El pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado este martes iniciar la tramitación de la proposición de ley del PP para prolongar la vida útil de las centrales nucleares gracias al apoyo de Vox y la abstención de Junts per Catalunya. La toma en consideración de la iniciativa ha salido adelante por 171 votos a favor, 166 en contra y siete abstenciones.
Los siete diputados de ERC, que se han abstenido junto a Junts en la votación este año de otras propuestas no de ley similares, han votado en contra en esta ocasión.
La dependencia de la energía nuclear condiciona el voto de los partidos catalanes
Esa tradicional abstención de ERC y Junts se basaba hasta ahora en que más del 50 % de la electricidad que se consume en Cataluña proviene de las centrales nucleares.
La diputada de ERC Teresa Jordá ha subrayado que esto es porque los sucesivos gobiernos centrales han sido unos “irresponsables” y “no han hecho planes de transición energética suficientes ni a tiempo”.
Ha explicado que eso significa que el Gobierno “no puede mantener el calendario de cierre sin hacer los deberes”, pero ha recalcado que ERC está a favor del cierre de las centrales nucleares porque el riesgo de seguridad y los gastos asociados a mantenerlas “son cada vez más evidentes”.
La representante de Junts Pilar Calvo ha coincidido en que Cataluña “necesita respuestas y que el Gobierno español garantice el suministro” y ha fundamentado su abstención en que su grupo no puede “poner en riesgo la competitividad de la industria” catalana.
El debate nuclear desata críticas al Gobierno y polariza a los partidos en torno al futuro energético
En esa línea, la diputada independentista ha criticado que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no haya recibido a las energéticas para “abrir el debate de las condiciones de la transición energética que Cataluña lleva con mucho retraso”.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP Juan Diego Requena ha citado distintos informes que señalan que la energía nuclear es “esencial” y ha afirmado que “un gobierno cercado por la corrupción al que le quedan dos telediarios no puede tomar la decisión trascendental del cierre nuclear, que generará un problema irreversible, para que ese problema lo asuma otro gobierno”.
Los riesgos de seguridad y los costes económicos que supondría prorrogar la vida de las nucleares han sido las principales razones que han esgrimido también el resto de los grupos que están en contra de la medida. El PNV ha cuantificado en 2.500 millones al año esos “sobrecostes” que repercutirían en el bolsillo de los ciudadanos.
Por su parte, el diputado socialista Andreu Martín ha planteado al PP el problema de la ubicación de los residuos nucleares. “¿Dónde quieren guardarlos? ¿En Barcelona? ¿En Madrid? ¿En Génova 13? ¿En el ático de (Isabel Díaz) Ayuso?”, ha apuntado.
Desde Sumar, Eloi Badia ha arremetido contra el “cartel” corrupto que, a su juicio, forman Endesa, Iberdrola y Naturgy, mientras que, en nombre de Vox, José María Figaredo ha abogado, no solo por mantener las centrales nucleares que hay, sino por abrir otras nuevas y por bajarles los impuestos.
*Información elaborada por Agencia EFE.
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