Una demanda colectiva contra La Caixa intenta anular el cobro del IBI en viviendas de protección oficial en Cataluña: reclaman 230.000 euros

El Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona ha dado luz verde a una demanda colectiva presentada por el Sindicat de Llogateres y 61 familias de viviendas protegidas en Sitges y Sentmenat (Barcelona) y Banyoles (Girona), quienes desde abril han decidido retener el pago de sus alquileres. En lugar de abonar la renta a La Caixa, estas familias han acumulado algo más de 60.000 euros en un fondo común como medida para presionar a la empresa propietaria para que se siente a negociar.

Su objetivo es detener el proceso de privatización de estas viviendas y que sean gestionadas por el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) para garantizar su carácter público y protegido de manera permanente, explica el sindicato en un comunicado enviado a la prensa este jueves. Las familias también exigen la eliminación de cláusulas abusivas, como la que les obliga a pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) -reclaman 231.000 euros en este concepto-, y el cese de desahucios y procedimientos judiciales. También demandan la eliminación de sobreprecios y el mantenimiento adecuado de los edificios.

Las familias y el sindicato reclaman una negociación y reiteran su voluntad de pago “cuando se den las condiciones”, aunque La Caixa ya ha advertido a los inquilinos en huelga que, si continúan sin pagar, se iniciará un procedimiento judicial de desahucio en su contra.

Aunque la demanda se ha iniciado con estos vecinos en huelga, el sindicato asegura que “está abierta a todas las inquilinas de hasta 1.850 viviendas con contrato vigente con Inmocriteria en Cataluña, de forma que podría alcanzar los 10 millones de euros“, estiman. La organización también recuerda que esta no es la primera demanda presentada contra La Caixa, que con más de 5.000 viviendas alquiladas es el mayor casero privado de Cataluña, ya que hace un año, junto al Colectivo Ronda, presentaron otra para ”pedir la nulidad de hasta 16 cláusulas abusivas en 1.700 contratos de alquiler", una reclamación que a día de hoy sigue su curso judicial.

El Sindicat de Llogateres ha indicado que los ayuntamientos de las promociones en huelga (Sentmenat, Sitges y Banyoles) “han aprobado mociones municipales apoyando las reivindicaciones de las huelguistas y pidiendo que las viviendas pasen a manos del Incasòl para detener la privatización y los desalojos”, además que también lo han hecho otros consistorios.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en Cataluña se registraron un total de 7.381 desahucios a lo largo de 2024, lo que representa un 26,8% del total nacional, de forma que la región concentra casi uno de cada cuatro desalojos.