Las lluvias no logran frenar el “deterioro” de Las Tablas de Daimiel: “Sin medidas estructurales, el parque está condenado”

Tras una primavera excepcionalmente lluviosa, si observáramos una imagen de los campos, en buena parte del país predominaría el color verde. Las últimas lluvias han contribuido a mejorar la situación de muchos embalses —la reserva hídrica en España ha subido hasta el 77%— y a frenar la sequía, pero en el caso de parques naturales como Las Tablas de Daimiel “sigue muy lejos de responder a los valores y funciones que la ley exige” a estos espacios, denuncian organizaciones como Ecologistas en Acción, Seo/Bird Life y WWF.

“Aunque las lluvias recientes han generado una imagen aparentemente positiva del humedal, el estado de conservación de sus ecosistemas y biodiversidad es notoriamente desfavorable y en algunos casos extinto. Las acciones coyunturales propuestas no resuelven las causas estructurales del deterioro y se alejan del modelo de conservación que la ley establece para estos espacios naturales protegidos”, han explicado las organizaciones en un comunicado. Y así se lo hicieron llegar al Consejo de la Red de Parques Nacionales, que se reunió el pasado miércoles con el objetivo de impulsar nuevas acciones de conservación y mejora de los espacios que conforman la red. De hecho, el Consejo presentó un informe del Comité Científico sobre la situación hidrológica de Las Tablas de Daimiel que plantea recomendaciones para su recuperación.

Según la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, Las Tablas de Daimiel, en su estado actual, no cumplen con los criterios para ser considerado un espacio natural protegido, de alto valor ecológico y cultural, y poco transformado por la explotación o actividad humana, pues “las aguas están contaminadas, los aportes naturales son casi inexistentes, se han colapsado las turberas, han desaparecido hábitats acuáticos y se ha alterado gravemente la comunidad de aves”, denuncian las organizaciones.

Por todo ello, reclaman una solución estructural y urgente frente al “deterioro” del parque, cuya superficie inundada se ha reducido “de forma alarmante” en la última década, hasta alcanzar en diciembre de 2024 apenas 25 hectáreas encharcadas de las más de 1.700 hectáreas que deberían permanecer cubiertas de agua.

Estas organizaciones consideran que la principal causa del deterioro es “la grave sobreexplotación” del acuífero de la Mancha Occidental que debería alimentar el humedal. Y “sin medidas estructurales orientadas a recuperar el régimen hídrico natural, el parque está condenado a perder su integridad ecológica”. Por ello, entre las medidas que destacan como imprescindibles figuran la reducción sustancial del regadío en el entorno del parque, tanto en superficie como en volumen de agua consumida, una acción que “permitiría la recuperación de los caudales ambientales del Alto Guadiana y de los niveles freáticos del acuífero”.

También consideran clave la “clausura sistemática de pozos ilegales y extracciones no autorizadas”, mediante una actuación coordinada de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Fiscalía General del Estado, ya que así, añaden, “se frenaría el expolio del acuífero que debería nutrir al parque”.

Asimismo las organizaciones muestran su rechazo a “soluciones artificiales y estructuralmente insostenibles”, como son, a su juicio, los dragados, trasvases o la profundización de la cubeta del humedal, al tiempo que recuerdan que estas intervenciones “contravienen la legislación sobre parques nacionales y perpetúan la transformación artificial del sistema, en lugar de abordar la raíz del problema ambiental”.

“Si no se adoptan decisiones estructurales inmediatas de gran calado, el parque perderá su funcionalidad ecológica y su condición jurídica de parque nacional”, insisten. Al igual que se han adoptado medidas extraordinarias para responder a crisis similares en otros espacios emblemáticos como Doñana o el Mar Menor, añaden, “las administraciones deben actuar con decisión”.

En ese sentido, los colectivos recuerdan que las administraciones responsables de la gestión de este espacio son el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Junta de Castilla-La Mancha. El Gobierno central por “su papel de garante de la red de parques nacionales y de la política del agua” y el Ejecutivo autonómico “por haber promovido durante décadas una política agraria insostenible basada en la expansión del regadío industrial”.