Qué ocurre cuando el inquilino y el propietario incumplen la ley: el caso del arrendatario que no paga y el arrendador que tiene la casa en pésimo estado

Los conflictos entre propietarios e inquilinos son tan antiguos como el propio mercado del alquiler. En ciudades como Nueva York, donde la presión sobre la vivienda multiplica los problemas de convivencia y los procedimientos legales parecen interminables, los roces entre ambas partes pueden convertirse en auténticos laberintos judiciales.

La historia vivida estos meses en Borough Park, entre el propietario Aneiello DeGiuda y su inquilino Kenyatta Blakely, es buen ejemplo de cómo la falta de acuerdo y el incumplimiento de la ley por ambas partes puede transformar un contrato en una pesadilla para todos los implicados.

Aneiello DeGiuda, propietario de un edificio con varias viviendas, afronta un importante problema de salud: la diabetes y sus limitaciones físicas le impiden subir y bajar las escaleras diariamente. Por ello, aspira a mudarse a la planta baja de su propio edificio, en busca de mayor accesibilidad y calidad de vida.

Sin embargo, esa vivienda está alquilada a Kenyatta Blakely, quien se niega a abandonarla alegando que el contrato sigue vigente y que, para desalojarle, su casero debe acudir a los tribunales y cumplir los estrictos requisitos legales que protegen a los inquilinos en la ciudad.

Este bloqueo inicial ha desembocado en un conflicto que va más allá del simple deseo de cambiar de casa. Según Blakely, DeGiuda ha intentado forzar la situación con mensajes reiterados y fotografías tomadas en el entorno de la casa, hasta el punto de que se han presentado denuncias por acoso en la comisaría local.

El propietario, por su parte, justifica sus mensajes en la deuda de alquiler, ya que Blakely lleva meses sin pagar.

El caso muestra lo que ocurre cuando tanto el arrendador como el arrendatario se saltan la ley. Blakely se apoya en el mal estado del inmueble como razón para suspender el pago del alquiler.

El Departamento de Edificios de Nueva York ha confirmado que la vivienda del sótano, y posiblemente otras del edificio, están sujetas a órdenes de desalojo por incumplimientos graves del código: deficiencia de iluminación, falta de ventilación adecuada y ausencia de los permisos reglamentarios.

Los inspectores, incluso, detectaron que el propio aviso de desalojo había sido arrancado y vuelto a colocar, lo que constituye una infracción sancionable con multas de hasta 12.500 dólares.

Blakely sostiene que, ante las carencias que presentan las vivienda, ningún inquilino debería estar pagando por residir en el edificio. Sin embargo, la ley es clara: aunque las condiciones del inmueble sean muy deficientes, el alquiler sigue siendo legalmente exigible salvo resolución judicial expresa o una orden de la autoridad competente.

DeGiuda, por su parte, insiste en la obligación de pago. Ha dado al inquilino un plazo de 90 días para abandonar la vivienda, pero si este no se marcha, avisa de que acudirá a los tribunales para presentar la correspondiente demanda de desahucio. La policía ya ha recogido denuncias y la tensión entre ambas partes crece, ya no solo por la vivienda en disputa sino por la acumulación de agravios y sospechas mutuas.

Para los inquilinos, la recomendación es nunca dejar de pagar el alquiler por cuenta propia, salvo asesoramiento profesional y respaldo jurídico. A menos que un juez libere de esa obligación, el impago puede suponer la rescisión del contrato, la inclusión en ficheros de morosos y el cierre de puertas en futuros alquileres. Eso sí, deben documentar todos los desperfectos, exigir inspecciones y plantear demandas si las condiciones no mejoran.

Para los caseros, la lección es igualmente clara: mantener el inmueble en condiciones óptimas, tramitar todos los permisos y respetar los plazos y formas legales para reclamar la vivienda, sobre todo cuando se alega necesidad personal o problemas de salud.

Irregularidades de cualquier tipo pueden eternizar procesos judiciales y deteriorar aún más la relación entre las partes. Consultar con abogados cualificados y mediadores independientes puede ahorrar disgustos y muchos meses de espera en un juzgado donde nadie tiene garantizada la victoria final.