciembre. A los 15 días debía volver a reafirmar su decisión, pero el médico les mandó para casa, pues no tenía tiempo para atenderles. Hasta el 26 de diciembre no tuvo libre la agenda y, aun entonces, el centro de salud carecía de asesoramiento para guiar al profesional y a la familia en el proceso. Con un poco de “enchufe”, dice, consiguieron el contacto de la persona referente en su hospital de referencia, que comenzó a asesorar al médico en enero pese a estar “en contra de la eutanasia”, según el joven. “Nos dijo ‘esto va contra la ley de la vida, es contra natura’”, ha recordado.

“Me he pasado los últimos meses de la vida de mi madre peleando por su muerte digna y no despidiéndome tranquilamente de ella”, ha lamentado Barrero. Tras una dura batalla, la Comisión de Garantías emitió su valoración favorable el 15 de febrero. “Mi madre lo tenía tan claro que recibe la confirmación un miércoles y el lunes ya estaba ingresada, sedada y pendiente de la donación de órganos”, ha asegurado su hijo.

DMD ha aprovechado el aniversario de la Ley de Eutanasia para recordar los casos de Noelia y Francesc, dos personas que, pese a haber recibido el sí de la Comisión de Garantías y Evaluación para recibir la muerte digna, han visto su proceso paralizado en los tribunales. En ambos casos, los padres de los implicados han denunciado ante los juzgados catalanes la eutanasia concedida a estas personas, retrasando durante años la prestación. “Están siendo obligadas a vivir en contra de su voluntad por los recursos judiciales interpuestos por sus familiares, en un contexto eutanásico de pérdida de dignidad por el deterioro irreversible de su calidad de vida y sufrimiento constante e intolerable”, ha denunciado DMD, que considera “descorazonador” y “cruel” que “la justicia se preste a la manipulación de grupos que pretenden imponer su ideología contra una ley aprobada democráticamente.

La organización ha reclamado mejoras en el sistema sanitario español, con la creación de protocolos con instrucciones claras para los profesionales, una mejora de los registros de solicitudes y la transparencia del proceso, así como reconocer socialmente el esfuerzo de los profesionales implicados, permitiendo que se formen en la materia y puedan liberar sus agendas para atender a los pacientes que requieren la muerte digna.