El pulso entre el Gobierno y Bruselas marca la recta final de la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell

El lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) hostil por parte del BBVA sobre el Banco Sabadell levantó las alarmas del Gobierno español por las posibles amenazas a la competencia y el riesgo de concentración excesiva en el sector. El ejecutivo comunitario también puso de manifiesto su intención de seguir la operación de cerca y se esforzó en establecer un canal de información entre España y la Comisión Europea (CE) sobre el intento de la entidad presidida por Carlos Torres Vila de hacerse con el control del banco catalán.

Un año después, el final de la espera para conocer la resolución de la operación parece estar cada vez más cerca, tras haber recibido ya el beneplácito de varias instituciones, pero el Gobierno de España insiste en mostrarse cauteloso antes de dar el visto bueno definitivo a la compra. Esta actitud choca con el punto de vista de Bruselas, que el pasado martes recriminó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, según su análisis, no existían razones de peso para bloquear la OPA.

Tras darse a conocer la decisión del Gobierno de elevar al Consejo de Ministros la responsabilidad de dar un veredicto final sobre el futuro de la operación, Bruselas se ha pronunciado sobre el extenso camino recorrido desde el anuncio de la OPA hostil por parte de BBVA el 9 de mayo del pasado año.

“Las autoridades competentes han dado su opinión sobre la transacción”, señalaron desde la Comisión Europea, en referencia a luz verde concedida tanto por el Banco Central Europeo (BCE) como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así, la institución comunitaria instaba a España a que sus decisiones “se alinearan” con las consideraciones de las autoridades en política monetaria europea y competencia a nivel nacional.

La intervención del Gobierno español en la operación parece tentar un enfrentamiento institucional cuya existencia ha negado el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que asegura que se está cumpliendo de manera estricta con el marco legal español. Según el político, el análisis gubernamental complementa las evaluaciones técnicas de la CNMC y el BCE. En una entrevista con la Cadena SER, Cuerpo afirmó que el Ejecutivo actúa de forma “respetuosa, escrupulosa y garantista” y aseguró que no prevé un conflicto con Bruselas.

El ministro subrayó que la Ley de Competencia española permite al Gobierno revisar operaciones de concentración empresarial cuando la CNMC considera necesario un examen más exhaustivo, lo que puede derivar en la imposición de condiciones adicionales por razones de interés general. Cuerpo justificó la necesidad de trasladar el expediente al Consejo de Ministros, explicando que existen aspectos que han quedado fuera del alcance de otros organismos, como la afectación al empleo, la inclusión financiera, la cohesión territorial y el desafío demográfico.

El portavoz de Servicios Financieros de la Comisión Europea, Olof Gill, no ha querido ofrecer declaraciones en referencia al caso concreto de la OPA de BBVA, pero sí opina que, por norma general, la consolidación bancaria puede resultar beneficiosa para los consumidores. “En la Unión Europea tenemos un sector bancario fuerte y diversificado, pero nuestros bancos no han crecido lo suficiente como para ser competitivos en la escena internacional”, ha asegurado, al mismo tiempo que ha puesto en valor la necesidad de “bancos fuertes” en los mercados de capitales. Gill ha criticado los “obstáculos indebidos o inadecuados” a este tipo de operaciones por impedir el desarrollo de la Unión Europea del Ahorro y la Inversión.

Pese a que desde Bruselas ponen en cuestión la necesidad de continuar con el análisis, una vez constatado que la potencial fusión de las dos entidades no supone un riesgo desde la perspectiva prudencial ni de la competencia, el Gobierno ha considerado que aún existen razones de interés general para continuar con la evaluación. Ahora, el proceso entra en una fase política y administrativa clave, en la que el Ejecutivo tiene la facultad de autorizar, condicionar o vetar la operación. El Consejo de Ministros dispone de un plazo de un mes desde la presentación formal de la solicitud para pronunciarse, durante el cual puede pedir informes adicionales o realizar observaciones.

El debate se ha trasladado también a los partidos políticos, que exponen sus argumentos a favor y en contra de la compra, buscando convencer al Gobierno en la cuenta atrás hasta el próximo 26 de junio. La vicepresidenta y líder de la formación de izquierdas Sumar, Yolanda Díaz, calificó la operación como una “muy mala noticia” resalto su posible impacto sobre el empleo. Mientras, el Partido Popular se alinea con Bruselas y acusa al Ejecutivo de “sobreactuar” en su intervención en la OPA por motivos electorales. Entre los partidos catalanes, Junts asegura que “liquidará” a la banca de la región, mientras ERC apoya la actuación del Gobierno.

En su intervención en el Foro CREO, el CEO del Banco Sabadell también ha expresado dudas sobre la profundidad del análisis realizado por Bruselas respecto al interés general. El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, recuerda que el interés general es uno de los factores a tener en cuenta para aprobar este tipo de operaciones, aunque la Comisión Europea no aprecie amenazas a la misma en la OPA.

Desde BBVA, por otra parte, las declaraciones de la Comisión Europea se han acogido favorablemente y defienden que la operación “es buena para el interés general”. El banco ha expresado su desacuerdo con la intervención del Gobierno español, especialmente en lo que respecta a la elevación del asunto al Consejo de Ministros. En una entrevista en RAC1, el presidente de BBVA, Carlos Torres, afirmó que no existen razones que justifiquen su tratamiento por el Consejo de Ministros, aunque aseguró confiar “plenamente” en las decisiones del Ejecutivo.