Cómo afecta a los usuarios la nueva ley de cajeros automáticos en España

El próximo 28 de junio entrará en vigor en España la nueva Ley 11/2023, que adapta la directiva europea sobre accesibilidad, estableciendo un marco obligatorio para que los cajeros automáticos sean plenamente accesibles.

Esta normativa, que se aplicará tanto a los nuevos dispositivos como en un plazo máximo de diez años a los ya instalados, tiene como objetivo principal garantizar el acceso universal a servicios bancarios, especialmente para personas mayores y con discapacidad física, sensorial o cognitiva.

La Ley 11/2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado y desarrollada a partir de la directiva europea 2019/882, prevé que todos los cajeros nuevos cumplan, desde el 28 de junio, con exigencias tecnológicas y de diseño orientadas a facilitar su uso a cualquier persona, independientemente de su condición física.

Esta nueva normativa tendrá una serie de beneficios que alcanzarán a toda la población, pues exige que se instalen pantallas de alto contraste y tipografías grandes para personas con baja visión, así como que cuenten con la posibilidad de ajustar brillo y contraste.

El sistema incluirá instrucciones por voz, teclados en braille y botones en relieve, haciendo posible una navegación autónoma para usuarios con discapacidad visual. Aquellos que lo necesiten podrán conectar sus propios auriculares, recibiendo indicaciones auditivas de manera confidencial.

Además, los menús se rediseñarán para resultar intuitivos y manejables para personas mayores o poco habituadas a la tecnología, un cambio que busca reducir la brecha tecnológica en el acceso financiero. En cuanto a la disposición física, los cajeros tendrán una altura e inclinación adaptadas para permitir su uso desde una silla de ruedas.

Con estas medidas, el impacto en el día a día de los usuarios será inmediato y palpable. Las personas con discapacidad o movilidad reducida podrán operar los cajeros con total independencia, sin requerir asistencia de terceros. Igualmente, los usuarios con dificultades auditivas, visuales o cognitivas contarán con herramientas para acceder de forma autónoma a sus cuentas y realizar operaciones bancarias.

Se espera, además, que la mejora en la usabilidad beneficie a todos los clientes, aportando mayor claridad, privacidad y facilidad en las transacciones rutinarias, como retiradas de efectivo, consultas de saldo o transacciones básicas.

Aquellos cajeros instalados antes de la entrada en vigor de la ley, unos 47.000 en toda España, podrán seguir operando, aunque solo hasta el final de su vida útil, establecido en un máximo de diez años. Durante ese periodo, los bancos deberán actualizar gradualmente su red para cumplir con la legislación antes del 29 de junio de 2035.

La adaptación de los cajeros supondrá para las entidades una inversión significativa, estimada entre 1.500 y 3.000 euros por aparato. Fuentes de varias entidades bancarias, consultadas por 20 Minutos, han explicado que la actualización tecnológica ya está en marcha, con planes graduales de renovación en entidades como Bankinter, Unicaja, Santander, Ibercaja y CaixaBank.

Estas entidades reconocen el esfuerzo logístico y económico que implica modernizar tanto el hardware como el software, además de la formación necesaria para atender a personas con diversidad funcional.

Por su parte, las asociaciones de personas con discapacidad, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), critican que la transposición de la normativa europea “llega tarde y mal”, pues consideran que la legislación previa española ya contemplaba muchos de estos avances.

De igual manera, la obligatoriedad y los plazos definidos por la Ley 11/2023 colocan a España en línea con los países de la Unión Europea más avanzados en accesibilidad financiera.