Adiós a las llamadas comerciales: este fin de semana se aplica una nueva restricción al uso de números móviles para marketing

Este sábado, 7 de junio, ha comenzado a aplicarse una nueva restricción en España que afecta a las llamadas comerciales realizadas desde números móviles. Se trata de una de las medidas del plan gubernamental para combatir tanto las estafas telefónicas como las que se producen a través de SMS, en respuesta a un fenómeno que ha ido ganando terreno en los últimos años: el uso de móviles por parte de “piratas” para robar datos confidenciales mediante técnicas de suplantación de identidad o ‘spoofing’.

La Orden TDF/149/2025, publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el pasado 15 de febrero, establece el veto definitivo a estas prácticas. Según el propio texto legal, la finalidad es “atajar la utilización de la numeración móvil nacional para acometer estafas de suplantación de identidad con las que conseguir, por ejemplo, información confidencial de los usuarios, como sus datos bancarios”.

El calendario elegido por la Administración para hacer efectiva esta orden responde a la necesidad de dar cierto margen de adaptación a organismos y empresas que hasta ahora emitían llamadas comerciales usando numeración móvil. Durante estos meses se han sucedido las advertencias y los retos tecnológicos para los operadores, que han debido ajustar sus sistemas a la nueva normativa.

No significa el fin de las llamadas comerciales, sin embargo, simplemente que cambiarán de numeración. Ahora solo pueden realizarse desde líneas especialmente asignadas para tal fin - como el 1004 de Telefónica -, con sus prefijos geográficos reconocibles o mediante los números 800 y 900, ambos de tarificación gratuita, y que hasta marzo solo servían para recibir llamadas. Con este cambio, se busca que el receptor pueda distinguir cuándo se trata de una oferta comercial y, sobre todo, dificultar que los estafadores se camuflen entre las comunicaciones legítimas.

En paralelo, las operadoras han recibido el mandato obligatorio de bloquear tanto llamadas como SMS provenientes de numeraciones no atribuidas a clientes o servicios, como los números que empiezan por 3 o 4. El Ministerio para la Transformación Digital cifra el impacto de esta última medida, en marcha desde el 7 de marzo: cada día se impide el acceso de unas 235.600 llamadas y 10.000 mensajes de texto fraudulentos. Solo en los dos primeros meses, el número de bloqueos supera los 14 millones de llamadas y 800.000 SMS.

La estrategia gubernamental da un paso más este sábado 7 de junio al hacer obligatorio también el bloqueo de llamadas y SMS internacionales que simulan proceder de un número español, con la única excepción de los clientes en roaming. Telefónica ya aplica este filtro desde marzo para frenar las estafas asociadas al fenómeno ‘spoofing’, clave en la suplantación de identidad mediante la utilización de prefijos nacionales que inspiran confianza al destinatario.

Resta aún una última pieza en este plan contra el fraude. En los próximos meses verá la luz una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan empresas y administraciones públicas como remitente de SMS. Desde el Ministerio para la Transformación Digital detallan que “esta medida, por su complejidad técnica, entrará en vigor pasados 15 meses desde la publicación de la orden ministerial”. El listado, gestionado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), permitirá registrar y verificar estos identificadores para garantizar la autenticidad de las comunicaciones y proteger la identidad de las entidades legítimas.

El contexto justifica la dureza de la normativa: un 92% de los españoles reconoce haber recibido en el último mes alguna llamada comercial no solicitada, y el 37% asegura haber recibido más de diez, según una reciente encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El estudio señala al sector energético como el origen del 51% de estos contactos, seguido de las operadoras de telecomunicaciones (25%) y las aseguradoras (5%); en un 7% de los casos, la empresa ni siquiera se identificó, lo que, según OCU, “dificulta cualquier intento de reclamación o control”.

Frente al acoso telefónico, la mayoría de los usuarios opta por bloquear los números de las llamadas previas (70%) y por no descolgar cuando la llamada proviene de un número desconocido (35%). Solo un 17% está inscrito en algún listado de exclusión publicitaria, lo que, en palabras de OCU, pone de relieve “el amplio desconocimiento sobre estos mecanismos o una baja confianza en su efectividad”. Desde junio de 2023, la Ley General de Telecomunicaciones ya prohíbe explícitamente que se efectúen llamadas comerciales sin el consentimiento previo del consumidor. Pese a ello, la experiencia de los usuarios sugiere que la norma no está logrando su objetivo.