La brecha generacional castiga a los jóvenes con sueldos un 45% más bajos, precariedad laboral y mínimo acceso a la vivienda

Ser joven en España no es fácil. La creciente brecha entre generaciones limita las oportunidades de los ciudadanos de menor edad que están en desventaja frente a los más mayores, según han constatado los expertos que han participado en el encuentro La situación económica de los jóvenes en España organizado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Estos desequilibrios se derivan, entre otras causas, de que el sistema actual de protección social presenta un sesgo muy importante a favor de los mayores. “El déficit contributivo del sistema de pensiones exige, cada año, grandes y crecientes inyecciones de recursos procedentes de impuestos generales, que amenazan con dejar sin margen para afrontar otras prioridades como la educación, las políticas activas de empleo, las ayudas familiares, la crianza y la inversión pública en vivienda, tecnología y medio ambiente, que benefician más a los jóvenes”, señala director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, un desequilibrio que a su juicio, “debería corregirse”.

Todo ello produce tres grandes brechas generacionales, a juicio de José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea. La primera está relacionada con la renta, ya que desde 2008, la de los jóvenes ha caído un 10 %, mientras que la de los mayores de 65 años ha aumentado un 8 %.

En cuanto a la segunda, tiene que ver con el en acceso a la vivienda. Solo el 43% de los hogares jóvenes accede hoy a la propiedad de una casa, frente a más del 70% de hace dos décadas. La tercera afecta a la edad media de emancipación, que ya supera los 30 años. Ante esta realidad, Conde-Ruiz propone un paquete de reformas para reequilibrar el contrato intergeneracional, entre las que destacan: pensiones sostenibles, reglas fiscales que prioricen a la juventud, políticas de vivienda y “mayor representación política, bajando, por ejemplo, la edad de voto a los 16 años”.

Otra de las diferencias intergeneracionales viene dada por los salarios. “Los jóvenes en España cuentan con ingresos notablemente inferiores a la media de la población”, reconoce Raquel Jurado, miembro del equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, y las cifras lo demuestran: en 2023, un joven de entre 20 y 24 años percibió un 45% menos que el salario medio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de ello, soportan una carga fiscal considerable, especialmente a través de cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, que afectan con mayor intensidad a quienes destinan la mayor parte de su renta al consumo.

Según Eurostat, los menores de 35 años son el colectivo que dedica un mayor porcentaje de sus ingresos al pago del IVA (7,7%), y la OCDE estima que el coste fiscal total sobre el empleo asciende al 40,6% para un trabajador soltero sin hijos. Esta situación “genera una percepción creciente de desequilibrio intergeneracional, ya que los jóvenes asumen un esfuerzo fiscal elevado sin apenas medidas compensatorias”, argumenta Jurado.

En este sentido, el presidente del CGE, Miguel Vázquez Taín, destacó que, a nivel nacional, la legislación fiscal específica para jóvenes es “escasa y fragmentada”, ya que solo existen algunas medidas implementadas por las comunidades autónomas, como incentivos puntuales en el IRPF, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o en vivienda, “insuficientes para equilibrar una presión tributaria elevada, debido a la alta carga de los impuestos indirectos que recaen en mayor proporción sobre las rentas bajas”.

Este esfuerzo fiscal contrasta, según Jurado, con el contexto que tuvieron generaciones anteriores, que accedieron “a empleo más estable, salarios más altos y beneficios fiscales hoy eliminados, como la deducción por compra de vivienda”. Incide en que buena parte del gasto público se orienta a financiar “pensiones generosas”, mientras los jóvenes cuentan con escasas ventajas fiscales y sin garantías de retorno futuro. “Esto alimenta una creciente sensación de injusticia intergeneracional en la distribución de los recursos públicos”, señala.

También se observan diferencias en las condiciones laborales de los menores de 30 años, que sufren una tasa de temporalidad del 60,5% en sus contratos. Además, el 46% cuentan con contratos a tiempo parcial de manera involuntaria. Ambas situaciones “configuran un entorno laboral precario que retrasa la emancipación”, advierte Mar Villares, secretaria técnica del Registro de Economistas Asesores Laborales. Por ello cree que “urge avanzar hacia la estabilidad contractual real y alinear la formación con las necesidades del mercado”.

Otra de las causas que penaliza a las nuevas generaciones es que la mayoría de ellos trabaja en el sector servicios, con baja estabilidad, y muchos acceden a empleos poco relacionados con su formación. Esta combinación de inestabilidad, bajos ingresos y desajuste formativo “prolonga la dependencia familiar y retrasa el desarrollo de proyectos de vida autónomos”, explica Villares.

En definitiva, los expertos consideran que en materia laboral, la situación económica de los jóvenes en España está marcada por cinco factores estructurales: una tasa de desempleo juvenil aún elevada, pese a los últimos descensos; la precariedad laboral, con alta temporalidad, parcialidad involuntaria y escasa estabilidad; una brecha salarial generacional que dificulta el acceso a vivienda e independencia; el desajuste entre la formación y el mercado de trabajo, agravado por un sistema productivo dominado por microempresas con bajo nivel de innovación, escasa capacidad de contratación estable y limitadas oportunidades de promoción, y , por último, el débil peso industrial en el PIB, que restringe empleos técnicos de calidad y expone al empleo juvenil a una economía centrada en servicios inestables. En opinión de Villares, “estos elementos se interrelacionan, generando un círculo vicioso que frena el desarrollo económico de la juventud”.

Para conseguir una mayor equidad intergeneracional, los expertos consideran prioritario reorientar el gasto público hacia áreas que mejoren la productividad. Para ello, Conde-Ruiz, propone reducir el déficit estructural, establecer una regla fiscal intergeneracional e invertir más en educación, empleo, ciencia y vivienda juvenil.

A su juicio “es clave modernizar el mercado laboral mediante un modelo de flexiseguridad que proteja al trabajador y no solo al puesto. También se requiere impulsar la Formación Profesional dual, mejorar las becas y facilitar el acceso a la vivienda con ayudas ajustadas a la renta”. Además, plantea institucionalizar la justicia intergeneracional con una comisión juvenil en el Pacto de Toledo y una entidad consultiva estable. Añade que “cumplir los compromisos climáticos con instrumentos como un dividendo climático contribuiría a proteger a las generaciones futuras y reforzar la cohesión social”.

En el ámbito fiscal, Jurado, propone medidas para favorecer la autonomía económica de los jóvenes con rentas bajas, mediante incentivos específicos y dirigidos. Entre ellos, deducciones estatales por alquiler y adquisición de vivienda habitual para menores de 40 años con ingresos por debajo de determinados umbrales, así como la creación de cuentas de ahorro-joven con beneficios fiscales si el capital se destina a vivienda, educación o emprendimiento. También plantea la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de primera vivienda habitual para jóvenes con menor capacidad económica.

“Estas medidas no solo buscan aliviar la carga tributaria, sino también frenar la emigración juvenil, que afectó a más de 649.000 personas de entre 18 y 35 años entre 2021 y 2023”, indica Jurado. Pone el ejemplo de Portugal, donde ya aplican iniciativas similares, como un tipo reducido del IRPF para jóvenes y exenciones fiscales por compra de vivienda, con el fin de retener talento y facilitar su desarrollo profesional”.

En cuanto al empleo, Villares indica que, “es prioritario combatir la precariedad que sufren los jóvenes mediante el refuerzo de la inspección laboral, sanciones por fraude contractual y la limitación del uso abusivo de contratos temporales y parciales”. Para ello propone fomentar la contratación indefinida, especialmente mediante ayudas específicas dirigidas a jóvenes pertenecientes a colectivos vulnerables.

También estima clave revisar el sistema de prácticas y becas para garantizar su carácter formativo, con una retribución mínima y condiciones dignas, en línea con el futuro Estatuto del Becario. Asimismo, “debe impulsarse el empleo juvenil en sectores estratégicos, como la economía verde y digital, mediante incentivos a empresas que generen empleo de calidad, y la creación de un Pacto de Estado por el Empleo Joven y la reforma de las políticas activas de empleo, orientándolas a los perfiles y realidades concretas de la juventud”.