La Fiscalía General se ha gastado 264.000 euros para rehabilitar su sede porque el Ayuntamiento de Almeida le hizo una ITE desfavorable

La sede principal del ministerio público es un edificio de 1911 y la inspección municipal detectó varias deficiencias. La Fiscalía ya se ha gastado más de 83 millones en otro inmueble anexo para ampliar sus instalaciones

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Sede principal de la Fiscalía
Sede principal de la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio de Presidencia y Justicia se ha tenido que gastar 264.000 euros para que la sede principal de la Fiscalía General del Estado, situada en la calle Fortuny, pueda acometer obras de reforma y subsanar las deficiencias detectadas tras la inspección desfavorable tramitada por el Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida.

Los trabajos consisten en la eliminación de las humedades que han salido en las cubiertas; la restauración de las fachadas de los pabellones; la restauración del cerramiento de la parcela; la sustitución de los vidrios de la marquesina del patio que linda con el Paseo de la Castellana; el repaso de la pintura de la cerrajería; la sustitución de la rejilla sumidero; actuaciones en puertas; y el repaso de pintura en planta sótano.

Y es que el inmueble que alberga la sede de la Fiscalía es conocido como el Palacio de Fontalba o Palacio del marqués de Fontalba, diseñado por José María Mendoza Ussía en 1911 para esta familia nobiliaria. Está ubicado en el barrio de Almagro, en el distrito de Chamberí, y cuenta con un total de 5.981 metros cuadrados. Tras la muerte del marqués, en 1944, el edificio fue adquirido por el Ministerio del Ejército y destinado como Consejo Supremo de Justicia Militar. Desde 1991 es sede de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es hoy Álvaro García Ortiz, investigado en el Supremo por filtrar, supuestamente, documentos oficiales del expediente tributario del novio de Ayuso, que a su vez está investigado en otro juzgado por fraude fiscal, falsificación de documentos y corrupción en los negocios.

El Fiscal General del Estado,
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. (Fernando Sánchez/Europa Press)

El inmueble ya ha vivido dos rehabilitaciones en 1997 y 2006. A pesar de ello, no ha llegado a 2025 en buen estado. Hay filtraciones en cubiertas, “daños en fachadas y carpinterías”, deficiencias en elementos históricos, rotura de cristales en la marquesina de acceso, humedades, y hundimiento de la rejilla que canaliza las lluvias. Son solo algunos ejemplos. Por eso los informes técnicos son extensos. La empresa adjudicataria ha sido Reverso Rehabilitación y Restauración SL. Los trabajos durarán cuatro meses.

Ampliación de la sede

La Fiscalía General del Estado no solo está rehabilitando su sede principal, sino que sumará nuevas instalaciones, un palacio del siglo XIX totalmente rehabilitado en pleno Paseo de la Castellana número 19 y que ha costado a las arcas públicas un total de 83,1 millones de euros. Actualmente, está en “fase de equipamiento”, señalan fuentes de la Fiscalía, y está previsto que esté operativa durante este año.

Este inmueble pertenece al Consorcio de Compensación de Seguros, que en junio de 2022 adjudicó unas obras de rehabilitación integral del edificio por 13.164.000 euros, un contrato que tuvo dos modificaciones y que amplió el coste hasta los 15.162.000 euros. Hace años que la Fiscalía General del Estado había puestos sus ojos en este palacio, porque su sede actual (Fortuny 4) está al lado y el Ministerio Público veía interesante unir en Castellana las Unidades Especializadas, que están en el número 57 de la calle José Ortega y Gasset.

El edificio rehabilitado de Castellana
El edificio rehabilitado de Castellana 19.

Las negociaciones no han sido fáciles. El Consorcio de Seguros tiene un perfil inversor: compra y alquila edificios para generar capital. La intención de la entidad era arrendar a un tercero el edificio una vez renovado, incluso llegó a mantener conversaciones informales con potenciales inquilinos, hasta que la Fiscalía se cruzó por medio.

El fiscal general declara ante el Supremo: Claves y la presunta filtración.

En enero de 2024, el Consorcio, que depende del Ministerio de Economía “suscribió una promesa de venta en favor de la Dirección General de Patrimonio del Estado”, que depende del Ministerio de Hacienda. Este ha pagado 67.440.000 de euros que, sumando los costes de rehabilitación técnica y dirección de proyecto, han elevado la factura final hasta los 83,1 millones de euros. No acaban aquí los gastos. Justicia acaba de licitar otro contrato por 1,5 millones para poder adecuar dentro de este edificio un espacio de oficinas.