El Gobierno se da prisa para aprobar el informe sobre las causas del gran apagón en plena tormenta por el ‘caso Koldo’

La investigación concluye apenas siete semanas después del histórico incidente que dejó sin luz a millones de personas en la península ibérica, a pesar de que el Ejecutivo calculaba que duraría entre tres y seis meses dado el elevado volumen de datos a recabar

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La ministra portavoz, Pilar Alegría,
La ministra portavoz, Pilar Alegría, junto a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en Moncloa. (EFE/J.J. Guillén)

El Gobierno ha sorprendido este martes con la aprobación del informe del Comité de análisis de la crisis eléctrica del 28 de abril, el cual establece que el cero eléctrico se produjo por un problema de sobretensión con un origen multifactorial. La investigación ha concluido apenas siete semanas después del histórico incidente que dejó sin luz a millones de personas en la península ibérica, a pesar de que el Gobierno calculaba que duraría entre tres y seis meses dado el elevado volumen de datos a recabar.

Se da el caso de que este análisis coincide con la tormenta política que acorrala al Gobierno por el caso Koldo, que ha dejado tocado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la supuesta implicación del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán en la trama de mordidas en contratos de obra pública. En este contexto, cabe subrayar que, tras un parón de más de diez días, el Gobierno dio un impulso a las reuniones del grupo de trabajo después del demoledor informe de la UCO.

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Según la agenda oficial, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, lideró hasta tres reuniones del comité de expertos desde el pasado viernes, un día después de las nuevas informaciones sobre el caso Koldo, hasta este lunes, cuando se aprobó dicho informe, según ha podido saber este medio. Esto es, el llamado Comité de análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril celebró una reunión el viernes, otra el domingo y la última, el lunes, mientras que las otras 11 se celebraron de manera más espaciada en el tiempo desde el pasado 30 de mayo hasta el 4 de junio. Asimismo, el informe fue aprobado en la misma mañana del martes por el Consejo de Seguridad Nacional y, acto seguido, fue aprobado por el Consejo de Ministros.

Análisis de más de 300 gigas en solo siete semanas

Tras analizar más de 300 gigas de información, el Gobierno cumple de manera holgada con los plazos impuestos por la Comisión Europea. En concreto, Bruselas obligó a España a notificarle en un plazo de tres meses las causas del incidente, su impacto y las propuestas para mejorar el sistema. No obstante, el Ejecutivo alejó la previsión sobre el envío de esta información y llegó a advertir de que la investigación podría prolongarse hasta seis meses.

Una vez concluida, el Gobierno se ha jactado de la actuación de los dos grupos de trabajo que conforman dicho comité. Por un lado, el Grupo de Trabajo de Ciberseguridad y Sistemas Digitales ha realizado “la mayor investigación sobre ciberseguridad de la historia de España; con la participación de más de 75 expertos, ha analizado 133 GB de datos y ha descartado la posibilidad de que el incidente respondiese a un ciberataque, ni en las instalaciones del Operador del Sistema, ni en los centros del control, ni en los centros de generación analizados”. Por su parte, el Grupo de Trabajo de Operación del Sistema Eléctrico ha realizado 770 solicitudes de información y ha analizado 170 GB de información.

Según señaló Sara Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el documento concluye que el incidente tuvo un origen multifactorial, “con una cascada temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema” y culminaron con el cero eléctrico peninsular por sobretensión, dejando sin luz a casi toda España durante más de 10 horas seguidas. El informe incluye también una batería de recomendaciones que abarcan desde mejorar el control y la supervisión del comportamiento de los agentes hasta el aumento del nivel de interconexión con Francia.

“En 49 días, prácticamente la mitad del plazo establecido por la UE, el Comité ha proporcionado un diagnóstico riguroso y contrastado que nos permitirá fortalecer el sistema eléctrico, una base sólida sobre la que podemos trabajar para diseñar respuestas rápidas con el objetivo de que no vuelva a repetirse", subrayó. Asimismo, informó de que el Consejo de Ministros de la próxima semana “aprobará varias medidas relevantes”.

Cronología del incidente

La cronología del incidente se divide en cuatro tramos, reproducidos a continuación:

  • FASE O: Inestabilidad de tensión. Durante los días previos al incidente hubo alteraciones de las tensiones y en la mañana del día 28 las tensiones variaban con más intensidad de lo normal.
  • FASE 1: Oscilaciones en el sistema (12.00 h – 12.30 h). A las 12.03 h se registró una oscilación atípica, de 0,6 Hz, que durante 4,42 minutos provocó grandes fluctuaciones de tensión. Esta oscilación obligó al Operador del Sistema a aplicar las medidas protocolizadas para amortiguarla, como aumentar el mallado de la red –restringido por la baja demanda– o reducir el flujo de interconexión con Francia. Todas estas actuaciones amortiguaron la oscilación, pero tuvieron como efecto secundario un incremento de las tensiones.  A las 12.16 h se volvió a registrar la misma oscilación, más pequeña, y a las 12.19 h otra oscilación más, de 0,2 Hz, en este caso, con las características habituales de estos fenómenos europeos. El Operador del Sistema aplicó las mismas medidas para amortiguarla, que igualmente contribuyeron a aumentar la tensión.
  • FASE 2: Pérdidas de generación (12.32.57 – 12.33.18). La tensión empezó a subir de forma rápida y sostenida, y se registraron numerosas y progresivas desconexiones de instalaciones de generación en Granada, Badajoz, Segovia, Huelva, Sevilla, Cáceres y otras provincias.
  • FASE 3: Colapso (12.33.18 – 12.33.30). El progresivo incremento de tensión produjo una reacción en cadena de desconexiones por sobretensión que no fue posible contener, puesto que cada una de las desconexiones contribuyó a nuevas alzas en las tensiones. También se registró una caída de frecuencia que derivó en la pérdida del sincronismo con Francia, el disparo de la interconexión con el resto del continente y el cero eléctrico peninsular.

Entre las principales conclusiones, el informe destaca que el sistema mostraba una capacidad de control de “tensión insuficiente por dos motivos. “Uno, el día 27, anterior al incidente, el Operador del Sistema programó la actividad de 10 centrales síncronas con capacidad para regular tensión el día 28 de acuerdo con su consigna. El número final de centrales síncronas acopladas fue el más bajo desde el inicio de año. Y dos, varias de las centrales capaces de regular la tensión –y retribuidas específicamente por ello al haber sido programadas por restricciones técnicas con esta finalidad– no respondieron adecuadamente a las consignas del Operador del Sistema para reducirla; alguna, incluso, produjo energía reactiva, lo contrario de lo requerido, contribuyendo a incrementar el problema”. Asimismo, el documento detalla que se produjeron las oscilaciones y se desconectaron centrales de generación, “algunas de un modo aparentemente indebido”.

Por último, entre las actuaciones para evitar que se repita un incidente de este tipo, el comité propone el refuerzo de la supervisión y la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los agentes del sistema eléctrico, así como medidas técnicas que refuercen las capacidades para el control de tensión y protección contra las oscilaciones en el sistema. Además, pide aumentar la demanda y la flexibilidad del sistema eléctrico, y mantener la prioridad gubernamental de incrementar el nivel de interconexión con nuestros países vecinos.

Tras presentar estas conclusiones, Aagesen abogó por “una reflexión” de “todos los agentes” del sistema eléctrico, aunque evitó señalar culpables al dejar en manos la CNMC y los tribunales la labor de depurar responsabilidades, los encargados de fijar las responsabilidades.