Boeing dará más de un millón de euros a las familias de las 346 víctimas de dos accidentes de sus aviones para evitar ir a juicio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha anunciado un principio de acuerdo con el fabricante aeronáutico Boeing que le permitirá eludir un juicio penal por los accidentes de dos aviones 737 MAX, ocurridos en 2018 y 2019 y que se saldaron con la muerte de 346 personas. El pacto, todavía pendiente de aprobación judicial, contempla el pago de más de 1.100 millones de dólares por parte de la compañía, y ha generado una gran polémica entre los familiares de las víctimas, que acusan al Gobierno estadounidense de dar impunidad a la empresa.

Según el acuerdo preliminar, Boeing abonará 243,6 millones de dólares en concepto de multa y transferirá 444,5 millones a un fondo de compensación que se repartirá entre los familiares de las víctimas. A esto se suman otros 455 millones que la empresa invertirá en reforzar sus sistemas internos de cumplimiento, seguridad y calidad, una exigencia clave del DOJ tras considerar que Boeing no cumplió con las condiciones de un acuerdo previo firmado en 2021.

El pacto evitará que Boeing sea procesada por fraude en un tribunal penal federal, un escenario que habría supuesto consecuencias legales más graves y puesto en riesgo su estatus como contratista del Gobierno estadounidense, especialmente en sectores como la defensa.

El acuerdo ha sido recibido con indignación por los allegados de las víctimas, quienes reclamaban un juicio público que permitiera esclarecer los fallos de seguridad de los modelos 737 MAX y exigir responsabilidades penales a los directivos de la compañía.

Paul Cassell, abogado de varias familias afectadas, calificó el acuerdo como “una parodia de la justicia” y anunció que presentará alegaciones para intentar bloquear su aprobación en los tribunales. “El Departamento de Justicia ha cedido a los intereses corporativos en lugar de defender la verdad y la rendición de cuentas”, afirmó.

Javier de Luis, hermano de una de las víctimas del accidente de Ethiopian Airlines, lamentó que el pacto represente “el abandono definitivo de cualquier intento de hacer justicia para las familias”.

El primer siniestro tuvo lugar el 29 de octubre de 2018, cuando un Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea Lion Air se estrelló en el mar de Java apenas diez minutos después de despegar de Yakarta, con 189 personas a bordo. Menos de cinco meses después, el 10 de marzo de 2019, otro 737 MAX 8, esta vez operado por Ethiopian Airlines, se precipitó al suelo seis minutos después de despegar de Adís Abeba, causando 157 muertes.

Ambos accidentes fueron atribuidos al funcionamiento defectuoso del software MCAS (Sistema de Aumento de Características de Maniobra), diseñado para evitar la pérdida de sustentación del avión pero que, según las investigaciones, podía activarse de forma errónea y sin que los pilotos lo supieran.

En 2021, Boeing llegó a un primer acuerdo con el Departamento de Justicia que suspendía la persecución penal a cambio del pago de 2.500 millones de dólares y la implementación de cambios internos. Sin embargo, en 2024, el DOJ determinó que la empresa había incumplido ese compromiso, reabriendo el proceso y forzando una nueva negociación.

El pacto actual, que aún debe ser validado por el juez federal Reed O’Connor, podría quedar sellado antes del 30 de mayo. Mientras tanto, continúa la presión de las asociaciones de víctimas y de varios senadores estadounidenses para que se rinda cuentas en los tribunales y se refuercen los controles sobre la industria aeronáutica.