El número de ciudadanos españoles recluidos en cárceles fuera del país continúa en aumento. Según los últimos datos recogidos en el Balance de Actividad Consular 2024, publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al cierre del año pasado se contabilizaban 1.053 españoles encarcelados en el extranjero. Del total, 920 son hombres y 133 mujeres.
Las cifras reflejan una tendencia al alza desde 2022. Según datos recogidos por Europa Press, en diciembre de 2023 se registraron 940 personas en esta situación, frente a las 894 en 2022, las 777 en 2021 y las 862 a finales de 2020. Desde el Ministerio se apunta a que “desde 2022 se viene observando un aumento de las cifras de detenidos tras una bajada paulatina en los años anteriores, lo que se explica principalmente por la reapertura de fronteras tras el fin de la crisis sanitaria” vinculada a la pandemia de COVID-19.
Los países donde se concentra el mayor número de ciudadanos españoles encarcelados son Francia, Alemania y Marruecos. Estos tres estados reúnen el mayor volumen de casos, aunque el Ministerio no detalla las cifras desglosadas por país.
Asistencia desde las oficinas consulares
El trabajo de las oficinas consulares españolas en el exterior incluye la asistencia a los ciudadanos que cumplen condena fuera del país. Entre las funciones que se les encomiendan figura la de velar por que estos reciban un trato adecuado por parte de las autoridades penitenciarias del país en el que se encuentran, así como asegurar unas condiciones mínimas de alimentación, atención médica y salubridad.
El personal consular también puede actuar como canal de comunicación entre las personas encarceladas y sus familias. Esta labor incluye el traslado de información, la entrega de correspondencia o material de lectura, y la realización de visitas consulares para hacer seguimiento de cada caso. En determinados supuestos, también se puede conceder asistencia económica.
Esta ayuda económica está dirigida a aquellos casos en los que no se pueda equiparar la atención penitenciaria recibida en el extranjero con los estándares del sistema español, y en los que ni la persona detenida ni su entorno dispongan de medios económicos. La cantidad máxima prevista es de 120 euros mensuales, salvo cuando la persona encarcelada convive con menores en prisión.
Durante 2024, las Oficinas Consulares concedieron ayudas a detenidos por un total de 209.000 euros. La cifra es inferior a los 260.000 euros destinados a este concepto en 2023, según datos incluidos en el balance del ejercicio anterior, también consultado por Europa Press.
Traslados a prisiones españolas
Además de la asistencia consular ordinaria, el Ministerio gestiona expedientes de traslado para que las personas condenadas en el extranjero puedan continuar cumpliendo su condena en centros penitenciarios españoles. Estos traslados requieren la autorización del Consejo de Ministros, así como el consentimiento del país donde se encuentra la persona encarcelada.
España mantiene acuerdos de extradición con 38 países que permiten facilitar este tipo de procesos. En 2024, se iniciaron 16 nuevos expedientes de traslado y se completaron 65 traslados, en su mayoría desde países de América del Sur y de la Unión Europea. Un año antes, en 2023, se registraron 55 expedientes y se ejecutaron 82 traslados.
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