Indra respalda el embargo de armas de Israel, pero reconoce su dependencia tecnológica: ahora busca alternativas

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha expresado este lunes su apoyo a los planes del Ministerio de Defensa para avanzar en la “desconexión” tecnológica y militar de Israel. Durante su intervención en el Salón Aeronáutico de París-Le Bourget, ha confirmado que la compañía ya ha identificado proveedores alternativos para sustituir componentes adquiridos al país hebreo. “Lo tenemos controlado”, ha señalado. Según ha dicho, el impacto ha sido “inexistente”, al tratarse únicamente de un reemplazo en la cadena de suministro sin consecuencias operativas.

Estas declaraciones se producen después de que la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, reconociera que ciertos programas industriales españoles mantienen una “dependencia tecnológica” de productos fabricados por empresas israelíes. No obstante, subrayó que la desconexión no afectará ni a los desarrollos en curso ni a las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas. El Ministerio ya trabaja en alternativas para prescindir del material israelí en futuros proyectos.

La iniciativa del Gobierno se alinea con la proposición de ley impulsada en el Congreso por Sumar, Podemos y BNG para aplicar un embargo de armas a Israel. La tramitación de este texto fue aprobada a finales de mayo, en medio de un clima político marcado por las críticas a la actuación militar israelí en la Franja de Gaza.

La cartera que dirige Margarita Robles ha comenzado a revisar varios contratos en los que participan empresas israelíes. Uno de los más relevantes es el sistema lanzacohetes SILAM, adjudicado a Expal, Escribano Mechanical & Engineering y la israelí Elbit Systems. También está bajo revisión el programa de misiles Spike LR2, desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems junto a la española PAP Tecnos.

En este contexto, Defensa ha revocado recientemente la licencia para fabricar los misiles Spike LR2 en España, un contrato de más de 280 millones de euros que preveía el suministro de 1.680 misiles a las Fuerzas Armadas. Asimismo, se denegó la entrada al puerto de Cartagena de un buque con material militar vinculado a ese programa, según publicó la Cadena SER. En paralelo, se trabaja para sustituir completamente la tecnología israelí en el proyecto SILAM por soluciones desarrolladas por empresas nacionales.

El Ministerio insiste en que estas decisiones no ponen en riesgo los contratos vigentes ni la operatividad militar, y en que se enmarcan en el objetivo de reforzar la autonomía estratégica y la industria propia. Valcarce ha definido esta estrategia como un “objetivo de cero dependencia” respecto a proveedores israelíes.

La desconexión tecnológica se produce en un escenario de tensión entre España e Israel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó públicamente a Israel de “Estado genocida” durante una sesión parlamentaria celebrada en mayo, lo que generó un fuerte malestar en el Ejecutivo israelí y un deterioro de las relaciones diplomáticas.

Además, organizaciones como el Centre Delàs han documentado al menos 46 contratos entre entidades españolas y empresas israelíes por valor de más de 1.000 millones de euros entre octubre de 2023 y marzo de 2025. En esos acuerdos se incluyen sistemas y tecnologías desarrolladas en contextos bélicos como la Franja de Gaza. Varios de esos contratos están siendo objeto de revisión por parte del Gobierno.

Por su parte, el Partido Popular ha exigido explicaciones al Ejecutivo sobre las implicaciones técnicas y económicas de esta desconexión, reclamando más transparencia sobre la hoja de ruta y el impacto que tendrá en el sector de defensa.

En el plano internacional, el Gobierno israelí ha calificado la decisión española de “unilateral y poco amistosa”, y ha advertido de que podría afectar a la cooperación tecnológica en materia de defensa. En la reciente feria Paris Air Show, las empresas israelíes se vieron obligadas a reducir su visibilidad tras una decisión de los organizadores para evitar incidentes políticos. Israel consideró esta medida como una “humillación”.

La OCDE, por su parte, ha advertido sobre el aumento del gasto militar en España y su posible impacto en el déficit público, en un contexto de desaceleración económica y presión sobre las cuentas públicas.