Una pareja de ancianos puso su casa a nombre de su hija adoptiva, que ahora los desahucia para venderla: “Viven a costa de la princesa”

Cuenta L’Indépendant la historia de dos ancianos al borde del desahucio por una denuncia de su hija. Yves tiene 85 años y se ha sentado con este periódico para hacer pública su situación. Su mujer, de 87, vive postrada en una cama medicalizada desde hace tres. Residen en el barrio de Vernet en Perpiñán, pero no saben por cuánto tiempo. Un tribunal ha ordenado que abandonen su hogar antes del 2 de junio. Entre lágrimas, el hombre asegura que no se van a mover.

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Él se dedicó al cine, ella a los servicios sociales, y era común que acogieran a menores. Adoptaron a una niña de cuatro años, su única hija y hoy, décadas más tarde, protagonista de su pesadilla. Ya hace 20 años, Yves y su mujer enfrentaron problemas económicos y su vivienda iba a ser embargada. Era 1986. Además de pagarla en su totalidad con un préstamo, decidieron ponerla a nombre de la hija, a fin de protegerse de los acreedores.

La pareja salvó aquella crisis y terminó vendiendo la propiedad. Con el dinero, compraron su inmueble actual, valorado en unos 140.000 euros. Se mudaron en 2002. Y como habían hecho con el anterior, registraron a su hija como propietaria. Por una cuestión de apego, de confianza, no acudieron a un notario para asegurar el usufructo hasta que el último de ellos dos falleciera. Tampoco un contrato de alquiler.

Entre ellos, como familia, lo acordaron. Yves y su mujer pagarían todos los gastos relacionados con el mantenimiento de la casa. Su situación económica seguía sin ser boyante. Él repartía folletos ya jubilado para completar su pensión. Pero ella enfermó súbitamente y al poco tiempo lo hizo él también. 2017. Acumulaban deudas por créditos y dejaron de poder pagar los impuestos de la vivienda.

Dados los impagos, Hacienda reclamó el dinero, y en 2019 se dirigió a la propietaria legal, la hija, que reaccionó denunciando a sus padres. La hija, residente en el norte de Francia, optó por vender la casa alegando una situación personal precaria y pidió al juez que ordenase a sus padres que se marcharan de allí, donde, así lo dijo, “viven a costa de la princesa”.

En primera instancia, en 2021, un tribunal sentenció que los padres habitaban la casa de forma legal y estaban en su derecho de reclamar una indemnización si se les forzaba a marcharse, si bien no retiró la obligación de abonar los impuestos pendientes, por valor de 1.800 euros. Por último, permitió visitas a la vivienda para una posible venta. Los ancianos se negaron y recurrieron: “No vamos a vivir 20 años más, basta con esperar un poco”.

El pasado 6 de marzo, llegó el veredicto: la corte de Montpellier falló que los padres “son ocupantes sin derecho ni título” y los condenó a abandonar la casa y entregar las llaves. Si no lo hacen, ya están avisados de lo que ocurrirá: se les ha notificado que “están obligados a responder favorablemente a la solicitud de intervención de la fuerza pública”. Solo les queda un resquicio legal, aunque improbable, que es emprender un procedimiento para anular la donación de la casa “por ingratitud”.

Pero los plazos ya no encajan y esta fórmula hubiera sido algo más probable estos años atrás. Para la justicia, y en firme, están ocupando una casa que no es suya. “Nosotros fuimos los que la pagamos”, se queja Yves a L’Indépendant, impotente. “Nos echan como a perros, nos están matando con esto”. Más allá de lo legal, este grito desesperado en la prensa busca apoyo social para frenar el desalojo. La próxima semana, los gendarmes se presentarán en su puerta para echarlos.