Extorsiones, blanqueo y funcionarios rusos implicados: seis acusados confiesan su participación en una red criminal que chantajeaba a millonarios

Seis acusados vinculados a una red que extorsionaba a personas en España con ayuda de funcionarios rusos han confesado los hechos y han pactado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Málaga, lo que les ha supuesto una rebaja importante en las penas solicitadas.

Durante el juicio celebrado este martes en la Audiencia de Málaga, los procesados han admitido su pertenencia a una organización criminal con base en la administración rusa y proyección internacional, compuesta por altos cargos del Ministerio del Interior y de Justicia de Rusia, dedicada a “fabricar” causas judiciales para chantajear a personas con alto poder adquisitivo en España.

Todos los encausados han reconocido el delito de integración en organización criminal, y algunos también han admitido los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial.

Entre los implicados figura el representante de confianza de la red en España, el hombre que dirigía las operaciones en el país y quien diseñaba los sistemas técnicos y telemáticos necesarios para localizar a las víctimas usando sus números telefónicos. La Fiscalía ha solicitado para este acusado una pena total de ocho años de cárcel, al considerarle autor de tres delitos de extorsión y pertenencia a organización criminal.

La trama montaba falsos procesos penales contra personas a las que exigía elevadas sumas de dinero bajo la amenaza de continuar con los procedimientos hasta sus últimas consecuencias, incluyendo el ingreso en prisión en Rusia.

Para reforzar la coacción, se llegaban a abrir causas penales en Rusia donde se reclamaban pagos a las víctimas, a quienes se advertía que serían arrestadas (en ocasiones llegó a ocurrir) y extraditadas en base a una orden internacional de detención (OID). En algunos casos, se desplazaban emisarios desde Rusia para cobrar directamente el dinero pactado en las extorsiones, y uno de estos enviados está entre los acusados actuales. A ciertas víctimas se les aseguraba que, si pagaban, el caso sería archivado con la intervención del fiscal general adjunto de la Federación de Rusia, según revelan las pesquisas judiciales.

El Ministerio Público solicita penas de entre siete meses y ocho años de prisión para el resto de los acusados, además de multas que en algunos casos superan los cuatro millones de euros.

Durante la vista oral, algunos letrados han manifestado su intención de pedir la suspensión de las condenas, pero el magistrado presidente les ha recordado que deberán esperar unos diez días a la sentencia y ha subrayado la gravedad de los delitos y sus consecuencias, añadiendo que si se solicita un beneficio, “hay que aportar un abono de las consecuencias y restaurar el mal causado”.

Las investigaciones probaron que el 16 de agosto de 2018 fue detenido en España un ciudadano de Kaunas (Lituania), en cumplimiento de una orden internacional de arresto emitida por el Tribunal de Twerskoy de Moscú en una “causa penal abierta falazmente contra él”, lo que supuso su ingreso en prisión en España hasta el 17 de septiembre de ese año.

Para cerrar “el procedimiento penal” se le exigió un millón de euros, cantidad que luego se redujo a 500.000 euros a cambio de “archivar” el caso, tras celebrarse cuatro encuentros antes de concretar el acuerdo. Según el fiscal, para generar “más presión” en la extorsión se desplazó un equipo desde Rusia a España para apoyar la supuesta investigación.

Entre quienes viajaron a España figuraban dos funcionarios del Departamento de Investigación del FSB en Moscú y dos agentes de un departamento de policía criminal (GUUR), quienes, bajo la supervisión de la Guardia Civil, revisaron la información contenida en dos teléfonos móviles incautados durante la detención de un particular.

El primer paso del grupo consistía en identificar a sus potenciales víctimas, todas con alto perfil público, gran solvencia económica y alguna conexión con actividades que pudieran derivar en causas judiciales dudosas.

Para ello recopilaban “de una ingente y comprometida información” de carácter personal, profesional y pública, con el fin de trazar una “verdadera radiografía de la víctima”, lo que les permitía elaborar amenazas creíbles y calcular el dinero a reclamar.

Entre las víctimas figuraban personas con posiciones destacadas en la lista Forbes, dueños de valiosas colecciones de arte, empresarios vinculados al petróleo, una exdiputada rusa de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo e hija de un amigo cercano de Vladimir Putin, y el hombre más rico de Rusia en 2013, cuya fortuna rondaba los 500 millones de dólares ese año.

Entre los acusados, residentes mayoritariamente en Marbella, se encuentran el presunto líder de la organización en España, su mujer (de nacionalidad alemana y origen ucraniano) y su hijo, además de varias personas, algunas con antecedentes penales.

El cabecilla de la organización en España llegó a utilizar hasta ocho identidades distintas y fue detenido en cinco ocasiones anteriores por delitos como detención ilegal, prostitución, falsedad documental, estafa y fraude. Los hechos actuales le implican en delitos de organización criminal, extorsión, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En cuanto a la situación procesal de los funcionarios rusos, y su no inclusión como imputados en esta causa, otras fuentes jurídicas especializadas en redes delictivas internacionales han indicado a EFE que “probablemente se debe a que las autoridades rusas no habrían colaborado” en el proceso y no se habría conseguido su extradición a España.