Okupan su apartamento y la propietaria ya no puede pagar el impuesto sobre la propiedad: “Interpondremos un recurso para exigir la expulsión de los ocupantes ilegales”

Una familia originaria de Guinea ha ocupado ilegalmente un apartamento en Nantes, propiedad de una mujer jubilada de 78 años. La propietaria, que heredó la vivienda en 1998, ha perdido el ingreso de un alquiler mensual de 1.000 euros y, además, se ve obligada a afrontar gastos que antes cubrían los inquilinos. La situación se ha agravado hasta tal punto que la jubilada no puede hacer frente al impuesto sobre bienes inmuebles, una carga que acumula desde 2024 y que ya asciende a 1.800 euros.

Esta situación comenzó en otoño de 2023, cuando el administrador del edificio alertó a la propietaria sobre una fuga de agua en la vivienda. Al acudir a revisar la situación, ella descubrió que una familia había ocupado el apartamento sin su permiso. Desde entonces, la propietaria ha intentado sin éxito recuperar el inmueble y el control sobre sus finanzas, mientras los ocupantes continúan residiendo en la propiedad.

Según ha publicado el medio francés L’Indépendant, la sentencia judicial ha complicado aún más las posibilidades de expulsión. El 19 de noviembre, el tribunal administrativo suspendió una orden emitida por la prefectura para desalojar a los ocupantes, fundamentando la decisión en la vulnerabilidad de la familia, que incluye a dos niños menores de dos años.

La hija de la propietaria ha explicado que la resolución judicial señalaba que “la aplicación de la orden impugnada tendría como efecto privar de todo refugio a los demandantes, dado que el Sr. F. es padre de dos hijos de tan solo 1 y 2 años”. Asimismo, recalcó que la familia no contaría “con ninguna solución de alojamiento”, un factor que llevó a la suspensión del desalojo.

Así, este fallo ha generado indignación en la familia de la propietaria, que considera que sus derechos están siendo vulnerados. La hija aseguró que, aunque están “impactados por esta decisión, interpondremos un recurso para exigir la expulsión de los ocupantes ilegales”. Mientras tanto, la propietaria continúa enfrentando graves dificultades económicas, ya que ha dejado de recibir la renta y se ha visto obligada a asumir gastos inesperados derivados del consumo de agua y otros costes comunes relacionados con la propiedad.

La jubilada vive con una pensión mensual de aproximadamente 1.000 euros, cantidad que se ve insuficiente para cubrir tanto sus necesidades básicas como los gastos derivados de esta situación. Además, no ha podido hacer frente al pago del impuesto sobre bienes inmuebles correspondientes al año 2024, que asciende a 1.800 euros.

La ocupación ilegal de viviendas es un problema creciente en varias ciudades francesas, donde la presión sobre el mercado inmobiliario y la falta de recursos para atender a personas en situación de vulnerabilidad generan tensiones legales y sociales. En este caso, la justicia ha priorizado la protección de los ocupantes, argumentando razones humanitarias, aunque eso signifique prolongar la indefensión de la propietaria.

La familia propietaria insiste en que no se oponen a que las personas en situación vulnerable reciban ayuda, pero reclaman que se respeten los derechos de los propietarios y se busquen soluciones que no impliquen la pérdida total de sus bienes o la carga económica sin límites.