Trabajadoras sexuales acusan al Gobierno de usar la abolición de la prostitución para desviar la atención del ‘caso Koldo’: “Patético”

Trabajadoras sexuales del sindicato Otras han criticado que el anuncio del Ministerio de Igualdad de llevar al Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre una ley para abolir la prostitución responde a un “intento bastante patético de tapar la corrupción del partido desviando un poco la atención hacia otra vez el tema de la prostitución, para utilizarnos a las trabajadoras sexuales como chivos expiatorios y para desviar obviamente el foco de la corrupción”, han expresado fuentes del sindicato en declaraciones recogidas por Europa Press.

Las trabajadoras sexuales reaccionan así al anuncio realizado este miércoles por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha confirmado que en septiembre presentará ante el Consejo de Ministros un proyecto de Ley para abolir la prostitución.

“Estamos preparando ya, de cara al inicio del curso político, para septiembre, finales de septiembre, una batería de medidas que incorporarán la abolición de la prostitución para legislar en ese camino hacia la erradicación de la prostitución y el machismo”, ha señalado Redondo durante el acto conmemorativo del 20 aniversario de la Ley del Matrimonio Igualitario, celebrado en el Ministerio de Igualdad.

En relación con estas declaraciones, desde Otras han manifestado su malestar por lo que consideran un uso oportunista de su situación: están “bastante cansadas” de que se “utilice” a “unas de las personas más oprimidas de la sociedad como moneda de cambio o como una herramienta electoral para intentar tapar las vergüenzas del Partido Socialista”.

“El Partido Socialista no tiene ninguna credibilidad sobre el tema. Más del 70% de los españoles como media en las encuestas quieren regular la actividad dotándonos de derechos. De media solo sale un 14% que esté a favor de la abolición y yo creo que los otros partidos tienen que cargarse cualquier intento del PSOE de banalizar y de blanquear sus crímenes”, han subrayado las mismas fuentes.

La ley que ahora está elaborando el Ministerio de Igualdad se basa en un enfoque abolicionista, una postura que el PSOE ha defendido históricamente. El texto prevé sancionar todas las formas de proxenetismo, incluso aquellas ejercidas con consentimiento, y penalizar la llamada tercería locativa, es decir, la cesión o alquiler de espacios en los que se ejerza la prostitución. Además, incluirá campañas de concienciación pública y medidas de apoyo social destinadas a facilitar la salida de las mujeres del sistema prostitucional.

A diferencia de los intentos anteriores —presentados como proposiciones de ley por el grupo parlamentario socialista y que fracasaron por falta de respaldo suficiente—, en esta ocasión el Gobierno presentará un anteproyecto propio. Este cambio de estrategia busca dotar a la iniciativa de mayor impulso institucional y mejorar sus posibilidades de avanzar en la tramitación parlamentaria.

Sin embargo, esta postura ha generado fuerte oposición por parte de colectivos de trabajadoras sexuales y organizaciones como Otras, el Colectivo Hetaira o la Asociación de Profesionales del Sexo (Aprosex), que denuncian que la abolición las deja en una situación de mayor vulnerabilidad. Estas entidades defienden una regulación del trabajo sexual que permita el acceso a derechos laborales y de protección social, y critican que el enfoque abolicionista podría empujar la actividad a la clandestinidad.

El anuncio llega en un momento político especialmente delicado para el PSOE: está en plena crisis por el escándalo del ‘caso Koldo’ —una trama de presuntas corrupciones que alcanza a figuras como Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán— y a esto se suman filtraciones de grabaciones devastadoras. En estos audios se escuchan comentarios machistas sobre mujeres en situación de prostitución, lo que ha provocado una reacción de rechazo unánime dentro del partido —descriptos como “asquerosos” y “vomitivos” por feministas socialistas— y ha encendido un duro debate interno sobre coherencia ética y responsabilidad política.