Cuatro profesores demandados, cinco testigos, dos peritos y un ejército de abogados: a juicio el British Council por acoso a una exalumna

La fecha es el 3 de julio. Ese día, comienza en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Pozuelo el juicio contra la delegación en España de la Fundación British Council, uno de los colegios más elitistas de Madrid. Una familia, que tenía a su hija escolarizada en ese centro, demandó al mismo y a cuatro de sus profesores por acoso contra la niña, que llegó incluso a desarrollar por los problemas que sufrió un estrés que desembocó en una anorexia nerviosa.

La familia reclama una indemnización por daños y perjuicios de 35.489 euros contra la institución y los cuatro profesores. Durante el juicio está previsto que declaren cinco testigos, dos peritos (entre ellos el prestigioso psiquiatra Jóse Cabrera) y todo un ejército de abogados. De hecho, el British Council, que acaba de vender su centro de Pozuelo a Inspired Education Group, ha contratado a diez abogados para que defiendan sus intereses.

A la familia de la menor no le ha quedado más remedio que acudir a la vía civil después de que a un juez de lo penal se le pasara el plazo de un año para instruir la querella criminal que los padres pusieron contra el centro y sus profesores por los presuntos delitos de acoso y lesiones. El juicio fue suspendido cuatro veces por la huelga que hubo de secretarios judiciales. Y después se pasó inexplicablemente el periodo de instrucción, que es de un año, y se tuvo que archivar. De hecho, la familia ha puesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por esta actuación negligente. Todavía no ha habido respuesta.

Todo empezó en el curso escolar 2021/2023, cuando Mónica tenía 13 años. Una amiga de la joven, también estudiante del centro, empezó a recibir entonces mensajes acosadores por parte de dos compañeras de clase. “Uso condón, porque si no, pregúntale a tus padres, sale una aberración como tú”; “tienes menos neuronas que una rata, rata de cloaca”; “lávate el coño, cada vez que pasas cerca de mí huele a pescado”, “vete a Inglaterra, que aquí nadie te quiere”; “eres una vergüenza para la raza humana”; “vete a Júpiter y muérete por el camino”... imposible reproducirlos todos. Los padres de esta chica llegaron a recopilar 405 mensajes vejatorios y lo pusieron en conocimiento de la dirección del centro e incluso pusieron una denuncia en la Policía Nacional. Al ver, bajo su punto de vista, que el British Council no tomaba medidas (se inició una investigación que concluyó en una semana) decidieron cambiar a su hija de centro educativo.

Mónica se quedó entonces sin una de sus mejores amigas. Pero decidió no quedarse de brazos cruzados y pidió explicaciones a sus profesores. Estos le pidieron que se olvidara del tema. La investigación interna había dictaminado que no había pasado nada grave con la chica que recibió tantos mensajes vejatorios, que se trataba simplemente de un caso puntual, no de un acoso continuado. “Lógicamente, tal proceder sorprendió a la menor [Mónica], que no alcanzaba a entender como ante unos hechos de semejante gravedad, la estrategia adoptada por el colegio era la pasividad, la desidia y una suerte de pacto de silencio a todas luces inadmisible”, reza la demanda que puso su familia, que asegura que antes las quejas de su hija el centro ideó una estrategia para que su hija, una alumna que empezaba a ser molesta, dejara el centro.

La dirección empieza entonces a trasladar a los padres de Mónica que el comportamiento de su hija ha empeorado, y pone como ejemplos que en una clase de educación física la menor “había pasado de forma inapropiada el balón a sus compañeras” (concretamente a las que estaban involucradas en el presunto caso de acoso escolar), o que Mónica “ha mirado mal a estas compañeras”, lo que podría ser objeto de sanciones mucho más graves por parte del British Council. Poco después, el centro comunicaba a los padres de Mónica que abría formalmente una investigación interna contra su hija por un presunto supuesto de acoso. ¿Qué había hecho Mónica?

Según la directora de Secundaria, Mónica “había llevado a cabo miradas de desprecio, había utilizado un vocabulario inapropiado con las dos alumnas que estuvieron involucradas en los hechos y las había acusado de ser ‘acosadoras’”. Como sanción, Mónica fue expulsada un día. El asunto no quedó aquí. El centro siguió señalando a la joven de haber tenido, de nuevo, “un comportamiento inadecuado con otras compañeras de clase al haberlas acusado de acoso escolar, haber utilizado gestos y actitudes de desprecio hacia ellas”, lo que constituía un comportamiento contrario al Código de Conducta de la institución.

La gota que colmó el vaso llegó en marzo y abril de 2022, cuando Mónica era sacada de sus clases, incluso en mitad de un examen de francés, para ser llevada a reuniones con oros profesores “con el fin de reiterarle que debía olvidar lo sucedido con su amiga. Todo ello, hasta en quince ocasiones”, señala la demanda. Mónica volvió a ser sancionada después con otra expulsión de cuatro días y el cambio de clase. La joven empezó entonces a tener secuelas físicas y psíquicas. La familia ha aportado al juzgado un informe pericial del prestigioso psiquiatra Jóse Cabrera, que ha determinado que “la menor ha sufrido un acoso vertical por parte de algunos de sus profesores, que dicho acoso ha provocado una situación de estrés agudo que ha desembocado en un trastorno de anorexia nerviosa, y que esta ha acusado un grave trastorno musculo-esquelético del cual la paciente ha tardado en recuperarse parcialmente más de un año”. Cabrera está llamado como testigo.

Además, debido al acoso, la menor “tiene como secuela un trastorno adaptativo persistente”. Los padres también han aportado los informes médicos del hospital que ha tratado a su hija. Al terminar el curso escolar en el verano de 2022, la familia de Mónica decidió que abandonara el British Council. La demanda civil no solo se dirige contra el centro educativo, sino contra la Directora de Secundaria, el Director de Primera y Secundaria, la Jefa de Estudios y la directora del colegio. La justicia dictaminará a partir del próximo 3 de julio.