El Canal de Isabel II, la empresa pública más grande de la Comunidad de Madrid encargada de gestionar el suministro de agua, quiere hacer caja. Por eso, está licitando un contrato para que una empresa privada le gestione una subasta electrónica para poder vender 15 propiedades, la mayoría de ellos solares. Este martes finalizaba precisamente el plazo para que los interesados en llevarse esta adjudicación puedan presentar sus ofertas. El Canal está dispuesto a pagar 16.000 euros por este servicio. Y espera obtener un mínimo de 3.567.172 euros por la venta de estos bienes.
De los 15 inmuebles subastados, nueve están en Madrid capital. El resto se reparten en los municipios de Torrejón de Ardoz, Leganés, Pinto, Rivas Vaciamadrid y Buitrago del Lozoya. El Canal anuncia en su página web la relación de bienes inmuebles que tiene en propiedad, un listado que no se actualiza desde marzo de 2023. Un reflejo de que el Canal de Isabel II es una gran tenedora inmobiliaria dentro de la estructura del Gobierno regional: en su balance hay oficinas, viviendas, aparcamientos, terrenos de uso industrial, rústicos...
El Canal lleva ya tiempo desprendiéndose de propiedades que no le interesan y haciendo caja por ello. En diciembre de 2024 consiguió, en otra subasta, vender un inmueble de oficinas que tenía en el número 57 de la calle José Abascal, junto al Paseo de la Castellana. Al final, la sociedad Next Allied, controlada por un grupo de inversores de Latinoamérica y Estados Unidos, se llevó la puja tras ofrecer 13,3 millones de euros (IVA aparte). Su objetivo es hacer ahora allí viviendas de lujo.
En el verano de 2022, el Canal también realizó otra subasta para vender otros 46 inmuebles valorados en 30 millones de euros. Diego Cruz, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, no es partidario de estas subastas. “Una vez más, asistimos con indignación a la perdida de patrimonio y recursos de las administraciones públicas, en este caso del Canal, a manos de gestores que en lugar de cuidar lo que es de todos, envilecen el objeto esencial de la política que debe ser promover el bien común y no ser fuente de alimentación para la voracidad depredadora de algunos mercaderes”, señala. “El Gobierno de Ayuso apuesta por una pérdida de patrimonio público sin plantear una opción a los municipios donde se encuentran estos inmuebles de estudiar si les pueden ser de utilidad y, si es así, llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y a los ciudadanos".
El ejemplo de Buen Suceso
Cruz pone un ejemplo que tiene grabado en la memoria. “En 2014, el Canal adquirió a otra empresa pública de la Comunidad de Madrid un edificio situado en la calle del Buen Suceso número 12 por 14 millones de euros. Nunca fue utilizado. Seguimos desconociendo el verdadero objeto de la compra. En 2017, se adjudicó mediante subasta esta propiedad a la Universidad Rey Juan Carlos por 16,7 millones, sin atender solicitudes de diálogo para estudiar su transacción directa para necesidades municipales”. Alejandro Sánchez, diputado de Equo dentro de Más Madrid, asegura que llevan tiempo denunciando lo mismo: “deshacerse de patrimonio público es completamente negligente en la actual crisis de la vivienda. Debería transferirse a los ayuntamientos o a la Agencia de la Vivienda Social. Solo en caso de que no tengan ninguna salida, sería aceptable vender estos inmuebles”.
El Canal tiene en marcha un Plan de Optimización de Inmuebles, que prevé en un par de años “la enajenación mediante subasta de los inmuebles urbanizados innecesarios para el servicio público”. Siempre lo hará mediante subasta. A través de una empresa especializada que pueda dar respuesta a todas las necesidades que se presentarán durante la tramitación del expediente, incluyendo la publicidad previa del proceso, la celebración del acto de subasta pública electrónica en tiempo real y la difusión de los resultados para la enajenación del inmueble".
El Canal es una empresa económicamente saneada. Su cifra de negocio en 2023 ascendió a 881,5 millones de euros, siendo su beneficio después de impuestos de 154,7 millones de euros, un 23% por encima del registrado el 2022. Esto le ha permitido repartir entre sus accionistas, Comunidad de Madrid y 114 ayuntamientos de la región, un dividendo total de 85.276.385,60 euros.
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