Las agencias antifraude no pueden investigar tanta denuncia por corrupción: el 50% están en trámite porque faltan técnicos

Las agencias antifraude que hay en España, nueve en concreto, no dan abasto con tanta denuncia por corrupción en contrataciones públicas. Este tipo de denuncias se ha disparado un 87% desde el año 2019, según el último informe del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha tras analizar los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano colegiado independiente aunque adscrito al Ministerio de Hacienda.

Las denuncias no han hecho nada más que crecer año tras año desde 2019. Ese ejercicio se pusieron 118, cifra que creció a 131 en 2020, a 154 en 2021, a 187 en 2022 y a 221 en 2023 (último año con datos cerrados). Entre los distintos tipos de contrato, el de servicios es el que más riesgo de fraude y corrupción presenta, al acaparar el 64,3% de las denuncias efectuadas.

Lo más alarmante, destacan desde Gestha, es que la mitad (478 de 957 denuncias puestas desde 2018) siguen en trámite debido a la escasez de técnicos de investigación en las agencias antifraude. Otras 217 denuncias se han archivado (un 22,7%), y solo 52 (un 5,4%) que se han dirigido a la Justicia, Fiscalía o Tribunales de Cuentas. Se trata de datos recopilados de las distintas oficinas territoriales de lucha contra la corrupción y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Gestha ha hecho público este informe en plena tormenta política por las consecuencias que puede tener el llamado ‘caso Koldo’.

Gestha considera que hay un “alto porcentaje” de denuncias en materia de contratación pública (irregularidades en la adjudicación del contrato) respecto al total, un 32,6%. “Es un signo de que el fraude aumenta al situarse como la principal causa de las denuncias y mantenerse con una tendencia relativamente estable en términos relativos”, exponen los técnicos de Hacienda. Las denuncias por este motivo ascendieron el último año analizado un 9,1%, hasta las 72 en 2023. Por otro lado, la segunda causa de denuncias, con un 20,6% del total y una tendencia alcista, es la de prácticas corruptas en la contratación (conflictos de interés, tráfico de influencias y trato de favor a una empresa). Fueron 43 en 2023, un 34,4% más que cinco años antes.

Son cantidades, en todo caso, ínfimas si se contextualizan en el volumen de licitaciones que ejecutan anualmente las administraciones públicas. El desembolso en contratación pública en 2023 alcanzó el 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 24,9% del total del gasto público, tal y como se refleja en los datos de contabilidad nacional de la oficina estadística europea Eurostat. El número de denuncias es muy pequeño en relación con el número de las licitaciones anuales del sector público estatal, autonómico y local, que el pasado año fueron 206.210 expedientes, alcanzando los 113.091 millones (más IVA)

En cualquier caso, es de esperar que sigan aumentando las denuncias, señalan desde Gestha, teniendo en cuenta la tendencia reciente y la protección al denunciante, con medidas como “la prohibición de represalias y medidas de apoyo, de protección frente a represalias y de protección de las personas afectadas”. Cualquier represalia se consideraría infracción grave con multas de hasta 300.000 euros para las personas físicas y hasta el millón de euros en personas jurídicas.

Ahora mismo hay agencias y oficinas antifraude con funciones de investigación o inspección creadas en Cataluña, Comunitat Valenciana, Baleares, Navarra, Andalucía y en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. También existen los Órganos de Control Externo del Consello de Contas de la CCAA de Galicia (OCEX) y la Audiencia de Cuentas de Canarias, pero sin funciones de investigación o inspección.