El Gobierno transfiere 1,3 millones de euros al Tribunal Constitucional para la organización de una conferencia mundial en Madrid

El Consejo de Ministros autoriza una transferencia de crédito al tribunal de garantías para los gastos derivados de la convocatoria del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional

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El ministro de Justicia, Félix
El ministro de Justicia, Félix Bolaños; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito al Tribunal Constitucional, por importe de 1,3 millones de euros, con el objeto de “financiar los gastos derivados” de la organización del 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.

La XX Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional eligió a España como país anfitrión de su VI Congreso, que se celebrará los próximos días 28 a 31 de octubre del año en curso. El lugar elegido para la celebración del congreso es IFEMA Madrid.

“El TC plantea un expediente de transferencia de crédito con la finalidad de atender las necesidades de la celebración del citado evento. Por ello, se ha aprobado esta transferencia en el Consejo de Ministros”, tal como se recoge de la referencia del Consejo de Ministros.

Organizado por el Tribunal Constitucional de España y la Comisión de Venecia

La Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (WCCJ) reúne a 121 Tribunales y Consejos Constitucionales, así como Tribunales Supremos, provenientes de África, América, Asia, Australia/Oceanía y Europa. La Comisión de Venecia, un órgano consultivo de derecho constitucional del Consejo de Europa, es la Secretaría General, y el Tribunal Constitucional de España el coorganizador del Congreso.

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Para la elección, se destacó “la importante contribución que el Tribunal Constitucional ha realizado desde hace más de cuatro décadas en el asentamiento de la democracia y la protección de los derechos humanos en España, así como las redes de cooperación internacional que se han ido desarrollando en todos los continentes”.

El principal objetivo de dicha conferencia es promover la justicia constitucional como parte fundamental de la democracia, la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho. Para lograrlo, fomenta el diálogo judicial entre los jueces y magistrados constitucionales de todo el mundo a través de la organización de congresos y la participación en conferencias regionales y seminarios.

Tras la elección de España como sede de este importante evento, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que “el Tribunal Constitucional de España pretende continuar la estela de los cinco exitosos Congresos celebrados hasta la fecha, con el propósito de reforzar y consolidar el papel de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional como foro facilitador del diálogo judicial y como principal promotor de la justicia constitucional en todo el mundo, en tanto que elemento clave para la extensión y la calidad de la democracia, y por ende, para la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho a nivel nacional e internacional”.

Nueva convocatoria para acceder a la carrera judicial

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de una nueva edición de las Becas SERÉ, una iniciativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para “garantizar la igualdad de oportunidades” en el acceso a los cuerpos más altos de la Administración de Justicia. Las becas están destinadas a opositores a la Carrera Judicial y Fiscal, así como a los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado.

Según señala el Gobierno, esta nueva convocatoria contará con una dotación global de 15,6 millones de euros y permitirá conceder 1.300 becas, con una cuantía individual de 12.000 euros al año durante un máximo de cuatro años. “El objetivo es garantizar que el acceso no esté condicionado por la situación económica de los aspirantes, sino basado exclusivamente en el mérito, la vocación y la capacidad, tal y como establece la Constitución”, añade la referencia del Consejo de Ministros.