Una mujer compra una casa para que su suegra viva gratis porque en teoría está arruinada, pero se compra un coche caro: le piden que pague o comparta piso y se niega

La convivencia familiar puede convertirse en una encrucijada cuando se mezclan cuestiones económicas, herencias y expectativas enfrentadas. Tras quedarse viuda y ser desahuciada del piso de alquiler que ya no podía pagar, una mujer estadounidense encontró apoyo en su hijo y su nuera, quienes la acogieron en casa para evitar que terminara en la calle. Pronto, sin embargo, la convivencia se hizo inviable. La relación madre-hijo nunca había sido fácil y la llegada de la madre de él aumentó la tensión en el hogar.

Para resolver la situación, el matrimonio compró un apartamento en una zona de alto coste de vida y, desde 2022, permite que la madre de él resida allí sin pagar alquiler. Pese a disponer de una pequeña herencia, una anualidad y el cobro de la Seguridad Social, la suegra ha vuelto a declararse en bancarrota, para luego comprarse un coche de segunda mano por 30.000 dólares (26.305 euros), financiado al 25% de interés.

En medio de este escenario, sus hijos le solicitaron una aportación mensual de 500 dólares (438 euros) para cubrir los gastos de la comunidad, pero ella, mes tras mes, ofrece excusas para no pagar. Se le propuso la posibilidad de compartir vivienda con un compañero de piso, solución que también rechazó sin contemplaciones. Mientras tanto, la cuota mensual del piso asciende a 2.800 dólares (2.455 euros), una cifra que la pareja sostiene, pero que resulta insostenible si la nuera decide convertirse en madre a tiempo completo y dejar de trabajar. De ahí la pregunta: ¿cómo gestionar una situación que parece no tener salida? Escribieron, en busca de una respuesta, una carta a Quentin Fottrell, editor del medio estadounidense Market Watch.

Para Quentin, lo primero es poner límites y exigir corresponsabilidad. “Existen muchas alternativas entre un piso de 2.800 dólares y la indigencia, pero para abrir ese abanico hay que marcar el territorio y dejar claro que la opción del apartamento sin alquiler se ha terminado”, apunta la recomendación. El dilema no es menor: el bienestar de los niños, el futuro de la familia y la previsión para la jubilación chocan con el miedo a dejar a una persona mayor sin hogar.

Resulta llamativo que, pese a haber declarado bancarrota, la suegra haya conseguido la financiación para la compra del vehículo. Según Quentin, o bien la mujer está “mintiendo” a la entidad bancaria, o bien la información facilitada a su familia no es toda la verdad. El paso siguiente, asegura, consiste en anunciar que la posibilidad de vivir sin pagar alquiler ya no está ahí. Presentar alternativas razonables y fijar un plazo puede empujar a que la suegra acepte una solución, ya sea mudarse con un compañero de piso, ingresar en una residencia o adaptarse a nuevas condiciones de pago. Herramientas como la domiciliación automática de una parte de la pensión podrían traducirse en mayor responsabilidad y reducir la disputa.

Además, resulta fundamental plantear la posibilidad de que las dificultades financieras sean el reflejo de una problemática más profunda, relacionada con la salud mental. La inclinación a gastar sin control y a evitar la realidad podría estar vinculada a episodios de ansiedad o depresión. El reto de la vivienda para las personas mayores crece en EE. UU. como fenómeno estructural. Según fuentes del sector, hacen falta más de 560.000 plazas de residencia hasta 2030 para cubrir la demanda, lo que deja a miles de personas en riesgo de exclusión. De hecho, el propio Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha anunciado una inversión de 115 millones de dólares destinados a viviendas sociales para mayores con bajos ingresos.