
Los agricultores de Jaén y Córdoba, donde varias decenas de proyectos de placas fotovoltaicas amenazan el mar de olivos que es símbolo de la región andaluza, continúan luchando para no perder el trabajo que les da sustento y las raíces de toda una vida. Solo en la provincia jiennense hay planeadas 25 de estas megaplantas solares, de las cuales ocho afectan a los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo.
La instalación de estas placas, cuyas empresas encargadas son Greenalia Power y FRV Arroyadas, ha llevado a la expropiación de tierras y a la tala de olivos. Estas prácticas continuarán desarrollándose a medida que avancen los proyectos, según denuncian desde la Plataforma de la Campiña Norte, que reúne a agricultores damnificados y personas de otros puntos de España. La previsión es que sean arrasadas en torno a 450 hectáreas de tierra productiva solamente en esta comarca, lo que supondría la pérdida de aproximadamente 50.000 olivos.
Esto se debe a que la Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que es la encargada de valorar los proyectos que no superan los 50 megavatios, los ha aprobado y ha tramitado las solicitudes de Declaración de Utilidad Pública. Estas permiten que, cuando no existe un acuerdo entre el promotor y el propietario, se puedan expropiar los terrenos bajo la justificación de un interés general.

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural destacaron a Infobae España que esto solamente había sido necesario en “el 0,88% de los casos y, de ese porcentaje, la mitad corresponde a servidumbres de paso”. Esto es negado por la Plataforma de la Campiña Norte, que señala que dichas cifras no reflejan a los “propietarios que firmaron un arrendamiento para no perder sus tierras”, refiriéndose a que accedieron cederlas temporalmente para la instalación de las placas con el objetivo de evitar la expropiación. “Eso no es un acuerdo, es una coacción”, denunciaban en una carta al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pachecho Monterreal.
El pasado jueves 22 de mayo, la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, y el portavoz de la Plataforma de la Campiña Norte, Rafael Alcalá, se reunieron con el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el secretario general de Energía, Manuel Larrasa. En su lucha contra lo que consideran una “auténtica injusticia social, económica y medioambiental”, les han mostrado su preocupación por la construcción de las plantas, que conlleva una “pérdida irreversible de estos olivos centenarios” y “la ruina de pueblos como Lopera”.
“El petróleo de Andalucía”
“La reunión fue como esperábamos: nada”, expresa Rafael Alcalá a Infobae España. Pese a que ambas organizaciones han sido escuchadas, “no se ha conseguido ningún compromiso por parte de la Consejería”, por lo que, como añade en una nota de prensa Natalia Corbalán, “la valoración de la reunión es agridulce”.

“Se escudan en que aplican la ley, tanto la Ley del Sector Energético de 2013 como la directiva europea, así como su propia ley, la de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)”, explica Alcalá con respecto a las palabras que han recibido por parte del consejero de Industria y el secretario general de Energía.
Ambas organizaciones han trasladado la necesidad de impulsar una ley autonómica para la protección de la Superficie Agraria Útil (SAU), que garantizaría la defensa jurídica de estos terrenos con una altísima productividad destinados al cultivo frente a todos los usos no agrarios, como son las infraestructuras energéticas. Además, SOS Rural reclama que sean los suelos degradados los que se utilicen como alternativa sostenible para estos proyectos.
Pese a sus peticiones, destacan que la respuesta es que se seguirá adelante: “Dicho con sus palabras, ’estos son proyectos imprescindibles para nuestra comunidad y van a continuar apostando por este tipo de infraestructuras’”. Además, Alcalá señala que hubo una frase en específico que le resultó llamativa: “Lo último que nos dijo el consejero fue que esto [las placas fotovoltaicas] era el petróleo de Andalucía. Me ha dado miedo esa frase”.
Su temor se debe a que cree que se está evolucionando hacia un tipo de sociedad en el que “unos pocos tienen mucho y muchos poco a poco no vamos a tener nada”: “Nosotros estamos luchando contra un proceso de expropiaciones con el que se les están quitando a propietarios legítimos sus tierras para entregarlas a empresas privadas con grandes capitales”.
“Son mucho más que árboles”
Aparte de las tractoradas, las movilizaciones y la difusión a través de diversos medios de comunicación que han realizado durante los últimos meses, la lucha de los afectados por los proyectos de plantas fotovoltaicas también ha estado protagonizada por la recogida de firmas. Bajo la campaña ‘¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares!’, han conseguido más de 80.000, que han sido entregadas en el Parlamento de Andalucía.
Además, el pasado martes 13 de mayo, SOS Rural y la Plataforma de la Campiña Norte acudieron a la zona cero de la tala de olivos en Jaén, en el entorno de Lopera. Allí encabezaron una protesta con la que pretendían dar visibilidad al problema que están sufriendo los agricultores de la comarca. Para ello, uno de los miembros de SOS Rural se encadenó a un olivo de forma simbólica, un gesto de pertenencia y vínculo con la tierra que refleja la importancia que estos terrenos tienen para los vecinos de las localidades afectadas.

Estas grandes instalaciones de energías renovables previstas en Andalucía tendrán “graves e irreversibles consecuencias ambientales, paisajísticas, sociales, económicas y para la soberanía alimentaria”. Suponen la pérdida de un bien muy preciado para el territorio: su aceite de oliva, que da empleo a miles de agricultores y jornaleros en toda España. “Son mucho más que árboles: son historia, identidad, economía y futuro”, señala el portavoz de la Plataforma de la Campiña Norte, que seguirá luchando por la tierra que ahora se ve amenazada.
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