Hasta 13 mujeres y niñas han sido víctimas de mutilación genital femenina o han estado en riesgo de sufrirla en España desde 2015 hasta 2024. Según los datos ofrecidos por el Gobierno a través de una reciente respuesta escrita, las cifras sobre este tipo de hechos delictivos evidencian “la marginalidad y excepcionalidad del fenómeno”. La respuesta a la petición, formulada por Vox, detalla que, de las 13 víctimas, 11 son menores de edad.
El año en el que se registraron más sucesos de este tipo fue 2023, con cuatro casos, todos ellos de menores de edad. Le sigue 2019, con tres, también menores. Mientras, 2015, 2017, 2018 y 2024 sumaron un caso cada uno de menores de edad. En cambio, 2020 y 2022 anotaron un caso, pero de mujeres mayores de edad.
En España, esta práctica está recogida en el artículo 149.2 del Código Penal. “El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección”.
No obstante, diferentes organizaciones han alertado de que el riesgo persiste, también en este territorio, pese a estar perseguido. Según los datos recogidos por la Agencia EFE hace un mes, “cada año en España 18.000 niñas se encuentran en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, una forma extrema de violencia que ya ha afectado a unas 180.000 mujeres y niñas en el país, muchas de ellas nacidas en territorio europeo y sometidas a esta práctica desde edades muy tempranas”.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno pone el foco en la necesidad de protocolos de prevención y protección para víctimas, especialmente menores. En este sentido, destaca el Plan Estadístico Nacional del Instituto Nacional de Estadística, que incluye el seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a partir de diversas fuentes. En concreto, el Indicador 5.3.2.: “Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación o ablación genital femenina, desglosada por edad”.
Incluida en la ‘ley del solo sí es sí’
Además, el Gobierno recuerda que el Ministerio de Igualdad “trabaja para promover la erradicación” de todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas, así como para procurar la atención y la protección de las víctimas. También señala que, a través de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, la mutilación genital femenina pasó a considerarse un tipo más de violencia sexual. “De este modo, se garantiza a las víctimas de la mutilación genital femenina una serie de derechos”, añade la respuesta.
La norma prevé actuaciones para la prevención, sensibilización y la detección de las violencias sexuales en distintos ámbitos. En lo que afecta a la mutilación genital femenina, queda recogida en el artículo 22: “Los poderes públicos establecerán protocolos de actuación que permitan la detección y atención de casos de mutilación genital femenina, de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de matrimonio forzado, para lo cual se procurará la formación específica necesaria para la especialización profesional, pudiendo incluirse acciones específicas en el marco de la cooperación internacional al desarrollo”.
Por otro lado, el Ejecutivo destaca que la Sanidad y los Servicios Sociales son competencia de las comunidades y ciudades autónomas, lo que “fomenta la diversidad de abordajes en la prevención y protección” de las víctimas de mutilación genital femenina por parte de cada una de aquellas.
En este sentido, la publicación del Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina en el año 2015, por parte del antiguo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fue un primer paso en el establecimiento de pautas comunes y una referencia para las zonas que no habían desarrollado documentos propios.
Además de subrayar que la motivación por prevenir y dar respuesta a la mutilación genital femenina también queda reflejada en la renovación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, el Gobierno pone de relieve la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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