Así era la red de mataderos ilegal y con animales moribundos: abastecían de carne a restaurantes de Madrid

Una red criminal dedicada al sacrificio clandestino de animales en condiciones insalubres y a la distribución de carne sin control sanitario ha sido desmantelada por la Guardia Civil en el marco de la denominada operación Pox. La investigación de las autoridades han revelado prácticas sistemáticas de maltrato animal, delitos contra la salud pública y fraude económico. La carne, procedente de ganado ovino y caprino, se distribuía a restaurantes y a particulares de la Comunidad de Madrid, sin pasar por los controles legales ni contar con trazabilidad alguna.

El caso ha sacado a la luz los lugares donde estas estructuras criminales evadían los controles alimentarios. Concretamente, se han detectado diferentes fincas en Madrid Toledo y Ávila y gracias a la colaboración de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) se han llevado a cabo siete registros: cuatro en domicilios y tres en explotaciones ganaderas y mataderos, además de la inspección de nueve restaurantes —cuatro de ellos cerrados cautelarmente— y una explotación clandestina. En total, cinco personas han sido detenidas y otras doce están siendo investigadas, por lo que las autoridades no descartan nuevas imputaciones.

Uno de los focos clave de la red era una explotación no registrada en la provincia de Toledo, gestionada por el principal investigado, lo que hacía ilegal cualquier movimiento de animales hacia o desde sus instalaciones. En este lugar se almacenaban y trataban animales sin cumplir ninguna normativa de sanidad ni de bienestar animal. Parte del ganado era trasladado directamente a un matadero autorizado en Ávila, donde se mezclaba carne legal con carne obtenida de forma ilícita. El resto se conducía hasta una explotación en San Fernando de Henares en Madrid, que actuaba como matadero clandestino principal, donde los animales eran sacrificados “sin autorización, en condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y sin respetar la normativa de bienestar animal”.

Los restaurantes que acogían esta carne, “la incluían en sus cartas e incluso ofrecían su reparto a domicilio a través de plataformas en línea”. Del mismo modo, los mataderos clandestinos también vendían sus productos directamente a particulares de distintas localidades madrileñas, sin ningún tipo de trazabilidad ni inspección veterinaria, lo que ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria de la provincia. Durante la operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil, se han intervenido 10.000 euros en efectivo, instrumental para el sacrificio de animales, medicamentos veterinarios, dispositivos electrónicos y documentación, incluidos crotales empleados para falsear el origen del ganado. Además, se han tenido que sacrificar a más de 350 animales al hallarse en “condiciones severas de inanición o con enfermedades y malformaciones irreversibles”.

En las imágenes que han publicado las autoridades se puede ver las condiciones en las que se encontraba uno de los mataderos inspeccionados, el de San Fernando. El recinto, rodeado por una valla y compuesto por diferentes casitas bajas. Al entrar por primera vez, los agentes vieron a dos cabras pequeñas y agonizantes en el suelo, que se apoyaban la una a la otra. El dolor más que evidente se vieron también en otros animales con tumores en un estado avanzado. Incluso, durante la inspección, fueron testigos del estado de putrefacción de ocho cabras muertas que estaban en contacto con el resto de especies.

El resto de espacios se encontraban en las mismas condiciones sanitarias. Uno de los chamizos de chapa que se usaba como matadero contenía herramientas con sangre reseca, al igual que la superficie donde se daba el corte final de los animales. El olor en toda la sala era nauseabundo, debido a la acumulación de cabezas de los caprinos que se descomponían en el suelo, según lo que se puede ver en las imágenes publicadas por el cuerpo. Así lo ha explicado este lunes 26 el comandante de la Unidad Central Operativa del Seprona, José Carlos Martínez: “Siempre asombra ver este tipo de lugares clandestinos que mantienen a los animales en muy malas condiciones… Había animales en condiciones de casi mortandad, viviendo al lado de animales muertos apilados. Los que estaban vivos tenían erupciones en el cuerpo, que podrían corresponderse con síntomas como la viruela ovina o caprina, y síntomas de desnutrición".

Según los investigadores, la red funcionaba como una estructura criminal organizada, compuesta por varios escalones jerárquicos, en la que cada integrante tenía asignadas funciones específicas. Esta organización permitía eludir los controles sanitarios y administrativos, maximizando los beneficios económicos. Entre las prácticas fraudulentas detectadas destacan “el uso de pagos en efectivo y en ‘B’, así como la facturación por debajo del precio real del ganado para evadir impuestos”, en lo que la Guardia Civil califica como una modalidad de blanqueo de capitales.

La actividad clandestina no solo generó beneficios económicos ilícitos, sino que también provocó "pérdidas millonarias en el sector ganadero" legal, al facilitar la propagación de enfermedades como la viruela ovina-caprina, cuya contención se ve comprometida cuando los movimientos de animales escapan al control de las autoridades. “Los movimientos ilegales de ganado ovino y caprino al margen de la legalidad representan un alto riesgo para la propagación de enfermedades… contraviniendo las medidas de cuarentena”, alerta el cuerpo policial. Asimismo, la introducción de carne sin control ha supuesto una amenaza directa a la salud pública. Tal y como advierte la Guardia Civil, los alimentos que llegan al distribuidor deben estar “correctamente etiquetados” y cumplir “con todos los requisitos sanitarios por la legislación vigente”, para garantizar la mayor seguridad al consumidor. Algo que no ha estado presente en estas fincas.

“Se ha tenido conocimiento de la red gracias a la colaboración entre el Seprona y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”, dado que “a raíz del riesgo de viruela caprina se detectó que continuaban apareciendo nuevos focos, y el principal motivo eran los movimientos clandestinos que movían ganado de unas instalaciones a otras”, ha asegurado Martínez en la rueda de prensa. Asimismo, dentro de la investigación también ha sido clave la intervención de la Europol, la Policía Municipal de Madrid y otras autoridades competentes de las comunidades autónomas implicadas. La investigación sigue abierta, bajo secreto de sumario, y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días. Por el momento se han requisado todos los animales de los recintos afectados. Según se ha comunicado durante la jornada, la intención sería trasladar a los animales que se encuentran en buenas condiciones a santuarios, mientras que los que al menos 350 han tenido que ser sacrificados por las condiciones sanitarias en las que se encontraban.