El Gobierno aprueba el decreto antiapagones con el que impulsa las renovables y deja en manos de los tribunales decidir quiénes son los culpables

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes un real decreto-ley enfocado a asegurar la transición energética y prevenir posibles futuros fallos en el suministro en España. Este decreto antiapagones introduce un conjunto de normas centradas principalmente en dar un empujón a las energías renovables y facilitar el despliegue del almacenamiento eléctrico. Además, también contempla cambios en la estructura regulatoria a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica de España (REE).

Este paquete de medidas, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), llega en un contexto marcado por la desconfianza en el sistema energético español tras el apagón que sufrió nuestro país el pasado 28 de abril, la volatilidad de los mercados energéticos internacionales, y la necesidad de avanzar en los compromisos climáticos. Con este decreto, el Ejecutivo establece un nuevo marco regulatorio para acelerar la penetración de energías limpias, garantizar la estabilidad del sistema y proteger a los consumidores y empresas ante variaciones en la tensión.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se ha presentado este real decreto-ley, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha subrayado que será responsabilidad de los tribunales “tanto administrativos como judiciales”, establecer quiénes son los responsables del apagón eléctrico del pasado mes de abril, en el marco de los diferentes procedimientos abiertos.

La ministra ha explicado también que el decreto introduce un conjunto de herramientas específicas para evitar eventos similares, y que “era importantísimo”. Respecto a la continuidad de los procesos, la ministra señaló que “otros procesos, como las instrucciones, tanto administrativas como judiciales, seguirán su curso. Esas son las que van a dirimir las responsabilidades. Por lo tanto, si me pregunta, si la situación no cambia a este respecto, veremos qué sale de esos procedimientos”.

El real decreto-ley dedica buena parte de su contenido a la reactivación y agilización del despliegue de energías renovables. Entre los cambios, destaca la creación de un mecanismo de concurrencia competitiva para la asignación del marco retributivo de nuevos proyectos renovables. Con este sistema, el Gobierno espera dotar de mayor seguridad y estabilidad a los inversores, y reducir así la fluctuación de ingresos que, hasta ahora, ha dificultado el levantamiento de nuevas instalaciones solares o eólicas.

En paralelo, se reconoce de manera explícita el papel del almacenamiento eléctrico, considerado un instrumento clave para la estabilidad del sistema en una red con alta penetración de renovables no gestionables, es decir, que no pueden regularse según la demanda, como la solar o la eólica.

Otra de las áreas cubiertas por el decreto es la denominada “repotenciación” de instalaciones, es decir, la modernización y ampliación de parques renovables ya existentes. Esta opción queda facilitada en el nuevo marco, con condiciones más favorables para el refuerzo de infraestructuras y una mejor integración de los proyectos en la red.

Asimismo, el decreto simplifica los procedimientos y refuerza la planificación para infraestructuras críticas, como puntos de recarga de vehículos eléctricos de gran capacidad, que estarán disponibles para uso público, lo que facilitará y acelerará su despliegue. Con estas medidas, el Gobierno pretende desbloquear la capacidad de acceso a la red que permanecía inmovilizada por proyectos no lo suficientemente maduros y recuperar el ritmo inversor en renovables.

Por otro lado, también habilita que tanto los productores como otros actores puedan ser titulares de las instalaciones de almacenamiento, y permite la hibridación de tecnologías en un mismo punto de conexión, siempre que sea técnicamente viable. Esto abre la puerta a soluciones más flexibles y eficientes, como la combinación de producción de energía, baterías para almacenamiento y otros sistemas.

La electrificación de la demanda constituye otro de los pilares de la norma. El texto habilita modificaciones en la planificación de la red de transporte para incorporar infraestructuras consideradas esenciales en la transición energética, para evitar que la rigidez de la actual planificación limite el avance en la electrificación de sectores clave de la economía.

El cuerpo regulatorio del sistema eléctrico recibe un nuevo impulso con este decreto. La CNMC se mantiene como autoridad clave en la liquidación de los costes del sistema y en la supervisión del funcionamiento del mercado eléctrico. Entre sus responsabilidades, gestiona las cuentas bancarias que canalizan los pagos y cobros de los diferentes conceptos regulados, y asume la tarea de aprobar junto al Gobierno, en un plazo máximo de tres meses, las nuevas normas que regularán el acceso a la red para la implantación de nuevas instalaciones.

Durante este periodo se establece una moratoria a nuevas solicitudes de acceso, para evitar la saturación de la red y frenar la especulación en los permisos, permitiendo únicamente las excepciones de autoconsumo y demanda directa de electricidad. Las tareas operativas y de planificación seguirán bajo el control de Red Eléctrica, que se encargará de gestionar la red de transporte y coordinar la incorporación de nuevas infraestructuras, siempre en línea con los objetivos estratégicos definidos a nivel nacional.