Estos son los 7 requisitos para acceder a una vivienda protección oficial

El problema de la vivienda es una realidad en España. Con los precios de los inmuebles cada vez más altos, y las dificultades de acceso para los colectivos con menos ingresos, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) son una alternativa para quienes buscan una opción más asequible frente al mercado libre. Las VPO representan solo el 2,5% del parque inmobiliario español, muy por debajo de la Unión Europea, que está en torno al 9%.

Estas viviendas están sujetas a normativas específicas que regulan su tamaño, calidad, finalidad y, sobre todo, su precio, tanto de venta como de alquiler. La regulación y promoción de estas propiedades corresponde a las comunidades autónomas, que deben aprobar cada proyecto y emitir una calificación definitiva que garantice que cumplen con los requisitos establecidos.

Acceder a una VPO no solo implica buscar un inmueble que se ajuste al presupuesto de los interesados. El proceso requiere cumplir con una serie de condiciones administrativas y económicas que tienen como objetivo asegurar que estas viviendas estén destinadas a quienes más las necesitan. Además, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, se introdujeron muchos cambios clave en el modelo de protección pública.

Entre las novedades más relevantes de la normativa, según ha recalcado Idealista, está la obligación de que el 30% de las nuevas promociones residenciales se destinen a viviendas protegidas y de alquiler social. Esta medida busca aumentar la oferta y responder a la creciente demanda en zonas urbanas. Otra modificación importante es que la calificación de estas viviendas pasa a ser permanente, es decir, no pueden descalificarse con el tiempo, lo que refuerza su papel como solución estructural y no puntual.

En general, hay algunos requisitos que debe cumplir una persona para poder acceder a una vivienda de protección oficial. Si bien las comunidades autónomas pueden establecer criterios adicionales, estos son los puntos básicos reconocidos a nivel estatal.

Los solicitantes no deben superar 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que sitúa el límite de ingresos familiares anuales brutos en torno a los 46.000 euros, aunque puede variar en función del número de miembros de la unidad familiar y de la comunidad autónoma. Esta condición garantiza que las VPO lleguen a quienes tienen recursos económicos limitados.

Aunque no se puede ser titular de otra vivienda, existen excepciones, como que el inmueble del que se es propietario no reúna las condiciones mínimas de habitabilidad o esté ubicado en una zona distinta a la de la residencia habitual. El objetivo es evitar que estas ayudas se destinen a quienes ya tienen resuelto su acceso a la vivienda.

Muchas autonomías exigen que el solicitante esté empadronado en el municipio donde se encuentra la vivienda protegida. En algunos casos, se pide incluso un periodo mínimo de residencia previa para priorizar a quienes tiene un arraigo demostrado en la zona.

Aunque no hay una edad máxima para solicitar una VPO, varias comunidades otorgan preferencia a los menores de 35 años. También se reservan cupos o puntos extra para familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o del terrorismo, entre otros colectivos vulnerables.

La VPO debe destinarse exclusivamente a residencia habitual y permanente. No se puede utilizar como segunda vivienda, alquilarla a terceros ni venderla libremente, al menos durante un periodo determinado que establece la normativa de cada comunidad.

Es obligatorio inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de la comunidad autónoma correspondiente. Este registro oficial es el punto de partida para participar en los procesos de adjudicación, que pueden realizarse mediante sorteo o por baremación de puntos.

El proceso exige presentar documentación como el DNI, certificado de empadronamiento, declaración de la renta, vida laboral y, si corresponde, certificados específicos (discapacidad, familia numerosa, etc.). Además, es importante mantener los datos actualizados para no perder la posibilidad de acceder a futuras convocatorias.

Una vez inscrito en el registro, el solicitante entra en una lista de espera que se actualiza con cada convocatoria pública. Las viviendas se adjudican según el método establecido por cada comunidad, ya sea por sorteo o por un sistema de puntuación que evalúa la situación socioeconómica, el tiempo de inscripción o pertenencia a colectivos prioritarios

En cuanto a la financiación, las VPO suelen contar con hipotecas específicas, ofrecidas por entidades colaboradoras con las administraciones públicas. Estas hipotecas presentan tipos de interés reducidos, comisiones bajas o inexistentes y plazos de amortización más amplios, con posibilidad de ayudas públicas en algunos casos. No obstante, están sujetas a las mismas limitaciones que las viviendas, y no pueden venderse a precio de mercado libre ni utilizarse con fines lucrativos.