Información oculta, versiones cruzadas y culpas repartidas: el apagón enfrenta a Gobierno, Red Eléctrica y las empresas energéticas

Después de la publicación de dos informes, por parte de Gobierno y Red Eléctrica, sobre el porqué del apagón masivo que el pasado 28 de abril dejó sin suministro eléctrico a millones de españoles durante horas, las causas exactas todavía son una gran incógnita. Tras más de 50 días de investigaciones, los reproches mutuos han empezado y los análisis de ambas instituciones públicas, junto con las reacciones de las principales empresas energéticas, han puesto sobre la mesa muchas explicaciones técnicas, pero persisten algunas preguntas clave: ¿qué provocó exactamente el exceso de tensión que llevó al colapso del sistema?, y ¿quién tiene la culpa por no haberlo controlado?

El debate ahora se ha convertido en una sucesión de versiones cruzadas, acusaciones y documentos oficiales con información confidencial, donde ninguno de los actores asume del todo la culpa ni explica dónde estuvo el verdadero origen de la crisis eléctrica que sacudió el país.

El primer documento, divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica pasadas las once de la noche del martes 17 de junio, califica la causa del apagón como “multifactorial”. El texto explica que no hubo un único desencadenante, sino una suma de fallos técnicos y operativos.

Así, el informe describe que la causa última del cero energético fue una especie de efecto dominó: la subida de tensiones hizo que las centrales se empezaran a desconectar, una medida de protección para evitar daños graves en su funcionamiento. Pero eso provocó que el sistema se desequilibrara todavía más, generando más desconexiones y un círculo vicioso del que ya no se pudo salir.

Desde el Gobierno también apuntan a que, aunque en teoría había centrales y recursos suficientes en la red, faltaron instalaciones que fueran capaces de absorber energía reactiva y limitar los desajustes a tiempo. Lo que describen como una “insuficiencia de capacidades de control dinámico de las tensiones suficiente para mantener la tensión estable”.

Además, el análisis enfatiza que el número de grupos disponibles para controlar la tensión era inferior al previsto y “a los programados por el operador del sistema en semanas y meses previos, e inferior al programado el día antes”. Y es que una de las centrales previstas no estaba operativa, pero tampoco se designó otra alternativa para cubrir esa función clave. Esta carencia podría haber afectado, sobre todo, al sur de la península.

También se señalan variaciones atípicas y extraordinarias en la producción y demanda eléctrica. El informe reconoce que no tiene una causa identificada para algunas de ellas, y que el desajuste se vio agravado por el bajo consumo característico de la primavera y el peso de las energías renovables, que ese día llegaron al 59% de la generación. Muchas de estas plantas renovables no cuentan con sistemas de control dinámico que permitan reaccionar ante una crisis de tensión.

Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, subrayó en una rueda de prensa que “faltaban capacidades de control de tensión” y explicó que lo más importante que querían transmitir “es que el apagón tuvo un origen multifactorial”. Además, remarcó que algunas de las desconexiones de algunas centrales se produjeron de manera “aparentemente indebida”, lo que pudo haber aumentado la tensión.

La noche del martes, al ser preguntada en el programa Hora 25 de Cadena SER sobre si se podía afirmar un error concreto de alguno de los agentes, la ministra matizó: “Hemos hecho un análisis donde hemos identificado las causas y hemos puesto medidas, pero no puedo hacer esa valoración” porque “en ningún caso era un examen judicial”. En el informe, las referencias a las empresas energéticas aparecen anonimizadas y con fragmentos tachados, ya que parte de la información es confidencial.

Pero el cruce de reproches no quedó ahí. Menos de 24 horas después de la presentación del informe del Gobierno, Red Eléctrica presentó el suyo propio. Su informe coincide con la explicación técnica del fenómeno, pero enfatiza que la causa principal fue el “operar la red con una capacidad síncrona limitada y una distribución geográfica desequilibrada”, algo que, en su opinión, “dejó el sistema en una situación de vulnerabilidad”. Según el operador, “ese día había suficientes recursos en el sistema, pero no se prestaron de forma efectiva por parte de las compañías eléctricas”.

Concha Sánchez, directora de Operación de Red Eléctrica, defendió ante los medios que la programación de generación prevista por la operadora era “suficiente”, siempre que todos los generadores hubieran cumplido con los controles técnicos asignados. En cuanto a si se podría haber evitado la crisis, Sánchez apuntó: “¿Qué hubiese pasado si los generadores con obligación de control lo hubiesen hecho? No se habrían producido las oscilaciones, no habríamos tenido apagón”.

Por su parte, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, remarcó que “si hubiesen garantizado el cumplimiento de todas sus normas de control de tensión, el apagón no se hubiese producido”. Desde Red Eléctrica denunciaron, además, que las eléctricas no han entregado toda la información solicitada para investigar el caso, y calificaron los datos remitidos como “parciales y reiteradamente marcados como confidenciales”.

Tras las declaraciones de la dirección de Red Eléctrica, las compañías energéticas han endurecido su postura. Iberdrola, por su parte, ha responsabilizado a la operadora por lo que califica como una gestión “temeraria y negligente”. La empresa sostiene que Red Eléctrica no garantizó la continuidad y seguridad del suministro, ni coordinó adecuadamente la red, y rechaza cualquier duda sobre la actuación de sus propias centrales durante el incidente. Durante la tarde del miércoles, los propios portavoces de Iberdrola defendieron que todos sus activos funcionaron según la normativa y bajo las instrucciones de Red Eléctrica en todo momento.

Además, la compañía reclama más transparencia y pone el foco en los fallos detectados en la gestión de la tensión. Y también lamenta que Red Eléctrica no haya ofrecido explicaciones detalladas, asegurando que se puede acceder a la información en tiempo real, mientras afirma que ella sí ha entregado toda la documentación requerida por los organismos implicados.

A las críticas de Iberdrola se le sumó la patronal Aelec, que agrupa a las grandes eléctricas. Aelec sostiene que, de haber contado con los recursos técnicos adecuados para afrontar fallos de generación y controlar la tensión, el apagón se habría evitado. Por ello, rechaza la versión oficial y responsabiliza al operador por una insuficiente previsión y por no asumir su responsabilidad, lamentando el daño causado a la reputación del sector eléctrico español.

Con todo esto, y a pesar de los detalles técnicos y del cruce de declaraciones entre los actores implicados, ninguna de las publicaciones responde con claridad al origen de la sobrecarga de tensión que desató el colapso energético. Tanto el Gobierno como Red Eléctrica reconocen que siguen existiendo zonas oscuras y datos insuficientes para saber exactamente qué factor detonó la reacción en cadena.

Todo esto deja un panorama muy claro: tras los análisis, los informes con tachones, las múltiples comparecencias, y las que aún quedan por venir, la gran incógnita sobre el apagón del 28 de abril todavía no está resuelta. Las tensiones entre los tres actores crece, las culpas van y vienen, pero la causa precisa de la crisis eléctrica más importante en años sigue siendo un misterio para la opinión pública, sin culpables ni respuestas claras.