Qué armamento ha prometido España a la OTAN: defensa antimisil, guerra electrónica o sistemas contra drones

España ha asumido un compromiso firme con la OTAN para reforzar sus capacidades militares en áreas estratégicas como la defensa antiaérea, antimisiles, guerra electrónica, sistemas contra drones, servicios satelitales y los llamados “capacitadores” del Ejército de Tierra. Sin embargo, el coste de cumplir con esos objetivos sigue siendo motivo de tensión diplomática.

Mientras el nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, calcula que estas capacidades exigirán una inversión cercana al 3,5% del PIB anual, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que será suficiente con el 2,1%. Este desacuerdo llevó a un pacto de mínimos el pasado domingo, con un ajuste del comunicado final de la cumbre que arranca hoy en La Haya y un intercambio de cartas entre ambos mandatarios.

Rutte reconoció por escrito que España tendrá “flexibilidad” para decidir su propia senda de gasto militar, mientras Sánchez reiteró su compromiso de cumplir con los Objetivos de Capacidad “a tiempo y en su totalidad”.

El denominado Objetivo de Capacidades fue aprobado el 5 de junio por los ministros de Defensa aliados y se revisará en 2029. Aunque su contenido es confidencial, fuentes aliadas aseguran que establece un catálogo detallado de personal, equipos e infraestructuras que la OTAN necesita para hacer frente a amenazas previsibles.

Las tareas se reparten entre los 32 países miembros. En el caso de España, las áreas asignadas incluyen la defensa aérea y antimisil, tecnologías contra drones, comunicaciones satelitales, guerra electrónica y medios de apoyo terrestre.

Las guerras en Ucrania y Oriente Medio —incluida la reciente escalada entre Irán e Israel— han puesto de manifiesto las carencias de Europa en materia de defensa aérea. Pese a las reiteradas peticiones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para recibir sistemas de defensa, los gobiernos europeos han respondido con cautela ante el riesgo de agotar sus propias reservas.

En este contexto, el Ministerio de Defensa ha activado varios programas para reforzar sus capacidades. Destacan la modernización de las baterías NASAMS del Ejército de Tierra y la compra de una unidad adicional para el Ejército del Aire (más de 400 millones de euros), así como la actualización del sistema Patriot por valor de 2.382 millones.

Este último proyecto dotará a España de una defensa antimisil más robusta, que se complementará con la modernización de las fragatas F-100 y la construcción de las nuevas F-110, ambas equipadas con el sistema Aegis. A largo plazo, España también participa en el programa europeo HYDEF, aún en fase inicial, que busca desarrollar interceptores contra misiles hipersónicos.

Además de mejorar sus sistemas antiaéreos, España trabaja en la adquisición de tecnologías contra drones (C-UAS), nuevos satélites —como el Paz II— y medios para misiones de inteligencia, guerra electrónica y apoyo logístico.

Sin embargo, el principal obstáculo no parece ser el presupuesto, sino la capacidad industrial. Según Defensa, el 2,1% del PIB es suficiente para cubrir los compromisos. El verdadero problema es la producción: Estados Unidos ha informado que no podrá entregar las baterías Patriot encargadas por España hasta 2029 o 2030, debido a la acumulación de pedidos. La situación es aún más incierta para los sistemas en desarrollo que dependen de tecnologías inmaduras.

Pedro Sánchez ha rechazado de plano escalar el gasto militar hasta el 5% del PIB en una década, como propone Estados Unidos. Según el presidente, la industria europea no está preparada para asumir un crecimiento tan acelerado. De hacerlo, advierte, se incrementaría la dependencia exterior en unos 100.000 millones de euros anuales, y esa dependencia se prolongaría durante décadas por el ciclo de vida de los sistemas de armas.