Incinerado por error: el Instituto de Medicina Legal de Cádiz admite que no siguió el protocolo e intercambió los cadáveres de dos personas

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cádiz (IMLCF) ha admitido un error en la identificación y entrega de dos cadáveres, lo que derivó en la incineración indebida de un hombre de Málaga. A.G., de 62 años, falleció en octubre de 2024 tras sufrir un infarto de forma repentina y, como previamente había expresado su deseo de no ser incinerado sino enterrado junto a su madre, su familia comenzó los trámites para gestionar su funeral, tal y como adelantó el Diario Sur. Sin embargo, nada salió como habían planeado.

En lugar de recibir el cadáver, recibieron una urna con cenizas, ya que el cuerpo de A.G. había sido entregado por error a una familia de una mujer que había fallecido en la misma fecha y fue incinerado en el crematorio. La hija menor del hombre, según informa ese mismo periódico, recibió una llamada del director del IMLCF para explicarle lo sucedido: “Me dijo que se había producido un doble error, que mi padre por equivocación había sido entregado a otra funeraria y que los familiares habían incinerado el cuerpo”, ante lo cual quedó en shock. “Llevaba dos días esperando a mi padre para poder velarlo”, lamentó después la joven, consciente de que ya no había nada que hacer.

El error, que impidió a las hijas despedirse adecuadamente de su padre, también desencadenó una reclamación de responsabilidad patrimonial administrativa por parte de la familia, cuyo caso ha asumido el abogado Damián Vázquez, de los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente, que tilda de “lamentable” lo ocurrido.

El informe del IMLCF señala que tanto el técnico en anatomía patológica como el operario de la funeraria omitieron la doble comprobación de identidad exigida por el protocolo, que incluye la verificación de la etiqueta en el sudario y la pulsera identificativa. Ambos firmaron el registro de salida confirmando incorrectamente haber realizado dicha verificación. Por ello, Vázquez presentó una reclamación patrimonial argumentando un “anormal funcionamiento de la administración pública” y una “grave imprudencia”.

“Este lamentable suceso evidencia una negligencia inexcusable por parte de las entidades responsables de la custodia e identificación de los fallecidos”, señala el letrado. “El propio informe del Instituto de Medicina Legal de Cádiz corrobora la cadena de fallos en los protocolos que ha sumido a esta familia en un profundo dolor. Exigimos que se asuman las responsabilidades pertinentes y se compense adecuadamente a las hijas por el terrible daño infligido, que les ha privado de su derecho a un duelo digno y a respetar la última voluntad de su padre”, añade en un comunicado.

La reclamación interpuesta, aclara Vázquez, busca una indemnización que “repare los considerables daños morales y los perjuicios ocasionados” a la familia como consecuencia de la equivocación. “Exigimos que se asuman las responsabilidades pertinentes y se compense adecuadamente a las hijas por el terrible daño infligido”, concluye el letrado.