
La investigación sobre el caso Koldo amenaza con ampliar el número de implicados más allá del “triángulo tóxico” que formaban el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, su sucesor en el partido, Santos Cerdán y el exasesor ministerial, Koldo García. Dentro de las indagaciones sobre la trama de corrupción que afecta al PSOE, la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto la mirada en los contratos de mascarillas durante la pandemia en Baleares y Canarias, con Francina Armengol y Ángel Víctor Torres al frente.
En concreto, según La Razón, esta unidad está elaborando un nuevo informe acerca de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, la empresa que obtuvo 54 millones de euros con los contratos de emergencia. Asimismo, según informó la Cadena Ser, la Guardia Civil posee “cuatro memorias externas con las grabaciones” que realizó Koldo García a decenas de políticos, desde ministros y exministros del Gobierno de Pedro Sánchez hasta dirigentes y exdirigentes socialistas, pero también de otros partidos, como el PNV o el PP.
Por ello, y tras el mazazo que supuso el informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, en el Gobierno y en el PSOE ya solo dan la cara por la institución y las siglas, pero evitan negar la posible existencia de más manzanas podridas. En este sentido, desde Moncloa optan incluso por ponerse la venda antes de la herida al asumir que “saldrán más cosas”. La ministra portavoz, Pilar Alegría, dio este martes el primer paso del viraje en el discurso del Ejecutivo, que sí se atrevió a cerrar filas tras la imputación de José Luis Ábalos el pasado mes de noviembre.
Preguntada sobre si pueden garantizar que no aparecerán más implicados del Gobierno en este caso de presunta corrupción, Alegría dijo que ninguna organización está exenta de tener casos de irregularidades en sus filas. Y es que, la incertidumbre sobre la aparición de nuevos nombres en la investigación sacude al partido y a los socios del Ejecutivo, que se mantienen expectantes ante los eventuales acontecimientos que le obliguen a dar pasos de mayor calado.
“Van a salir más cosas, seguro; vamos a convivir con ello. Lo que no vamos a hacer es desfallecer. Merece la pena aguantar, aunque sea una tortura”, añaden desde Moncloa. Estas fuentes justifican la continuidad del Gobierno al asegurar que todas las informaciones conocidas en las últimas semanas se enmarcan en la investigación judicial, y no se han plasmado todavía en una sentencia. “Si cediéramos, sería ceder en la estrategia de acabar con el Gobierno”, apostillan estas voces para dejar claro que no se achantarán ante la “tortura”. “Como mínimo, vamos a intentarlo”, zanjan desde la parte socialista del Ejecutivo.
Por otro lado, en Moncloa subrayan que la investigación no ha comprometido hasta la fecha al presidente del Gobierno. “Cientos de horas de grabaciones y el presidente no ha salido por ningún lado ni se hace ninguna referencia”, reivindican en el Ejecutivo. Asimismo, en el PSOE tratan de despejar las dudas sobre la posible financiación irregular del partido. No solo la Ejecutiva, también por parte del sector crítico, encabezado por el barón castellanomanchego Emiliano García-Page, se pretende alejar esa idea al no haber indicios sólidos.
Sánchez se jacta de que todavía no hay ninguna sentencia en contra del Gobierno
El propio Sánchez sacó pecho de que su Ejecutivo no ha recibido ninguna sentencia por corrupción en los siete años que lleva al frente del Palacio de la Moncloa. Lo hizo en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, en la que los ministros socialistas, además del propio líder del partido de la rosa, enarbolaron la bandera de la tolerancia cero con la corrupción. Y es que, la consigna pasa ahora por insistir en el compromiso de actuar con contundencia ante las irregularidades para tratar de ganar tiempo frente a los socios de la coalición y el resto de aliados parlamentarios.

Una vez cerrada la ronda de contactos iniciada por Sánchez para calibrar sus relaciones con sus socios de investidura tras la supuesta implicación de Cerdán en el caso Koldo, estos han señalado que no pueden garantizar su apoyo. Todos coinciden en pedir medidas “más contundentes” contra la corrupción y más explicaciones, especialmente ante el escenario de incertidumbre sobre el alcance de la supuesta trama de mordidas a cambio de contratos de obra pública.
Asimismo, algunos de ellos aprovechan la debilidad de los socialistas, que atraviesan sus horas más bajas, para elevar sus exigencias. Sumar pidió el impulso de la agenda social para intentar ganar más protagonismo, mientras que PNV y Junts supeditaron su apoyo a que el Gobierno garantice el cumplimiento de sus compromisos. ERC elevó el tono contra Sánchez, y Podemos y BNG dieron plantón al presidente del Gobierno al considerar que no tiene legitimidad. Pese al distanciamiento constatado, ninguna formación se decanta por mover ficha a la espera de la evolución de los acontecimientos.
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