
Los vecinos de Montecarmelo en Madrid no han dejado de mostrar su rechazo al cantón de limpieza que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida quiere construir en el barrio porque esta infraestructura logística, aseguran, supondría un problema de seguridad vial y salubridad, debido al aumento del tráfico de camiones y otros vehículos, el ruido y los malos olores. No se oponen a la labor de limpieza urbana, pero consideran que existen alternativas para ubicar este proyecto en una zona más alejada de viviendas y centros escolares, aunque de momento el consistorio “sigue sin escuchar sus peticiones”.
El pasado mes de abril, después de que un juzgado declaró nula la ubicación del cantón de limpieza al carecer de informe de evaluación ambiental, operarios municipales comenzaron a talar árboles en la zona, por lo que los vecinos lo consideraron una represalia a la decisión judicial. Muchos de ellos salieron a la calle para protestar contra esa “tala injustificada en pleno corazón” de este barrio del norte de la capital y algunos recibieron multas de 100 euros por “remover vallas, encintados u otros elementos colocado por la Policía”, si bien desde la Asociación Vecinal de Montecarmelo aseguran que “varios testigos negaron estos hechos”.
En los últimos días, al menos otros cinco vecinos han sido multados, pero esta vez con la sanción máxima administrativa: 601 euros, ya que se les acusa de desobediencia a la autoridad. “Todo lo que hicieron, como muestran las publicaciones en redes sociales, fue realizar una sentada pacífica en la pradera de los árboles amenazados y en el propio cedro central del parque, que se acabaría talando unos días después”, indican desde la asociación y la Plataforma de Afectados por Cantón en Montecarmelo.

Las organizaciones denuncian que los trabajos de tala y trasplante de árboles se realizaron el pasado 9 de abril por operarios de una empresa subcontratada por Urbaser, amparándose en una autorización municipal que “estaba caducada”, pues solo era válida entre octubre de 2024 y marzo de 2025. “La sentada del día 11 de abril se hizo en este contexto. En teoría habían ampliado los permisos, pero los representantes vecinales no han tenido acceso a dichos papeles”, lamentan.
Una portavoz de la plataforma explica a Infobae España que este proyecto “es en realidad una macrocentral de 80 camiones, maquinaria y trasvase de basura que funcionaría 24 horas durante los siete días de la semana” y que estaría ubicada cerca de viviendas y entre tres colegios, “lo que afectaría a la salud de más de 4.000 alumnos”. “Queremos que esté lejos de casas y colegios porque generaría un enorme problema de seguridad vial y de salubridad. El Ayuntamiento no contó ni con los vecinos ni con la oposición para situarlo aquí y, a pesar de la decisión judicial que declaró nula la ubicación de esta central industrial, ha continuado con la tala de árboles y ya se han cargado 200 ejemplares”, critica la portavoz.
Hay zonas donde “no se dañaría a los vecinos”
Por si fuera poco, añade, el cantón estaría ubicado a 150 metros del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. “Es una aberración”. Por ello, desde la plataforma han propuesto una ubicación que “no dañaría a nadie” y que se encuentra a escasos 2 kilómetros de distancia, un solar “rodeado de carreteras y al lado de un polígono industrial donde existen mejores vías de acceso y transporte público para los trabajadores” y desde el cual podrían dar servicio a toda la zona noroeste de la capital, aseguran. De no ser por la movilización vecinal que despertó el proyecto desde un inicio, el cantón se habría empezado a construir “hace ya dos años”, aseguran.
Las denuncias interpuestas por los representantes vecinales por un presunto delito medioambiental, malversación y prevaricación, explican las organizaciones, están a la espera de que la justicia dirima los hechos. “Tanto el delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, [Borja Carabante], como el alcalde de Madrid han demostrado sobradamente que el diálogo del que presumen con los vecinos es el de la mentira y la motosierra, y los afectados no van a permitir este atropello de quienes han olvidado que son servidores públicos”, ha añadido en un comunicado Paco Arranz, portavoz de la Plataforma de Afectados.
También recuerdan que siguen a la espera de la respuesta de Martínez-Almeida a las 14.000 firmas registradas hace más de un año por primera vez a favor del parque y la reubicación de la macroinstalación industrial. Lo que de momento tienen claro es que seguirán luchando por defender su barrio y el medio ambiente, “tal y como establece el artículo 45 de la Constitución”, concluyen.
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