
El Gobierno evita detallar el coste de los viajes oficiales realizados por Felipe VI entre los meses de junio de 2014 y diciembre de 2023, es decir, los primeros nueve años de su reinado. “La Casa de S. M. el Rey da cumplida cuenta del desarrollo de los viajes realizados y de todos y cada uno de los actos que componen los respectivos programas oficiales“, sostiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en una respuesta parlamentaria a una pregunta realizada por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
En esencia, el representante republicano se interesa por el coste “detallado, desglosado por año y por viaje, de los 192 desplazamientos oficiales realizados por el rey Felipe VI entre junio de 2014 y diciembre de 2023″, según los datos recabados por Público en virtud de las memorias de actividades disponibles que publica la Casa Real. Más allá de esta cifra, esta institución no da ningún detalle sobre el coste de estos desplazamientos, una falta de información que se debe, en parte, a la aplicación de la Ley preconstitucional de secretos oficiales, que “impide el acceso a datos sobre las actividades del monarca”, añade el diputado de ERC.
Asimismo, el dirigente de ERC pregunta por los departamentos ministeriales que han asumido los gastos relacionados con estos viajes y cuál ha sido el importe asignado por cada uno de ellos. También, quiere saber los criterios utilizados para determinar la necesidad y la duración de los viajes oficiales del monarca, así como si se ha realizado alguna auditoría interna o externa sobre los gastos asociados a los viajes oficiales del rey Felipe VI.
En la respuesta a la que ha tenido acceso este medio, el Gobierno señala que los preparativos de los viajes, el establecimiento de las agendas y la determinación de las delegaciones que acompañan a SS. MM. los Reyes en sus desplazamientos “siguen el mismo procedimiento”. En esta línea, el departamento liderado por José Manuel Albares es responsable de la organización de estos viajes y visitas en coordinación con los servicios de Protocolo de Casa Real, de Presidencia del Gobierno y de las demás instituciones implicadas.
“Los viajes oficiales tienen como objetivo promover la imagen de España y fortalecer y representar a España en sus relaciones internacionales, ejerciendo las funciones que le atribuyen la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en los que España es parte”, señala el texto, publicado este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes y fechado el 12 de junio.
Medidas para garantizar la transparencia de la Casa Real
El departamento de Albares recuerda la existencia del programa presupuestario 142A Acción del Estado en el exterior, “a través del cual se da cobertura financiera para garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para la implementación de la acción del Estado en el exterior”. Las aplicaciones presupuestarias de este programa, que se definen de acuerdo con la clasificación realizada en la ley, son ejecutadas “siguiendo las fases del procedimiento de la gestión de los gastos contenida en el artículo 73 del citado texto legal, y con la debida fiscalización de la Intervención General de la Administración del Estado”.
En este sentido, el Gobierno afirma que “los gastos destinados a viajes oficiales al exterior del monarca Felipe VI son imputados al mencionado programa presupuestario”, cuyas “cuentas justificativas de los mismos son igualmente objeto de control interno” por la Intervención Delegada del Ministerio de Hacienda en el Departamento, como el resto de gastos que se tramitan en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Por último, en lo relativo a las medidas adoptadas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en relación con los gastos de la Casa Real, especialmente en lo que respecta a los viajes oficiales, el Gobierno destaca la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La norma determina en su artículo 2 el ámbito de su aplicación subjetiva, entre los que se encuentra la Casa de Su Majestad el Rey. No obstante, el coste de estos viajes permanece oculto bajo el paraguas de la ley franquista de secretos oficiales.
Por otro lado, preguntado por la posibilidad de establecer un mecanismo de fiscalización permanente por parte del Tribunal de Cuentas sobre las partidas presupuestarias asignadas a la Casa Real y las variaciones en el patrimonio de la Familia Real, el Ejecutivo confirma su “apoyo las iniciativas que se emprendan desde las instituciones del Estado que redunden en una mejora de su sistema de funcionamiento”.
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