El Gobierno autoriza la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell con la condición de mantenerse como entidades separadas por un mínimo de tres años

El Gobierno ha decidido autorizar la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre el Banco Sabadell con la condición adicional de que las dos entidades mantengan personalidades jurídicas y patrimonios separados durante los próximos tres años, así como la autonomía en la gestión de su actividad diaria. Según ha declarado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, este veto a la fusión es ampliable hasta dos años más en función de la documentación aportada por los dos bancos. Más allá de los nuevos requisitos, el Gobierno ha decidido mantener las condiciones impuestas anteriormente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Cuerpo ha justificado el endurecimiento de las condiciones para la operación de concentración asegurando que la medida “está fundamentada en cinco criterios de interés general distintos a los relativos a la defensa de la competencia”. El primero de ellos sería “garantizar que se cumplen los objetivos de la regulación sectorial” en relación al apoyo al crecimiento mediante la financiación a pymes. El ministro ha mencionado también la protección de los trabajadores y de la cohesión territorial, así como los objetivos de la política social y la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos. Para garantizar estos intereses, Cuerpo ha defendido que será necesario asegurar la autonomía en los ámbitos de financiación y crédito, recursos humanos, las oficinas bancarias y la obra social a través de las fundaciones de ambos bancos.

El Gobierno exigirá a los dos bancos la entrega de un informe de situación sobre el desarrollo de esta gestión autónoma para evaluar al eficacia de las condiciones impuestas, así como de un segundo documento en el que conste un plan estructural que “detalle a futuro en qué medida la estrategia corporativa de ambas entidades afectará a estos criterios de interés general”. Con esta información, el Ejecutivo determinará si amplía durante dos años más la condición de separación y autonomía.

La decisión de Moncloa llega a tres días de la fecha límite otorgada al Ejecutivo para comunicar si daría su visto bueno a la operación con las condiciones con las que fue aprobada por la CNMC o impondría condiciones adicionales a la opa fundamentadas en la protección del “interés general”.

Tras la ‘luz verde’ del supervisor el pasado 30 de abril, el ministro Cuerpo contaba con 15 días de plazo para tomar su decisión sobre los términos en los que Competencia había aprobado la operación. En este tiempo, el titular de Economía abrió una polémica consulta pública sobre la oferta, que buscaba determinar cuáles serían los posibles perjuicios de que la fusión saliese adelante para el interés general, entre los que citaba el empleo, la inclusión financiera y la cohesión territorial. El pasado 27 de mayo, sin embargo el Ministerio anunció su decisión de elevar el asunto al Consejo de Ministros, que debería dictaminar si sumaba nuevas condiciones o no en un plazo de 30 días.

A las 12:30 horas de este martes 24 de junio, la CNMV comunicaba a través de la publicación de un hecho relevante la suspensión de forma cautelar la negociación de los valores de ambas entidades en bolsa hasta darse a conocer la decisión del Consejo de Ministros. Desde el supervisor explican que esta decisión se da como medida para evitar que las expectativas por la comparecencia de Moncloa y se realizará de la forma más “quirúrgica” posible, por lo que se implementará “poco antes” de que se anuncie la decisión de Moncloa y se levantará “poco después”.

La suspensión de la cotización bursátil llega tras una mañana marcada por la opa en el parqué español, en la que todos los bancos han anotado subidas, incluidos BBVA y Sabadell, que en la apertura de la sesión ganaban un 2,19% hasta los 13,07 euros por acción y un 1,49% hasta los 2,726 por título, respectivamente.

A la espera del veredicto del Ejecutivo, el banco vasco advirtió sobre la posibilidad de elevar el asunto a los tribunales si el Gobierno decidía endurecer las condiciones de la CNMC. El presidente de la entidad, Carlos Torres, recordó el pasado miércoles en una entrevista concedida a Onda cero que el Consejo de Ministros puede “mantener o suavizar” los requisitos existentes bajo el amparo de la Ley de la Defensa de la Competencia, pero si se añaden nuevas restricciones BBVA podría recurrir a la vía judicial, o incluso aceptarlas para continuar con el proceso de opa al mismo tiempo que recurre la decisión del Gobierno.

Josep Oliu, presidente de Sabadell, señaló por su parte que el Gobierno sí tiene derecho a poner “otras pegas o condiciones” a la operación, aunque admitió que no compete al Ejecutivo valorar cuestiones de solvencia o competencia, analizadas ya por los supervisores correspondientes. Aun así, el banquero deslizó el pasado martes en un encuentro con accionistas que los nuevos compromisos podrían hacer que BBVA modificase las condiciones económicas de la oferta contemplada en el folleto.

La Comisión Europea se ha mostrado crítica con la supuesta injerencia del Ejecutivo de Sánchez y ha aclarado que el Gobierno español no tiene competencia directa en las fusiones bancarias, que corresponden al Banco Central Europeo (BCE) y a las autoridades de competencia. Según la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, solo estas instituciones pueden intervenir desde el punto de vista prudencial o de competencia.

Albuquerque manifestó su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo español de llevar la opa al Consejo de Ministros, asegurando que no es su competencia actuar en este ámbito. La operación fue aprobada en 2024 por el BCE y, en abril de 2025, por la CNMC, que estableció condiciones para proteger a consumidores, pymes y zonas rurales ante posibles efectos negativos. La Comisión Europea sostiene que no existen razones para que el Gobierno español bloquee la opa y defiende que debe respetarse la autorización ya condicionada por la CNMC.