Hospitales, estadios o museos: los perros de asistencia podrán acceder a los espacios de uso público en toda España

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para “regular la actividad y el bienestar” de los perros de asistencia que dan servicio a personas con discapacidad, personas con trastorno del espectro autista, personas con patologías que lleven consigo crisis recurrentes con desconexión sensorial y también a mujeres de víctimas de violencia de género y sexual.

A propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, el texto busca complementar la legislación disponible en las diferentes comunidades autónomas en torno a este tipo de animales y, a nivel estatal, sustituye la actual norma, que data de 1983. “Una de las principales novedades de este cambio legislativo es que las personas que necesitan estos perros de asistencia tendrán garantizados sus derechos y los de sus animales para toda España, ampliando así el reconocimiento normativo del que disponen actualmente y que se limita a la comunidad autónoma donde se les concedió el distintivo para este servicio”, resume un comunicado emitido por el ministerio.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy asegura que, a través de este decreto, todas aquellas personas que requieran de un perro de asistencia podrán acceder con estos animales a lugares públicos y privados de uso público, en cualquier lugar de España, independientemente de la comunidad autónoma en la que esté, asegurando así que no sean discriminados. “Esto se traduce en que podrán acceder a centros educativos, culturales, deportivos o sanitarios, excepto en quirófanos y otras áreas en las que deban garantizarse unas condiciones higiénicas especiales”.

Asimismo, estas mascotas podrán acceder a establecimientos comerciales al por menor, supermercados, mercados o comercios de alimentación, así como alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería y restauración, museos y teatros. Además, se permitirá el acceso a playas, a áreas recreativas, a recintos de piscinas y a parques acuáticos, siempre que el animal no acceda al agua.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Pablo Bustinduy ha subrayado que esta norma tendrá un impacto fundamental en los derechos de estas personas, ya que estos perros de asistencia constituyen un elemento que contribuye a favorecer su autonomía y su vida independiente, “al tiempo que combate la soledad a la que en muchas ocasiones se enfrentan estas personas”, ha añadido. En este sentido, ha destacado el impacto positivo de la nueva normativa en las mujeres víctimas de violencia de género y sexual, ya que garantiza que puedan acceder, junto con su perro de asistencia, a albergues, centros asistenciales, o establecimientos de naturaleza similar.

Por otra parte, el real decreto reconoce a nivel estatal la relación entre la persona con discapacidad y su perro de asistencia como “una unidad en todo el territorio nacional”, y regula que la formación que estos animales deben recibir para el desempeño de sus funciones sea ofrecida por personas acreditadas o reconocidas de forma oficial en la educación, la socialización y el adiestramiento de perros de asistencia, bien pertenezcan a entidades o sean profesionales autónomos especializados.

La normativa incluye medidas específicas para mejorar el bienestar de los perros de asistencia, estableciendo obligaciones de cuidado y respeto para las personas usuarias y para las entidades o profesionales encargados de su adiestramiento. También, el texto garantiza el derecho de estos perros al descanso, ya que se ha fijado que podrán dejar de prestar servicio cuando cumplan 10 años, manteniéndoles, además su derecho a seguir accediendo a los espacios de uso público una vez pasado su tiempo en activo.

En materia de discapacidad, la normativa desarrolla los derechos reconocidos en la Constitución tras la reciente reforma del Artículo 49, “fomentando la plena inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”. Asimismo, “actualiza la legislación española en relación con este tipo de asistencia, siguiendo los fundamentos de autonomía personal, inclusión en la comunidad y accesibilidad universal que se fijaron con la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006. Al mismo tiempo, se persigue el objetivo de ofrecer una vida más independiente para las personas ciegas o con discapacidad visual”, añade la nota de prensa.

Por último, el real decreto aborda la situación de las personas con otras discapacidades que requieren de un perro de asistencia, como las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera que requieren de perros adiestrados para avisar de la emisión de sonidos y su procedencia; personas con discapacidad física que precisan de perros adiestrados como apoyo y auxilio en actividades de la vida diaria; personas con trastornos del espectro autista que deben ser asistidas por perros adiestrados para promover su autonomía personal; o personas con patologías que lleven consigo crisis recurrentes con desconexión sensorial y que necesitan estar acompañadas por un perro adiestrado para avisar de una alerta médica.