Un jubilado quería recuperar más 10.000 euros de impago de alquileres, pero el banco canceló la deuda de su inquilina: “Estoy indignado”

El impago de alquiler es una de las situaciones más comunes y problemáticas en el ámbito de la renta inmobiliaria, generando consecuencias legales y económicas tanto para arrendadores como para inquilinos. En un caso reciente, un jubilado se ha visto envuelto en una ardua batalla legal para recuperar más de 10.000 euros por impagos de alquiler de su inquilino. El hombre, quien había confiado en la relación de arrendamiento, se vio obligado a reclamar la deuda tras meses de retrasos en los pagos, lo que le generó un perjuicio significativo. Ante la falta de respuesta, inició el proceso legal para exigir el importe adeudado, un derecho que asiste a los arrendadores en estos casos.

Aunque, el proceso incluyó la posibilidad de mediación, donde ambas partes pudieron discutir las soluciones sin llegar a la vía judicial, la falta de acuerdo finalmente derivó en un procedimiento más formal. En situaciones como esta, es importante recordar que los contratos de alquiler deben prever claramente las condiciones de pago y las consecuencias del impago, como intereses, penalizaciones y el uso de la fianza para cubrir deudas.

Laurent Boumier, el jubilado de Mayenne, lleva más de tres años luchando para recuperar los más de 10.000 euros de alquileres impagos de su inquilina que reside en Beaufort-en-Anjou, en Francia. A pesar de que el Tribunal Penal de Saumur condenó a la inquilina a devolver la cantidad adeudada y a pagar una indemnización por demora, su situación dio un giro inesperado cuando el Banco de Francia intervino y canceló la deuda. “Estoy realmente indignado y enfadado”, expresó Boumier, quien se encontró con que, tras la decisión judicial, la deuda fue eliminada por una comisión de sobreendeudamiento del Banco de Francia.

El propietario, de 60 años, explicó que su inquilina debía 570 euros mensuales por una vivienda social de 87 m² con jardín, pero rápidamente acumuló impagos. La situación empeoró cuando la inquilina cortó toda comunicación con él y nunca asistió a los procesos de mediación que el jubilado intentó iniciar. “La comunicación se volvió imposible”, relató Boumier, quien, desesperado, trató de recuperar el dinero que le debía.

La inquilina se benefició de la cancelación de la deuda a través de la validación de su expediente de sobreendeudamiento por parte del Banco de Francia, lo que dejó al propietario en una situación aún más complicada. “Nunca imaginé que podría suceder esto”, comentó Boumier, quien se siente arruinado por esta decisión. De esta manera, a pesar de la sentencia favorable del tribunal, el proceso judicial que obligaba a la inquilina a pagar no ha sido efectivo debido a la intervención del banco.

Además de la deuda impagada, Boumier enfrenta la posibilidad de que la inquilina no abandone la vivienda en el plazo de un mes, lo que llevaría a un proceso de desalojo. Si esto ocurre, el jubilado tendría que asumir los costos asociados al desalojo y la restauración de la propiedad. “Normalmente, el inquilino debe desalojar la vivienda en el plazo de un mes, pero si se niega y se inicia un proceso de desalojo, el propietario aún tendrá que asumir los gastos”, explicó Boumier según la información de Boursorama.

Este escenario ha supuesto un doble castigo para el pensionista, quien lamenta la falta de justicia en su caso. “Necesito mucho este dinero. La gente piensa que por tener una propiedad eres rico, pero no es así”, comentó Boumier, visiblemente afectado. Los 10.000 euros de facturas impagas y los costos adicionales de restauración lo han dejado en una situación financiera difícil. “Todo esto me causa muchos problemas, me quita el sueño. Y no veo salida”, agregó, reflejando el profundo malestar que esta situación le ha provocado.