La reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal marca la agenda de esta semana: un paro de diez minutos de jueces y su primer examen en el Congreso

En mayo, el Gobierno anunciaba una reforma en la carrera judicial que presentaba como la mayor realizada en los últimos 40 años. El día 13, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, y desde un primer momento ha creado gran debate, con el rechazo de gran parte de los jueces y fiscales españoles.

Entre las medidas de este proyecto, destacan el blindaje de las becas SERÉ para opositar a la Judicatura y la Fiscalía, ya que tendrán una cuantía mínima igual al SMI y una duración de hasta 4 años, la sustitución de una prueba oral por un caso práctico escrito en las pruebas de acceso y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales.

Además, busca la ampliación de las carreras y la estabilización del personal interino, mediante la garantía de que una de cada cuatro plazas de jueces y magistrados provengan del cuarto turno, una vía de acceso a la carrera judicial en España que permite a juristas con reconocida experiencia y competencia acceder a la categoría de Magistrado sin tener que pasar por la oposición tradicional, lanzando un proceso extraordinario de estabilización para jueces sustitutos y fiscales interinos.

Un mes después de su creación, el proyecto de ley va a llegar al Congreso y este jueves se va a someter a su primer examen en el Pleno del Congreso de los Diputados, que tendrá que decidir si se sigue adelante con estas medidas o se paralizan. El encargado de defender este proyecto será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha afirmado en más de una ocasión que esta reforma es “imprescindible” para “abordar los retos de la Justicia del siglo XXI” y para actualizar las estructuras que “no se han modificado en lo sustancial” en décadas.

La sesión del jueves se prevé movida, ya que los partidos PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad del texto. Los de Alberto Núñez Feijóo consideran que el proyecto de ley debe devolverse al Gobierno para que se sustituya por “un proceso de reforma participado, abierto y riguroso, que respete los principios constitucionales y refuerce, y no debilite, las garantías de independencia judicial”, según informa Europa Press.

De igual forma, Vox pide que se devuelva el texto al Gobierno, al considerar que es “manifiestamente perjudicial para el sistema de equilibrio de las instituciones del Estado y, por tanto, para el interés nacional y para el bien común”.

La derecha política no es la única que ha mostrado su rechazo contra el proyecto. Desde el mundo judicial, son muchos jueces y fiscales los que se oponen a su aprobación. Para mostrar su rechazo, todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han convocado un paro de diez minutos para las 12:00 horas del miércoles, un día antes del debate en el Congreso, a las puertas de las sedes judiciales.

Esta acción de protesta lleva anunciada varias semanas, pero se esperaba que pudiera ser frenada con la reunión que hace unos días mantuvo Bolaños con las principales asociaciones. Desde el Ministerio describieron este encuentro como “constructivo y respetuoso” y destacaron “la voluntad de mantener un diálogo permanente y respetuoso con las asociaciones judiciales”. Sin embargo, algunas de estas asociaciones —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— aseguraron que la reunión que no fue “productiva”.

“Parece claro que, en lo esencial, la postura del Ministerio es inamovible. No hay voluntad de retirar el proyecto, pero tampoco la hay de consenso y diálogo real, solo la de sacar lo que ya está en trámite, sin considerar esencialmente nuestras objeciones”, apuntaron dichas asociaciones.

Ante la situación, estos grupos decidieron seguir adelante con el parón de diez minutos, explicando en un comunicado que solicitan “la retirada” del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal, al considerar que recoge “medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial”, que no responde a “una verdadera demanda social” y que no contribuye a “solucionar los verdaderos problemas de la Justicia”.

El rechazo se amplía también al anteproyecto de ley que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces.

“Concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”, manifestaron sobre este anteproyecto.