Otorgar permisos de residencia y trabajo sin exigir contrato previo: así avanza la negociación entre el PSOE y sus socios para la regularización de migrantes

Avanzan las conversaciones entre el Gobierno y sus socios para sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que persigue regularizar la situación de medio millón de personas extranjeras, según ha adelantado El País y han confirmado fuentes parlamentarias a este periódico.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se ha reunido este miércoles con varios grupos para trasladarles cuáles serían los requisitos que deben cumplir las personas migrantes que opten a esta regularización, entre ellos que demuestren que llevan viviendo al menos un año en España, que no tengan antecedentes penales ni una orden activa de retorno. Y aunque aún está sujeta a cambios, la ILP también plantea dar un permiso de residencia y trabajo por un año sin exigir contrato previo.

El Grupo Parlamentario Socialista pisa ahora el acelerador para la tramitación de esta ILP, que fue respaldada por más de 600.000 firmas y lleva más de un año estancada en el Congreso de los Diputados, porque permitiría corregir los efectos que el nuevo Reglamento de Extranjería -aprobado este 20 de mayo- generará sobre los solicitantes de asilo. Estas personas, como ya han advertido las organizaciones sociales que trabajan en la materia, cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en España durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años, pero con la reforma del reglamento, si les deniegan la petición, deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo. Por ello, la ILP pretende suplir el hueco que deja esta reforma.

Aunque formaciones como Sumar, ERC, EH-Bildu, BNG y Podemos son partidarias de una regularización que incluya a prácticamente todas las personas en situación irregular que viven en España, Junts, PNV y PP han apostado hasta el momento por incluir diferentes condicionantes y aún se desconoce que postura adoptarán. En Sumar celebran que el PSOE, su socio en el Ejecutivo, haya decidido impulsar la norma, pero todavía no han recibido el texto para poder valorarlo en profundidad.

“En esos criterios en donde ahora está el debate político. Nosotros tenemos una visión muy amplia y queremos que los criterios sean lo más sencillos posible para que la gente pueda cumplirlos y se pueda acoger a esa regularización” extraordinaria, dice a Infobae España Vicenç Vidal, portavoz de inmigración del grupo Sumar, que recuerda que esta no es la primera iniciativa que se aprueba en España para regularizar la situación de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo o residencia. De hecho, desde 1985 hasta la actualidad, gobiernos del PSOE y del PP han recurrido hasta en ocho ocasiones a estas iniciativas para luchar contra la economía sumergida.

Desde Sumar también indican que quieren “respetar el esfuerzo” del Movimiento Regularización Ya, la amplia red de organizaciones sociales que promovieron esta ILP. En ese sentido, la plataforma impulsora se muestra aliviada tras conocer por la prensa algunos de los requisitos planteados por el PSOE, pero insisten en que aún queda por conocer qué votarán Junts, PNV y PP y “conocer la letra pequeña”.

“La propuesta del PSOE nos parece bastante ajustada a lo que pedimos”, señala Victoria Columba, portavoz del movimiento, si bien advierte que la ILP “no solo puede ser un parche” a la reforma del nuevo reglamento de Extranjería para evitar que los solicitantes de asilo se vean perjudicados.

El objetivo del Gobierno es poder llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios para tramitar esta ILP antes del verano para evitar que la iniciativa se pueda paralizar y en otoño se debatan otros asuntos. El Ejecutivo confía en que el PP finalmente se abstenga, debido a la presión de la Iglesia, que respalda esta regularización de 500.000 personas migrantes, y de la patronal empresarial, que apoya la iniciativa como salida a la falta de mano de obra.

Desde ERC subrayan que estos alicientes le permiten “ser más optimistas que antes” de cara a que se acometa dicha regularización. Asimismo, Podemos apremia al Gobierno a impulsar esta medida a través del Consejo de Ministros, como hizo el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 tras un año con la iniciativa guardada en un cajón. “No hace falta ninguna tramitación parlamentaria para aprobar la regularización. Si ahora quieren aprobarla, que la lleven a Consejo de Ministros y la hagan la semana que viene por real decreto”, apostillan voces del partido morado.