En riesgo barrios como Lavapiés, Malasaña o Arguelles": críticas al plan anti Airbnb aprobado por el Auntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles de manera provisional el Plan RESIDE, que continúa con la infinita búsqueda de regular los pisos turísticos en la capital. El objetivo es proteger el uso residencial en la ciudad y ordenar la oferta turística. “En aquellos edificios donde viven los madrileños, no dormirán los turistas”, ha celebrado el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, a la vez que ha señalado que quieren “que haya pisos turísticos en la ciudad”. El plan, que se ha votado en un pleno extraordinario, ha salido adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y los votos en contra de los grupos municipales Más Madrid y los socialistas.

Precisamente, la normativa ha despertado críticas por parte del PSOE, que ha advertido sobre un riesgo de expulsión masiva de residentes en barrios históricos como Lavapiés, como ha señalado Antonio Giraldo, portavoz de la Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

La versión del Ayuntamiento explica que el plan pretende que los pisos turísticos convivan con otras modalidades de alojamiento sin expulsar a los vecinos. Para ello, prohíbe los pisos turísticos “dispersos” en edificios residenciales y apuesta por su concentración en bloques destinados exclusivamente a esa actividad, ubicados fuera del centro histórico en zonas terciarizadas.

De aprobarse el plan -cuya fecha definitiva estaría prevista para, previsiblemente, agosto de este año- Madrid se dividiría en dos áreas: el centro histórico y el resto de la ciudad. En el centro histórico, se prohibiría la dispersión de pisos turísticos en edificios residenciales, permitiéndose solo su concentración en edificios enteros con licencia ligada a la rehabilitación, y con un límite de 15 años para que vuelva a uso residencial. Fuera del centro, la coexistencia es posible, pero con accesos independientes para los pisos turísticos.

La normativa del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida también quiere “proteger el comercio de proximidad”, prohibiendo que locales comerciales se transformen en pisos turísticos en calles principales. El Plan de Hospedaje de 2019 permitió que los pisos turísticos se pudieran implantar en planta baja, lo que ha provocado que muchos locales de barrio desaparezcan de la zona central. El Ayuntamiento ha reforzado la inspección y endurecido las sanciones para pisos turísticos ilegales, aplicando multas que pueden alcanzar los 100.000 euros.

Por otro lado, el PSOE califica el plan como una “llamada a la expulsión de comunidades de vecinos completas”, ya que permitiría que hasta el 67% de los edificios en el centro histórico puedan transformarse en bloques turísticos, afectando gravemente a barrios como Lavapiés, Malasaña, Argüelles y Chamberí, como ha comentado el portavoz, quien ha señalado que esta medida facilitará la compra masiva de edificios por parte de grandes fondos, expulsando a los vecinos actuales y provocando una sustitución de población por residentes con mayor poder adquisitivo. “La práctica totalidad de sus edificios son ahora susceptibles de ser convertidos en bloques completos de pisos turísticos”, ha señalado respecto a estos tres barrios. “En el Distrito Centro el drama adquiere proporciones astronómicas. La mayoría de los edificios que antes no se podían cambiar enteros a pisos turísticos, ahora, de una forma u otra, podrán. De 6914 inmuebles en total, 5413. El 78% del total. Adiós calles residenciales Lavapiés”.

El PSOE también ha criticado la falta de capacidad inspectora —solo 18 agentes para toda la ciudad— y la elevada cifra de pisos turísticos ilegales, que no bajan pese a las multas. “En Madrid hay al menos 17.000 VUT, de las cuales el 95% no tienen licencia, son ilegales”, ha añadido Giraldeo. Por ello, la propuesta de los socialistas pasa por un modelo alternativo que blinde el uso residencial y permita pisos turísticos solo en edificios no residenciales.

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Reyes Maroto, ha calificado el plan como una medida que ignora la verdadera magnitud de la crisis habitacional en la ciudad, donde “las personas sin hogar son el eslabón más débil” y PP “mira para otro lado”.

Tras su aprobación provisional, el Plan RESIDE será revisado por la Comunidad de Madrid, que ha mostrado reservas sobre competencias municipales. La aprobación definitiva está prevista para después del verano.