Este lunes el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decretaba la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la “Torre Foster” de Madrid, también conocida como Torre Cepsa, que fue comprada por la inmobiliaria de Amancio Ortega.
Al Qubaisi, es un empresario que entre agosto de 2011 y abril de 2015 fue máximo cargo ejecutivo en Cepsa, tras hacerse con el control de la mercantil International Petroleum Investment Company (IPIC), un fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Gracias a este puesto pudo llevar a cabo un esquema con el que presuntamente blanqueó 100 millones de euro en una mezcla en la que entraron Bankia, la inmobiliaria de Amancio Ortega y en el punto central la torre Cepsa.
Compra y venta en menos de un día
La maniobra fue ejecutada a través de sociedades pantalla controladas por el propio Al Qubaisi, que le permitían introducir fondos de presunto origen ilícito —vinculados al escándalo del fondo soberano malasio 1MDB— en el circuito financiero legal, simulando beneficios obtenidos en el mercado inmobiliario español.
El esquema se desarrolló en varios pasos cuidadosamente sincronizados. Primero, en septiembre de 2016, la sociedad Muscari Property BV, bajo el control fiduciario de Al Qubaisi, ejerció una opción de compra sobre el 100 % de las acciones de la sociedad Torre Norte Castellana SA, titular del emblemático rascacielos madrileño, por un precio aproximado de 400 millones de euros. La operación se realizó frente a Bankia, que era la entonces propietaria del inmueble.
Lo relevante es que un día antes de ejecutar esa opción, Muscari ya había firmado un contrato de compraventa con condición suspensiva con Pontegadea Inmobiliaria SLU, sociedad patrimonial de Amancio Ortega, en el que se comprometía a venderle ese mismo activo por aproximadamente 500 millones de euros. Es decir, la sociedad de Al Qubaisi compraba por 400 y revendía por 500, obteniendo un margen directo de 100 millones de euros.
Esta diferencia de precio, que en apariencia podría responder a un simple beneficio especulativo por intermediación, es interpretada por el juez como una operación artificial creada ex profeso para canalizar capitales de origen ilícito, procedentes de una red de corrupción internacional que desvió miles de millones del fondo soberano 1MDB. Muscari Property BV y su sociedad hermana, Muscari Development BV, son descritas como instrumentales y fiduciarias, sin actividad real en España ni capacidad económica propia.
Un cuenta bloqueada judicialmente
La maniobra incluyó también la apertura de una cuenta bloqueada en Bankinter, gestionada por el propio banco como cuenta de garantía pactada entre vendedor y comprador. Fue en esta cuenta donde Pontegadea depositó una parte significativa del pago —en concreto, 35.125.000 euros, según refleja el auto—. Esta cuenta fue bloqueada judicialmente en junio de 2018 por orden del juez instructor, al considerarse que contenía fondos procedentes de un delito.
Además del dinero, el esquema incluyó medidas de dispersión y ocultamiento de activos: parte del supuesto beneficio obtenido se diversificó en la adquisición de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid, obras de arte, vehículos de lujo y otras inversiones opacas que fueron objeto de embargo y decomiso preventivo en el marco del proceso judicial.
En resumen, Al Qubaisi habría utilizado una sociedad instrumental para comprar un activo emblemático, venderlo de forma inmediata a un tercero de buena fe —Pontegadea— y así dar apariencia legal a un capital cuyo origen estaría vinculado a prácticas corruptas en el extranjero. Según el juez, el objetivo final del entramado era “integrar en el sistema financiero legal más de 100 millones de euros de procedencia ilícita” sin levantar sospechas, aprovechando una operación de mercado en apariencia legítima y respaldada por grandes entidades financieras.
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