Glovo anuncia la contratación de todos sus repartidores, pero no aclara cuántos serán empleados

Glovo ha tomado una decisión que durante meses se le venía reclamando tanto desde el ámbito sindical como judicial: la compañía de reparto a domicilio ha anunciado que todos sus repartidores pasarán a ser asalariados a partir del próximo 1 de julio.

La empresa asegura que dejará de operar con autónomos, lo que pondría fin a una de las mayores polémicas del sector en España tras años de sentencias adversas, expedientes de la Inspección de Trabajo y sanciones millonarias por la utilización sistemática de falsos autónomos.

El anuncio, adelantado por El Mundo, llega apenas medio año después de una primera comunicación pública en la que la empresa ya expresó que iba a dejar atrás el modelo de rider por cuenta propia.

El movimiento se produce, además, en un ambiente de fuerte presión judicial y regulatoria. Oscar Pierre, cofundador de Glovo, está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, proceso por el que podría enfrentar hasta seis años de prisión, y la multinacional afronta también una demanda por competencia desleal presentada por Just Eat, que reclama 295 millones de euros.

Pese a lo rotundo del anuncio, Glovo evita especificar a cuántos de sus repartidores va a contratar realmente. La empresa podría haber enviado en las últimas semanas hasta 20.000 ofertas de empleo, según han informado los sindicatos a El País. Sin embargo, la cifra no está plenamente confirmada por la compañía, que tampoco aclara cuántos de esos riders efectivamente pasarán a formar parte de la plantilla.

Otro punto crítico durante estos meses de transición ha sido el uso de subcontratas. Glovo ha reconocido, según recoge El País, que en este periodo han “acudido a flotas externas para garantizar la operativa y testear el modelo laboral”, una práctica que consideran habitual en el sector.

Sin embargo, el cofundador de la compañía aseguró en el foro Cinco Días CREO que Glovo ahora sí plantea un modelo “100% laboral, de contratación directa” y que se pondrá en marcha el 1 de julio.

Como telón de fondo de este cambio de modelo, la Comisión Europea impuso el pasado lunes una multa de 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero, por por haber violado las normas de competencia de la Unión Europea con prácticas anticompetitivas.

La Comisión identificó tres tipos de infracciones: la existencia de cláusulas recíprocas que impedían a una empresa fichar empleados de la otra; el intercambio de información confidencial, como estrategias de precios, políticas comerciales, costes o capacidad operativa, con el objetivo de coordinar su comportamiento y así influir en el mercado de la entrega de comida a domicilio; y, por último, llevar a cabo acuerdos para dividirse los mercados nacionales dentro del Espacio Económico Europeo, evitando competir entre ellas o coordinando su entrada en países donde ninguna de las dos tenía aún presencia.

Con este giro, Glovo trata de cerrar una etapa marcada por litigios, presión social y sanciones. Sin embargo, los sindicatos y el sector mantienen la sospecha y reclaman transparencia, claridad contractual y garantías de que el empleo de los riders será digno y legal. El número exacto de asalariados, por ahora, sigue siendo el gran interrogante.