Cómo se aplica la subida del IPC al alquiler en 2025

El Índice de Precios al Consumo (IPC), que en abril de 2025 registró un aumento del 2,2%, sigue siendo el principal referente para la actualización de los precios de alquiler en España, según lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda en mayo de 2023 ha introducido grandes cambios en la forma en que se calculan estas actualizaciones, especialmente para los contratos firmados a partir de esa fecha.

El nuevo índice establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) será el valor mínimo entre tres indicadores: la tasa de variación anual del IPC, la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada.

El IPC, que mide la variación de los precios de bienes y servicios más consumidos en el país, lo calcula el INE mediante el análisis de una “cesta de la compra” representativa. Este indicador, tal y como explican desde Idealista, refleja el poder adquisitivo de los ciudadanos y, dependiendo de su valor, puede indicar un aumento o disminución en el coste de vida.

Aunque la LAU establece que, en ausencia de un índice pactado, se debe utilizar el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), el IPC sigue siendo el más empleado en los contratos de arrendamiento.

De acuerdo con la normativa vigente, la actualización de la renta del alquiler puede realizarse anualmente siempre que esté expresamente pactada en el contrato. Si no se especifica un índice de referencia, se aplicará el IGC. En caso de que no se haya acordado una actualización anual, el precio del alquiler permanecerá invariable durante la vigencia del contrato.

Para aquellos contratos que sí contemplan el uso del IPC, el cálculo de la nueva renta se realiza tomando como referencia el valor publicado dos meses antes de la revisión, ya que este dato oficial se publica el día 15 de cada mes y debe notificarse al inquilino con un mes de antelación.

El cálculo de la subida del alquiler con el IPC implica varios pasos. Primero, se toma el alquiler actual como base. Luego, el porcentaje del IPC se convierte en un valor decimal (por ejemplo, un 3% se traduce en 0,03). Este valor decimal se multiplica por el alquiler vigente para determinar el incremento, que posteriormente se suma al precio actual para obtener la nueva renta.

Entre 2022 y 2024, las actualizaciones de los contratos de arrendamiento han estado sujetas a límites específicos. Durante este periodo, las subidas se desvincularon del IPC y se establecieron topes del 2% en 2022 y 2023, y del 3% en 2024. En cambio, si el IPC era inferior a estos límites, se aplicaba el valor real del índice. Esta medida buscaba mitigar el impacto de la inflación en los arrendamientos residenciales. Por otro lado, los contratos de locales comerciales continuaron actualizándose según el índice pactado entre las partes, que en muchos casos seguía siendo el IPC.

A partir del 1 de enero de 2025, los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda se rigen por el nuevo índice del INE, diseñado para ofrecer una alternativa más estable frente a las fluctuaciones del IPC. Pero los contratos anteriores a esta normativa seguirán actualizándose conforme a lo pactado entre arrendador e inquilino, siendo el IPC el índice predominante en la mayoría de los casos.