Bustinduy advierte a los fondos buitre y a las inmobiliarias que incumplan la ley en materia de vivienda: “Van a pagar por ello”

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este martes a los ciudadanos que denuncien cualquier tipo de práctica ilegal en materia de vivienda, como los alquileres, y ha advertido a los fondos de inversión y a las inmobiliarias que incumplen la ley que van “a pagar por ello”.

El ministro, miembro de Sumar, ha hecho estas declaraciones al informar sobre el segundo expediente sancionador que ha abierto su ministerio a una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por posibles cobros de comisiones ilegales a inquilinos y por la sospecha de que habría obligado a contratar servicios no solicitados. Bustinduy ha señalado que no se ha dado a conocer el nombre de la inmobiliaria porque la normativa vigente establece una serie de salvaguardas y garantías y que el ministerio se debe atener a la ley y “guardar la debida cautela” sobre el contenido de los expedientes en curso.

Un comunicado emitido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 informa que el nuevo expediente sancionador que ha incoado a una agencia inmobiliaria se ha debido a “posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados”.

Se trata del segundo expediente de este tipo que se ha abierto desde el Ministerio a través de la Dirección General de Consumo, después del que se abrió a finales de marzo a una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por estas mismas posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas. Estos expedientes se enmarcan en la investigación que Consumo está llevando desde el pasado mes de octubre en el ámbito de la gestión del alquiler inmobiliario.

La segunda investigación se abrió a partir de denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU y de asociaciones de consumidores como FACUA y OCU, y sigue en marcha respecto a otras empresas inmobiliarias a las que también se podrían incoar expedientes por haber podido cometer estas u otras prácticas.

Las principales prácticas denunciadas por las diferentes organizaciones se basan en infracciones como obligar a los inquilinos e inquilinas a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino. A este respecto, desde Consumo se señala que la «Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda» prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

La Dirección General de Consumo informa de que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían calificarse como graves y muy graves. Las primeras pueden ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, aunque pueden sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Las muy graves pueden sancionarse con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Los dos procedimientos sancionadores abiertos a sendas agencias inmobiliarias se unen a los expedientes que la Dirección General de Consumo mantiene abiertos en el sector de los pisos turísticos contra, por una parte, una gran plataforma de alquiler de vivienda turística que mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita y, por otro lado, al expediente sancionador abierto contra empresas que administran viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación induzca”, lo que supondría una práctica engañosa. En este sentido, cabe destacar que el ministerio ha ordenado el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos a la plataforma Airbnb.

El titular de Consumo ha remarcado que “no es tolerable” que alguien se lucre “de manera espuria”, no cumpla con la normativa vigente y se aproveche de la situación “de dificultad” que enfrentan millones de familias en España para acceder al derecho constitucional a la vivienda. Por ello, ha querido enviar varios mensajes. El primero para agradecer a la sociedad civil y a las organizaciones de consumidores y usuarios, especialmente al Sindicato de Inquilinas, que cursaron las denuncias que han resultado en la apertura de estos expedientes.

También ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que cuando vean violentados sus derechos lo denuncien ante las autoridades autonómicas de consumo y también ante el ministerio, para poder actuar y garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley.

El segundo mensaje ha ido dirigido a las empresas en materia de vivienda que estén incurriendo en este tipo de prácticas, a los fondos de inversión que -ha dicho- se están lucrando a costa de cercenar el derecho a la vivienda de los españoles, a las inmobiliarias que estén incumpliendo sus obligaciones legales, y a quienes incurren en prácticas corruptas.

“Quien no respete la ley en este país va a pagar por ello. El Ministerio de Consumo y los ministros y ministras de Sumar que nunca, jamás, confunden sus lealtades se van a encargar de que así sea. En este país se va a cumplir y respetar la ley, y se va a proteger los intereses de las familias trabajadoras”, ha concluido el ministro.