El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del sistema de pensiones para los sectores en los que se registran las tasas de siniestralidad más altas, tras haber pactado en septiembre del pasado año con los agentes sociales esta medida para facilitar el acceso a la jubilación anticipada para aquellos trabajadores con empleos caracterizados por una elevada peligrosidad.
A través de un real decreto, el Gobierno ha logrado el ‘sí’ a un paquete de medidas que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya había adelantado en varias ocasiones. La política socialista ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este 27 de mayo que la ampliación de la jubilación anticipada en “actividades penosas y peligrosas” se dará a través de la aplicación de coeficientes reductores. La aplicación de estos coeficiente y la consecuente reducción de la vida laboral supondrá también un aumento en las cotizaciones para los trabajadores beneficiados, según aclara Saiz.
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“De forma intuitiva sabemos que hay trabajos de especial dureza y otros que se hacen especialmente duros en los años últimos de vida laboral”, ha asegurada la ministra. Según Saiz, esta intuición está respaldada por los datos y existen “actividades con mayor siniestralidad y, en particular, hay actividades con más accidentes de trabajo y con más enfermedades profesionales asociadas”. Sectores como el de los trabajadores del mar o los mineros, donde ya existen condiciones especiales de jubilación anticipada, no se verán afectados por el cambio normativo.
Sobre la reforma, Saiz ha mantenido que se trata de “un paso adelante en justicia social” y acerca a España “a políticas aprobados por países del entorno europeo como Francia, Austria o Italia”. “El sistema debe ser lo suficientemente flexible como para proteger a todos estos colectivos”, ha concluido.
Cuatro indicadores objetivos de peligrosidad
La determinación de cuáles son las profesiones que suponen mayores riesgos para los trabajadores se llevará a cabo aplicando “criterios objetivos”, de acuerdo con lo acordado junto a sindicatos y organizaciones empresariales. La ministra destaca que lo que se aprueba a través de este real decreto es justamente el procedimiento para definir los empleos de alta peligrosidad y adelantar la edad ordinaria de jubilación.
Solo cuando “no sea posible una mejora de las condiciones de trabajo” se ampliará la jubilación anticipada en aquellas actividades en las que se detecte una elevada concurrencia de situaciones de “penosidad, toxicidad, peligrosidad y insalubridad”.
La ministra ha explicado que, para asegurar la objetividad del procedimiento, se ha establecido una fórmula para justificar la aplicación de los coeficientes reductores. En concreto, se calcula como “la incidencia del número total de procesos de incapacidad temporal del colectivo”, el total de incapacidades permanentes o la cantidad de fallecimientos en relación al total de trabajadores empleados en ese sector, así como un indicador que mida la duración de los procesos.
Una comisión evaluará la solicitud
Los sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de autónomos o incluso las Administraciones Públicas serán los encargados de solicitar la rebaja de la edad de jubilación para los trabajadores del sector. Tras recibir la petición, Seguridad Social elaborará un informe sobre las condiciones del colectivo, que enviará al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Inspección de Trabajo, que confeccionaran sus propios informes en sus áreas de competencia.
Con toda esta documentación, será una comisión integrada por representantes del Ministerio y los agentes sociales quien evalué la solicitud y decida si se reconoce o no la reducción de la edad de jubilación para la actividad correspondiente.
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