El PSOE trata de espantar las dudas sobre una supuesta financiación ilegal tras el informe de la UCO: es octavo en materia de transparencia

La sombra de la financiación irregular se posa sobre el PSOE. El presidente del Gobierno que lideró y ganó una moción de censura como consecuencia directa de la sentencia de la primera época del caso Gürtel, que condenó al PP como responsable a título lucrativo, se enfrenta ahora a una situación similar. Más de siete años después, el objetivo con el que Pedro Sánchez llegó al Ejecutivo se tambalea o, al menos, se sitúa contra las cuerdas por las revelaciones del último informe de la UCO, enviado al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo.

Las grabaciones que acompañan el informe de la Guardia Civil muestran cómo funcionó durante años una red de comisiones vinculada a contratos públicos con José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, señalando al ya ex secretario de Organización, Santos Cerdán, como “la persona encargada de gestionar” 620.000 euros en presuntos pagos ilícitos a Koldo Gacía y al exministro.

Asimismo, el informe de la UCO insinúa que había un sistema de “ingresos” para financiar al partido, ya que sugiere la posibilidad de que José Luis Ábalos fuera destituido en julio de 2021 como ministro de Transportes porque actuaba de espaldas al sistema de cobros que presuntamente lideraba Santos Cerdán para el ingreso de comisiones a través de obra pública.

“Sería por esto por lo que José Ruz [un empresario valenciano que se pudo beneficiar de contratos públicos] alegó que dejarles ‘fuera del baile’ no sería conveniente para el PSOE (“ganadería”). Adicionalmente, resulta también de interés el hecho de que el PSOE hubiera podido hacer público en el sector de la construcción dicho aislamiento a determinadas empresas”, detalla el informe.

Asimismo, la información aportada por la UCO destaca otra conversación en la que Koldo García avisa al director general de Carreteras de la etapa de Ábalos, Javier Herrero, de que iban a contactarle desde la gerencia del partido para pedirle “el impuesto”. Más tarde, Herrero respondió “que le había enviado un formulario, pero no le había especificado cuantía”, una alusión que la UCO cree que puede deberse a que “desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica”.

Consciente de la gravedad de los hechos, Sánchez anunció desde Ferraz que llevaría a cabo una auditoría externa del partido “para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener, lógicamente, la ciudadanía después de conocer las informaciones de hoy”. Reconoció que “no existe la corrupción cero”, pero “sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce”, e insistió en que seguirá “trabajando por lo que siempre he defendido: la política limpia y la regeneración democrática”.

Pese a las dudas sembradas por el informe, que no fue capaz de disipar Sánchez, el secretario general de los socialistas recordó los informes “positivos” del Tribunal de Cuentas. En este sentido, el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público situó al partido en el puesto número 8 en materia de transparencia.

En el informe de fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia por los partidos políticos, presentado en las Cortes esta misma semana y aprobado el pasado mes de noviembre, el tribunal hizo un análisis de un total de 63 formaciones políticas que en diferentes elecciones en 2023 y 2024 han obtenido representación en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos autonómicos y en ayuntamientos de más de 100.000 habitantes.

El informe concluye que “más de la mitad de los partidos políticos analizados han obtenido una calificación media o alta en relación con el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa. El 21% de ellos (13 partidos) han recibido una calificación alta, el 37% (23 partidos) una calificación media y un 25% (16 partidos) una calificación baja. La fiscalización sobre transparencia concluye que el 17% de los partidos no ha cumplido ninguna de sus obligaciones de publicidad”.

La lista correspondiente al cumplimiento en esta materia de los partidos que concurrieron al Congreso la lidera ERC, que cumple el 91% de sus obligaciones de transparencia, seguida de Junts (88%), el PNV (87%) y Coalición Canaria (84%). En la quinta posición aparece Vox, con un 80% de cumplimiento y le siguen el PSC (78%), PP (77%) y el PSOE, con un 72%. Los tres últimos puestos son para Sumar (40%), el PCE (30%) y Alternatiba (16%).

Entre los aspectos analizados, destaca la estructura organizativa, el organigrama, los miembros directivos y su perfil profesional. Asimismo, se constata la normativa aplicable, los estatutos, las instrucciones de contratación, la normativa interna y el canal ético. Por último, analiza la publicación del balance económico, la cuenta de resultados, los créditos, las subvenciones, las donaciones de más 25.000 euros, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas y las retribuciones de directivos.

No obstante, cabe subrayar que transparencia no es sinónimo de limpieza. Por ello, en el partido apelan a la importancia de la auditoría para eliminar cualquier atisbo que le relacione con una supuesta financiación irregular. En todo caso, varios ministros sí han tratado de dar una respuesta a las conversaciones recogidas en el informe de la UCO que hablan de un “impuesto”.

Como resumió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el “impuesto” que aparece en el informe de la UCO es la cuota voluntaria que los cargos públicos y militantes del PSOE abonan al partido en función del salario que cobran como cargo público. “A esto internamente en el partido lo llamamos el impuesto”, aseveró el pasado viernes.

No obstante, reiteró el anuncio sobre la auditoría externa para “que podamos quedarnos tranquilos por completo”. “Estoy convencido de que llegará a la conclusión de que no hay ninguna afectación porque ya lo ha dicho el Tribunal de Cuentas”, agregó.